España S.A necesita una profunda reforma de la gestión pública

España S.A necesita una profunda reforma de la gestión pública

Apunte sobre la gestión de la administración pública

Sectores estratégicos

Los efectos de la crisis mundial han provocado una nueva conciencia
de los problemas y obligan a profundizar no solo en una
nueva arquitectura del sistema financiero, sino también a proponer
cambios importantes en la gestión de las políticas públicas.
En este sentido, resulta imprescindible reformar la administración
y transformarla según los principios de eficiencia y transparencia.

Antonio Núñez Martín

Nueva Revista 135 de Política, Cultura y Arte, ISSN: 1130-0426

Difusiones y Promociones Editoriales, S.L.

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¿Se imaginan una gran empresa como los líderes de supermercados
Wal-Mart, con unos ingresos superiores a
400.000 millones de dólares y más de un millón de empleados,
sin una cuenta de resultados, un buen equipo directivo
o un plan estratégico? Resulta difícil creerlo, pues
bien, «España S.A.» tiene un PIB superior al billón de dólares
—donde cerca del 47% corresponde al gasto público— y más de tres millones de trabajadores pertenecientes
al sector.
Soy optimista y creo que uno de los aspectos positivos
de la crisis es la recuperación de algunos principios de
cordura y racionalidad olvidados en los momentos de «vacas
gordas». En mi experiencia como director de programas
de gestión pública en el IESE he tenido la oportunidad
de contrastar con cientos de altos directivos públicos
internacionales que en este momento en que los recursos
son limitados y menguantes y han aumentado las demandas
sociales, se nos brinda una excelente oportunidad para
el cambio.
Así, me permito avanzar tres propuestas para la reforma
de la gestión pública que ayudarían a modernizar nuestro
país.

ESPAÑA S.A. NECESITA UNA CUENTA DE RESULTADOS
Las políticas públicas son diseñadas con un objetivo claro:
mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Sin
embargo, en buena parte de los casos asumimos que la
puesta en marcha de un programa repercute de manera
positiva en la sociedad y que en las decisiones se ha priorizado
sobre otras con criterios objetivos. La ausencia de
mecanismos que nos permitan conocer los efectos reales
de esas intervenciones es el principal obstáculo para saber
cuánto y de qué manera hemos podido influir en las condiciones
de vida de la población y, así, modificar aquellas
medidas que no han tenido los resultados pretendidos o
replicar aquellas en las que hemos tenido éxito.
En el contexto actual, la evaluación es un instrumento
necesario para comprobar la rentabilidad y la eficiencia,
pero sobre todo la eficacia de nuestras intervenciones.
Pese a parecer un ejercicio relativamente novedoso, su
origen puede localizarse en Estados Unidos en la década
de los sesenta. Allí, la preocupación por conocer los resultados
de grandes cantidades de dinero invertidas en programas
sociales para combatir la pobreza, con resultados
relativamente precarios, justificó su implementación.
Las evaluaciones son herramientas útiles para tomar
mejores decisiones de gestión pública. En general, podríamos
afirmar que la puesta en marcha de una evaluación
contempla dos finalidades puntuales: política y socioeconómica.
La finalidad política va relacionada con la rendición
de cuentas a la ciudadanía y la transparencia en las
actuaciones públicas en el marco de un fortalecimiento
del proceso democrático. Por su parte, la finalidad socioeconómica
tiene que ver con la eficiencia, la racionalización
de los recursos y la optimización de la toma de decisiones
de acuerdo a las verdaderas necesidades de la
sociedad. En otras palabras, al evaluar un programa o proyecto
lo que queremos saber es si este ha cumplido realmente
con su objetivo, si se ha hecho el mejor uso de los
recursos, pero sobre todo, si el programa implementado
respondió realmente a las necesidades de la población beneficiaria.
Divulgar los resultados de los proyectos públicos es un
ejercicio de transparencia y respeto a los contribuyentes.
De igual forma, comunicar los logros de buenos programas
con base en datos sólidos y fiables genera una mayor confianza por parte de la población y, por consiguiente, fortalece
el Gobierno.

ESPAÑA S.A NECESITA UNA HOJA DE RUTA
La gestión sigue siendo uno de los grandes retos de la Administración:
el PIB negativo del último ejercicio refleja,
entre otras cosas, que la gestión pública necesita un impulso
importante para que España pueda volver a crecer.
Es cierto que esta caída ha obligado a las instituciones
públicas a revisar sus políticas de cara a optimizar los resultados
y mejorar la eficiencia del gasto público. Pero
para que las evaluaciones no se queden en procesos teóricos,
es necesario implantar planes estratégicos (lo que hemos
denominado «hoja de ruta») que definan las líneas
maestras del nuevo modelo de gestión y llevarlas a cabo
con la dirección y el seguimiento adecuados.
En los últimos tiempos de profunda crisis, las competencias
de los empleados públicos se han tenido que amoldar
como nunca antes a las circunstancias y el propio concepto
de «funcionario» está evolucionando hacia el servicio
al ciudadano en lugar de simplemente «el cumplimiento
de funciones».
Las estrategias empiezan por situar a las personas en el
centro de las políticas y por tomar las decisiones pensando
en ellas. Además, las tecnologías de la información se demuestran
como recursos que facilitan la toma de decisiones
en la Administración pública, por lo que es necesario adaptarse
e impulsarlas para conseguir mayor competitividad.
El análisis estratégico que se debe esperar de un líder
público empieza por analizar la capacidad para llevar a cabo sus objetivos. En segundo lugar, encontrar apoyos
externos e internos a todos los niveles (institucionales,
empresas y fuerzas sociales), con el objetivo de conseguir
el desarrollo del proyecto. Y en tercer lugar, y quizá este
sea el aspecto más importante y difícil para un líder, deben
ser capaces de crear y explotar todo el valor público.
Ante este panorama: ¿cómo se mide el éxito de las estrategias
y quién lo debe evaluar? Es un asunto complejo:
mientras en una empresa se valora en función de datos
objetivos, como la cuenta de resultados o la rentabilidad,
en la gestión pública existen variedad de factores a tener en
cuenta. Para ciertos cargos públicos, el éxito reside en el
número de votos que recibe el partido al que pertenece.
Para otros, los índices económicos y sociales, las encuestas,
son el reflejo del éxito. Pero la verdadera medida del
éxito de la estrategia en la gestión pública está en la creación
de valor público con la mayor eficacia económica e
impacto social posible.

ESPAÑA S.A NECESITA DIRECTIVOS PÚBLICOS
La experiencia internacional de países de nuestro entorno,
como Reino Unido o Estados Unidos, demuestra que
este proceso de modernización de la gestión pública tiene
un protagonista: el directivo público. Los directivos públicos
ocupan una posición de interlocución entre el poder
político y los puestos técnicos, y su calendario, por decirlo
así, es relativamente independiente del calendario político:
pueden permanecer en su puesto tras un cambio de
Gobierno, por su valía y su competencia profesional. En
España, la definición adecuada de esta figura, de sus funciones, competencias, derechos y deberes es aún una tarea
pendiente.
Los directivos públicos deben ser los motores de esta
modernización. Son ellos quienes de forma natural pueden
asumir ese liderazgo en la organización para marcar
el rumbo y las coordenadas, precisamente por ocupar una
posición de interlocución entre el poder político y los
puestos técnicos de la Administración. Entre sus funciones
está la formulación de objetivos derivados de la estrategia
política, la asignación de recursos necesarios para
implementar las políticas públicas y la gestión de las personas
a su cargo, sin olvidar su papel como asesor del poder
político.
España necesita una Administración pública moderna,
eficiente y transparente. Para conseguirlo hace falta contar
con profesionales formados y motivados, capaces de
liderar el cambio y de responder a las crecientes demandas
sobre eficiencia y calidad de gestión. Una formación
adecuada y la generalización del uso de herramientas de
gestión son algunas de las palancas a utilizar para impulsar
definitivamente la modernización de la Administración
pública española.
La evolución del sector público no puede enfrentarse
como un proceso separado de la evolución de la sociedad
española. La relación entre la Administración y los ciudadanos
—los administrados— debe establecerse en términos
de responsabilidad y madurez por ambas partes. Los
ciudadanos debemos exigir información veraz y buena
gestión. Y los administradores y gestores de nuestro patrimonio,
que es España, tendrán entonces que asumir la responsabilidad inherente a su cargo: dirigir estratégicamente
a lago plazo, gestionar con eficiencia, medir, evaluar e
informar.
La agenda electoral de los principales partidos recoge
medidas en cuanto a austeridad y control del gasto público.
Sería muy conveniente que la reforma de la gestión
pública ocupara un lugar destacado, y es ahora el momento
de escuchar al gran filósofo español Ortega y Gasset
cuando hablaba de que «es preciso ir educando a España
para la óptica de la magnanimidad». Pero esta nueva
España de las oportunidades debe disponer como condición
necesaria de una nueva Administración moderna,
profesional y bien gestionada. La crisis lo exige y los españoles
lo merecemos.