Los nacionalismos entre la historia y el mercado de votos

Los nacionalismos entre la historia y el mercado de votos

Ensayos

Reflexiones sobre una de las manifestaciones actuales del fenómeno nacionalista, el nacionalismo, autonomismo o regionalismo.

Julio Pascual

Nueva Revista 037 de Política, Cultura y Arte, ISSN: 1130-0426

Difusiones y Promociones Editoriales, S.L.

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Los motivos electorales y la responsabilidad fiscal azuzan los fenómenos de vieja historia. LOS NACIONALISMOS: ENTRE LA HISTORIA Y EL MERCADO DE VOTOS Por Julio Pascual I presente ensayo tiene por objeto reflexionar sobre una de las manifestaciones actuales del fenómeno nacionalista. Me estoy refiriendo al nacionalismo, autonomismo o regionalismo, que aparece o se exacerba en nuestros días en ciertos estados, •m que tuvieron en los comienzos de la edad moderna un origen plural, basado en la fusión de monarquías medievales, y que hoy aparecen dotados de un sistema democrático alcanzado tras un período relativamente largo de ejercicio autoritario del poder político. El paradigma bien puede ser la España democrática de nuestros días. Permítaseme, antes de profundizar en la realidad española de hoy, hacer una breve referencia histórica. España, a fines del siglo XV, cobró la forma de uno de los estados nacionales que habrían de caracterizar a la época, gracias a la unidad matrimonial entre la reina de Castilla y el rey de Aragón. Fue éste, sin embargo, un estado nacional en el que durante siglos persistieron importantes diferencias entre las dos Coronas, sobre todo en el campo del derecho y en el terreno administrativo. Es tras la muerte sin descendencia del último monarca de la Casa de Austria, Carlos II, cuando cambia esta situación de modo importante. Efectivamente, entonces tiene lugar una guerra de sucesión entre dos pretendientes, cada uno de ellos con una gran potencia como aliada: el Archiduque de Austria apoyado por Inglaterra y el nieto de Luis XIV de Francia, con el respaldo de este último. Por lo que afecta al asunto que ahora nos ocupa, el hecho fué que, grosso modo, Cataluña y parte de algunas regiones con Fueros terminaron del lado del Archiduque. Ganada la guerra por los partidarios del Borbón, la política de vencedor que Felipe V sigue es, en términos generales, la de uniformización, imponiendo los decretos de nueva planta con el propósito principal de igualar la legislación en todo el territorio español. Es cierto, en este sentido, que la política uniformizadora borbónica del siglo XVIII acabó aplanando regímenes jurídicos originarios y Fueros en España, y en ello radica la legitimidad de su reclamación. Por eso y desde entonces, siempre que en España se ha iniciado un proceso de apertura hacia la libertad política ha aparecido una y otra vez, recurrentemente, la cuestión de los nacionalismos y los Fueros sobre la mesa. Sucedió en la primera República, sucedió en la segunda y volvería a suceder en la nueva democracia española inaugurada en junio de 1977. Pero, con todo, el fenómeno nacionalista o regionalista, que podría haberse manifestado de manera natural en el ámbito de la antigua Corona de Aragón, no ha tenido allí, por lo general, expresiones dramáticas. El paso de siglos de convivencia nacional acabó por cauterizar los sentimientos históricos diferenciales, parecía que de manera definitiva hasta mediados del siglo pasado. La cultura romántica y el desarrollo de la burguesía catalana en la segunda mitad del XIX, sin embargo, exacerbaron entonces el nacioLas guerras carlistas del siglo XIX, la tendencia a la supresión de los fueros por el nada liberal liberalismo jacobino que se impuso y la ausencia de disposición negociadora de los dirigentes, terminaron por despertar un lamentable victimismo nalismo catalán en el Principado, que era una porción del territorio otrora parte de la Corona de Aragón. En Vasconia, las cosas habrían de ser diferentes, porque nunca se había dado una identidad que rebasara lo cultural o idiomático, y ello en sólo una parte del territorio, ya que Vasconia había sido trilingüe, es decir, con unas comarcas de habla francesa, con otras donde siempre se habló el castellano desde los orígenes de éste como las Encartaciones, en Vizcaya, y con algunas muy pocas donde se hablaba el vascuence. Pero, además Vasconia era diferente a la Corona de Aragón en otros dos aspectos muy principales. Efectivamente: Vizcaya, Guipúzcoa y Alava se habían ido incorporando voluntariamente a la Corona de Castilla durante la baja Edad Media, dándose en Vizcaya la curiosa circunstancia de que su unión con Castilla se había hecho porque un Señor de Vizcaya, el infante don Juan, hijo de Enrique II, ocho años después de obtener por herencia el Señorío, heredó la Corona de Castilla de su padre. Es decir, que fué un Señor de Vizcaya, en 1 379, quien se hizo con la Corona de Castilla, y no al revés. El otro aspecto principal de la cuestión es que Vasconia nunca había tenido, como conjunto, una identidad política, ni, por consiguiente, se había dado jamás una soberanía política vasca. Las guerras carlistas del siglo XIX, la tendencia a la supresión de los fueros por el nada liberal liberalismo jacobino que se impuso y la ausencia de disposición negociadora de los dirigentes vascos de la época, terminaron por despertar un lamentable victimismo, que a fines del siglo fraguó en un sentimiento nacionalista vasco poco conectado con la Historia. Sin el extremismo federalista con que la primera República del último tercio del XIX había planteado la cuestión regional, la segunda República, en 1931, vuelve a la carga. Y es en esta nueva pretendida cita con la Historia, cuando ésta volvió a falsearse, como lo había sido en la primera República. Y lo que eran un par de casos excepcionales, aunque legítimos, uno de corte nacionalista en Cataluña y otro foralista en Vasconia, se extendió artificialmente por el territorio nacional, llegando a obtener Galicia en la segunda República, sin fundamentación histórica alguna, un estatuto autonómico propio. Una demanda que se reitera en la historia Lo primero que evidencia un análisis retrospectivo de los que llamaremos, para entendernos, nacionalismosregionalismos en España es, como se apuntó antes, que el fenómeno reaparece sistemáticamente cuando se abre un nuevo proceso democrático. Podría pensarse que ello es consecuencia de que las diferencias se admiten mal en los sistemas políticos autoritarios y, por eso, cuando un régimen de ese carácter es sucedido por otro democrático, las demandas diferenciadoras de los territorios afloran de inmediato. Ahora bien, ¿Por qué siempre que ésto sucedió han sido rebasados los ámbitos territoriales demandantes del reconocimiento de la diferencia? ¿Por qué en todos los procesos de apertura democrática que se han dado en España, los casos catalán y vasco, tan diferentes entre sí, pero, en todo caso con una justificación histórica ambos, han aparecido siempre enmarcados dentro de unas coordenadas de insatisfacción generalizada respecto a la organización territorial del Estado, o, dicho sin eufemismos, respecto al reparto territorial del poder? Entre los intelectuales de nuestro país preocupados por los asuntos políticos, el cartesianismo ha predominado generalmente sobre el empirismo Es interesante a estos efectos, haber tenido la oportunidad personal de constatar cómo, en los albores de la democracia española de 1977, la demanda del reconocimiento de las diferencias, que por doquier se manifestó en todas las regiones, no venía del pueblo, ni siquiera de las minorías ilustradas salvo en los territorios con aval histórico, sino que fué la clase política local la que, por decirlo humorísticamente y quizá exagerando, creó el problema regional para luego intentar resolverlo. A un amigo mío muy querido, aquella situación le hizo cínicamente afirmar: La única forma eficaz de resolver este problema es hacer ministros del gobierno de Madrid a los tres o cuatro políticos que en cada región abanderan el movimiento. Total, con medio centenar de carteras quedaría todo arreglado. Y, además, estoy seguro decía de que como ministros no lo harían peor que otros que pudieran ponerse. Ciertamente, mi amigo teñía su preocupación de sentido del humor, pero no es menos real que estaba apuntando al núcleo del problema. Es verdad que entre los intelectuales de nuestro país preocupados por los asuntos políticos, el cartesianismo ha predominado generalmente sobre el empirismo, y para asimilar los hechos regionales diferenciados en el sistema político general han solido exigir un modelo de reparto territorial del poder de carácter igualitario. Baste como ejemplo la posición de Ortega al respecto, durante la segunda República. Pero, con ser importante, esa actitud no hubiera bastado, en mi opinión, para que las aspiraciones de reparto generalizado se hubieran hecho tan firmes. Creo yo, sin embargo, que el combustible que ha mantenido en marcha la tensión generalizadora del reparto territorial del poder cada vez que se ha abierto un proceso democrático, tiene mucho que ver con la forma común en que los políticos operan en el mercado de votos. Efectivamente, en las aperturas democráticas, mucho más intensamente que cuando la democracia está ya consolidada, los políticos necesitan identificar ante los electores el producto que ofrecen, como simple necesidad mercadológica. Es ésta una tarea ardua, en la que no todos los políticos logran el éxito, y que lleva a segmentar artificialmente la oferta, llegándose a producir, por eso, la llamada sopa de letras frecuente en los comienzos democráticos; es decir, una abundancia excesiva de siglas partidistas, en la que cada sigla corresponde a un producto político pretendidamente distinto de los demás que se ofrecen en el mercado de votos. En este intento de diferenciación ante los electores, hay que tratar de ofrecer la cara más atractiva para el mayor número. Es decir, hay que procurar atraer la más amplia porción posible del electorado. Por eso, no puede sorprender que el ingrediente de identificación territorial sea utilizado activamente como instrumento de atracción de electores por abundantes políticos locales. Se piensa y, creo yo, no sin fundamento, que ése es un factor que acabará haciendo una aportación positiva neta de votos, contrariamente a lo que ocurrirá con los factores de tipo ideológico, que al sumar votos por un lado y restarlos por otro, no permiten a príori conocer si el saldo será positivo o negativo. El motivo electoral Esta conclusión, por otra parte, no se alcanza sólo desde la lógica; se llega también a ella mediante el análisis empírico: es lo que sucedió, con notable exactitud respecto al enunciado, en la apertura democrática española de 1977, cuando la coincidencia fue tan cabal, que la práctica totalidad de los partidos con resultados electorales relevantes jugaron a fondo la carta territorial, algunos como el partiLa inclinación de los políticos a maximizar los votos mediante el gasto público, tiende a equilibrarse porque los mismos políticos quieren evitar a los votantes unos impuestos muy altos do socialista (PSOE), haciendo violencia a su propia historia de manera tan notable que, de un acendrado centralismo en la segunda República, pasó a hablar de autodeterminación de los pueblos ibéricos en 1977. Es decir, la historia española pone en evidencia que, en el contexto histórico de un proceso de apertura democrática, la necesidad de atraer votos hacia opciones que no están aún bien diferenciadas para el electorado, puede y suele llevar a los políticos a incluir el factor de diferenciación territorial en su oferta política como medio para captar votos no ideológicos o incluso votos desorientados. Con ser ésta una conclusión que conduce a situaciones bien poco satisfactorias, el fenómeno de centrifugación política consecuente con semejante actitud, propia de períodos de transición, tendería a atenuarse con el paso del tiempo, a medida que la verdadera imagen de los partidos fuera asentándose en la ciudadanía y el voto fuera haciéndose con el paso del tiempo más ideológico. Sin embargo, sucede lo peor y el fenómeno no sólo no se atenúa sino que se agrava, cuando, como ocurre en la España de hoy, el sistema de financiación de las autonomías acentúa por sí mismo los regionalismosnacionalismos, y el paso del tiempo, en vez de reducir los elementos centrífugos artificiosos propios de los comienzos, los agranda hasta convertirlos en un problema grave, sin asiento alguno ni en la historia ni en la razón. Dediquemos, por eso, nuestra atención, siquiera sea brevemente, a este asunto de la financiación de la estructura territorial del Estado autonómico en España. La natural inclinación de los políticos a maximizar el número de votos mediante el gasto público tiende normalmente a equilibrarse por la necesidad de los mismos políticos de evitar un hostigamiento desmedido de los votantes con unos impuestos muy altos. Así, la tensión entre ambas tendencias acaba situando el gasto público y la fiscalidad reales en unas zonas de equilibrio en las que los políticos ganadores creen optimizar el número de votos obtenidos. Es evidente que el apuntado es un modelo interpretativo de lo que es normal en todas partes (modelo positivo public choice), más que su precisa y detallada descripción; no se trata de que hayamos de imaginar a los políticos democráticos, computador en mano, formulando y resolviendo simulaciones complejas con políticas fiscales alternativas. Lo relevante es que las cosas tienden a suceder en la práctica, más o menos, como si ese ejercicio fuera hecho. Este modelo universal funciona también en España en el ámbito esta tal, pero no opera, sin embargo, en el ámbito autonómico, o, para ser más precisos, no opera en las autonomías españolas sin concierto fiscal con la Hacienda central, que son todas menos la vasca y la navarra. En una autonomía española cualquiera, salvo en las dos mencionadas, el político tenderá a gastar en busca de votos, pero sin el freno que suponía en el ámbito estatal evitar que el contribuyente se enfadase, ya que esas autonomías financian su gasto público con los recursos que les proporciona la Hacienda central y no mediante impuestos propios. Es decir, resultará lógico que abunden políticos españoles de ámbito autonómico que, con las mismas ansias de gastar consustanciales con la profesión que cualquier colega de ámbito estatal, circulen en acelerados vehículos sin frenos: la aspiración a más votos alimentará permanentemente el deseo de velocidad, sin que el freno del enfado del contribuyente aparezca por ninguna parte. Además, lo que todavía empeora la cuestión, no sólo es que el político autonómico español consigue los recursos sin coste político alguno, sino que, si sabe adobar de victimismo regional o nacionalista sus demandas reivindicativas de recursos a la Hacienda central, no sólo maximiza los votos cuando gasta, sino que también los acrecienta cuando ingresa. O sea, que, acelerado y sin frenos, este coche terminará por estrellarse, si no se acierta en dotarle de un servofreno. Y urge actuar, porque este perverso mecanismo financiero exalta artificialmente el fenómeno regionalistanacionalista en nuestro país, y también por el tamaño económico que ya ha alcanzado el problema. Además, porque estamos en un momento en el que se está abriendo paso la idea quizá ya se ha abierto paso de que las reivindicaciones financieras de los políticos autonómicos pueden satisfacerse mediante la transferencia a sus Haciendas de un tanto por ciento de los recursos fiscales que la Hacienda central obtiene en las mismas autonomías por la aplicación de los impuestos estatales. Después de lo dicho, no parece necesario insistir sobre la inconveniencia de este último procedimiento, que abunda en la tendencia al gasto sin introducir ningún freno, que, obligando a los políticos autonómicos a asumir costes ante sus contribuyentes, impida al vehículo despeñarse por el precipicio del despilfarro permanente. Es por ello que pienso llegada la hora de orientar la reflexión en una dirección no explorada hasta la fecha en España, cual es la de federalizar la Hacienda pública, atribuyendo a las autonomías la capacidad de gravar fiscalmente, y de manera directa, a los contribuyentes de su ámbito geográfico; y con esos recursos, y sólo con ellos, subvenir al gasto público autonómico respectivo, lo cual, adicionalmente, crearía una competencia fiscal saludable entre las diferentes autonomías por atraer inversores y proporcionaría un banco de pruebas de la eficiencia de la política autonómica, hoy inexistente, pero tan necesario. Para instrumentar esta solución, se podría comenzar rebajando los tipos estatales de los impuestos sobre la renta de las personas físicas y de las sociedades en un 15 o un 20 por ciento, por ejemplo, y dándo a las autonomías capacidad para establecer recargos sobre los mismos, con un tope que vendría determinado por el mismo montante de la reducción. •