¿Podría afrontar México una reforma constitucional?

¿Podría afrontar México una reforma constitucional?

Equilibrio de poderes

El autor hace referencia a un nuevo texto constitucional que sería el instrumento ideal para acotar el tradicional y desmedido presidencialismo mexicano y para garantizar la plena autonomía del congreso.

Jaime del Arenal

Nueva Revista 081 de Política, Cultura y Arte, ISSN: 1130-0426

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EQUILIBRIO DE PODERES ¿Podría afrontar México una reforma constitucional? En diciembre del año 2000 México se incorporó plenamente a la tradición democrática occidental, dejando atrás ciento ochenta años de experimentos con casi todas las formas de Gobierno posibles: la monarquía absoluta y la constitucional, la república y la dictadura, el presidencialismo y cierto parlamentarismo, el autoritarismo personalista y el partidista. Todo, en búsqueda de una forma propia, singular y eficaz que, en ciertos momentos de esplendor no democráticos, fue calificada como «dictadura perfecta», «monarquía sexenal» o «presidencia imperial», y que parecía postergar para siempre el diseño de una auténtica democracia mexicana. Jaime del Arenal explora la necesidad —y la posibilidad— de una nueva reforma constitucional que permita alcanzar esa añorada meta. n el camino hacia esta ansiada meta que es la democracia mexicaEna, hubo varios enfrentamientos ahora calificados como históricos: las luchas entre el Estado y la Iglesia, entre conservadores y liberales, entre el centro y las regiones o los Estados, entre los monárquicos y los republicanos, entre centralistas y federalistas, y de forma destacada, entre el Ejecutivo —federal o central— y los Congresos; tema este último que ha vuelto a ocupar la atención de los analistas políticos y del pueblo en general desde hace ya tres sexenios, con el aumento de diputados de oposición, pero que a partir de la llegada a la presidencia del panista Vicente Fox, opositor al PRI, comienza a preocupar en la medida que la ausencia de una mayoría parlamentaria puede implicar la tan temida ingobernabilidad y la frustración de todo proyecto de reforma estatal que el país exige. El mismo desmantelamiento de instituciones diseñadas para garantizar y perpetuar el autoritarismo del PRI se hace imposible ante la falta de una colaboración entre el Congreso —ahora también con un Senado integrado por muchos senadores de oposición— y el Ejecutivo encargado de encabezar y proponer dicha reforma. Ante este peligro, que ha comenzado a ser evidente con la frustrada reforma fiscal del año pasado, no ha faltado quien añore «los viejos tiempos», cuando el congreso priísta acataba sin discusión las decisiones del presidente. Por el contrario, los defensores de la recién estrenada libertad parlamentaria —el presidente Fox, el primero— la interpretan como un signo favorable e indispensable de la definitiva consolidación democrática. No faltan, incluso, quienes proponen la promulgación de una nueva Constitución para rediseñar el nuevo equilibrio entre los poderes, incluyendo el judicial. El nuevo texto constitucional sería, en este sentido, el instrumento ideal para acotar el tradicional y desmedido presidencialismo mexicano y para garantizar la plena autonomía del Congreso. Soy de los que opinan que, en efecto, la nueva democracia supone una oportunidad única para establecer un nuevo marco para la actuación de los poderes federales, estatales y municipales, y de los gobernados, y que dichas actuaciones deben establecerse y garantizarse tanto en la constitución política federal como en las estatales y, en general, en todo el ordenamiento legal del Estado mexicano. De lo que no estoy tan seguro es de si la madurez y cultura políticas de gobernantes y gobernados permiten llevarlo a cabo con mesura, y sobre todo, con eficacia real. No pueden ni deben olvidarse los siglos de autoritarismo político en nuestro país: desde que era un reino incorporado a la monarquía castellana hasta los últimos setenta años de un partido único en el poder. Siglos de escasa o nula formación parlamentaria y de inexistente cultura ciudadana. ¿Cómo diseñar —y sobre todo vivir— institucio Un nuevo texto constitucional nes políticas tan complejas y tan sería el instrumento ideal para vitales para la democracia como acQtar fil tradicional y desmedido son la división de los poderes, el . r i i i . , u • presidencialismo mexicano y para federalismo, los partidos políticos y la vida parlamentaria, con un pue garantizar la plena autonomía blo nada interesado en la política, del Congreso con nula formación ciudadana y con un rica tradición de centralismo y supremacía presidencial? La historia política mexicana no puede olvidarse, so pena de incunir en enores ya experimentados. En el siglo XIX, el primer Imperio cayó por la pretensión del Congreso de asumir la soberanía a costa del pueblo; y entre 1824 y 1867 fueron varios los presidentes que sucumbieron ante la reclamada supremacía del Legislativo. No es cierto, en consecuencia, que el presidencialismo mexicano hunda raíces en los t¡atoanis aztecas o en los vineyes novohispanos, sino que lo hace en el funcionamiento de las primeras repúblicas —federales o centralistas— que maniataron al presidente de turno en aras de la supremacía de las Cámaras. De aquí que fuera Benito Juárez el primero en cambiar de ruta al rechazar el sentido «parlamentarista» de la Constitución liberal de 1857 y gobernar, eficazmente, a través de las llamadas «facultades extraordinarias». Porfirio Díaz será el presidente que sabrá cómo someter definitivamente al Congreso, ejemplo que siguieron todos los presidentes mexicanos del siglo XX, dando lugar ahora a la situación contraria: un Ejecutivo sin frenos. Es decir, en aquella historia nunca se ha registrado —salvo en contadísimas excepciones— un verdadero equilibrio entre los poderes que garantice resultados óptimos para los mexicanos: o presidencialismo que somete hasta la abyección al Congreso; o «soberanía» del Congreso que imposibilita el «arte de gobernar». La primera de estas situaciones fue y ha sido sancionada —y procurada— por el texto constitucional vigente que se remonta a 1917. De aquí que todo intento de modificar el proyecto original parezca implicar la reforma constitucional o, de plano, su sustitución por otra diferente. Pero, ¿están dadas las condiciones políticas, históricas, culturales y en la ciencia del Derecho para transitar cualquiera de ambos caminos? ¿Forma nuestra elite política en los partidos y en el Congreso un grupo responsable, informado y con un proyecto de nación o de Estado que garantice su vigencia eficaz para los próximos cuarenta o cincuenta años? ¿Están dadas las condiciones de educación, madurez y conocimientos que se requieren para emprender esta empresa más allá de los inmediatos intereses de partido... o los personales de alguna figura destacada? ¿No se cone el riesgo de que volvamos a repetir la experiencia de un Congreso «soberano» pero ^responsable? El fantasma de la Constitución —tan socorrido en la historia mexicana— no deja de asomarse en el actual debate sobre el futuro de la nación y vuelve a invocarse como talismán omnipotente y seguro. Ante esta nueva —y preocupante— seducción constitucionalista, considero que los mexicanos deben ser conscientes de que una nueva Constitución no fortalecerá por sí sola el respeto al Derecho en México ni el funcionamiento de instituciones enmarcadas en la división de los poderes. Lo que verdaderamente promoverá el debido acatamiento a la ley y, en general, al Derecho, es una nueva educación jurídica de gobernantes y gobernados: la conciencia de que asumir y exigir el cumplimiento de los deberes y las responsabilidades por parte de todos los que habitan el país redundará en una sociedad más segura y justa. Deben aprender que las normas jurídicas rigen por igual para gobernantes y para gobernados, y que los primeros no son irresponsables ni quedan impunes. Con una nueva educación jurídica y, sobre todo, con el ejemplo de los gobernantes, se comenzará a creer, por vez primera, en las bondades de la ley y en la eficacia de la administración de Justicia; sólo entonces se recuperará la fe en la Constitución y en los poderes. Se trata de revertir los efectos de un proceso centenario de desconocimiento e incumplimiento generalizados de la ley, debido muchas veces —hay que reconocerlo— a la misma Constitución y a las leyes, que se han mostrado absolutamente alejadas de la compleja realidad mexicana. No bastan los textos constitucionales —antiguos o nuevos— para asegurar el crecimiento y fortalecimiento de México como nación, sino algo mucho más grave y difícil: el restablecimiento de la confianza en las instituciones, en la autoridad, en el gobernante y en la capacidad de decidir y exigir de los gobernados. Para esto se requiere, primero, restablecer el imperio de la Justicia, del Derecho y de la ley; y aceptar que la democracia también conlleva deberes. Habrá que trabajar por la vigencia de un orden jurídico justo, eficaz, respetable, conveniente y convincente. Si hoy no se cree en el Derecho, ni en la ley, ni en los tres poderes —federales o locales— menos se puede pensar en las posibilidades casi mágicas de una nueva Constitución o de un nuevo equilibrio entre los poderes para establecer dicha confianza. No bastan los textos constitucionales No considero, por tanto, que —antiguos o nuevos— para asegurar sea éste el momento oportuno t . . £ , t . . . j para dar paso a una nueva el crecimiento y fortalecimiento de ^ vT Constitución. No están dadas las México como nación, sino algo mucho condlciones: faltan madurez y culmás grave y difícil: el restablecimiento tura políticas, tolerancia e imparde la confianza en las instituciones, cialidad. Es innegable que el camen la autoridad, en el gobernante bio democrático exige contar con , .1111.1. • • un marco constitucional y legal y en la capacidad de decidir y exigir n . , . , , que rerieje la tradicional pero desde los gobernados conocida pluralidad regional, histórica, humana, ideológica y social de los mexicanos, así como la presencia de las diversas y nuevas fuerzas, idearios y tendencias políticas que hoy se manifiestan y debaten. Sin embargo, y desafortunadamente, para orientar estos debates —que no sólo son políticos, sino también jurídicos— no existe ahora ni un pensador de importancia ni un grupo de juristas de alto reconocimiento en este campo; ausencia que refleja las tristes condiciones actuales de la ciencia jurídica mexicana, en particular en el derecho constitucional. Los juristas se han visto desplazados por el predominio de todo tipo de científicos sociales —además de los tradicionales demagogos— en tal grado que se corre el riesgo de que el debate constitucional se oriente sobre líneas de interés, teorías e ideologías de muy diverso signo, en apariencia muy atractivas pero muy poco jurídicas; poco comprometidas con el difícil, técnico y complejo saber constitucional. Un peligro más, siempre presente en nuestra historia constitucional, se asoma: la tendencia a imitar modelos o formas constitucionales de otros países; a adoptar teorías e instituciones que, si bien pudieran haber mostrado su eficacia y modernidad en otros Estados, no funcionarían necesariamente en México, por no atender a las particulares circunstancias, historia, necesidades y formas de sus ciudadanos. Una nueva Constitución supone no sólo acuerdos, debates y controversias políticas entre distintas fuerzas democráticas; implica además conocimientos imparciales y profundos de derecho, de historia, de ciencia política, de sociología; y, ante todo, un cabal conocimiento de lo que significa la Constitución de un Estado: cierta permanencia, estabilidad y seguridad no únicamente para una o dos generaciones sino para varias en un tiempo más o menos largo. Por desgracia, los actores políticos de México no están demostrando en la actualidad los conocimientos, la madurez, la imparcialidad, la responsabilidad y la sensatez que exige un gran acuerdo nacional sobre el cual, forzosamente, surgiría la nueva Constitución que vuelva a plantear el funcionamiento y el equilibrio de los poderes. Hoy cada quien parece jalar agua para su molino, sin interesarse en absoluto por el futuro de la nación. No hay, a mi modo de ver, un verdadero y claro proyecto nacional por parte de ninguno de los partidos o fuerzas políticas. ¿Qué Estado, qué país, qué tipo de nación queremos para los próximos cincuenta o cien años? ¿Qué alternativas estamos manejando? De no tener claras las respuestas, cabe la posibilidad de que una nueva Constitución, más que reflejar la realidad y las necesidades del país, sea el resultado de un mero equilibrio de fuerzas políticas, un mero documento de transición, de oportunismo político, sin bases doctrinales sólidas y sin contener los frutos de una detenida, prudente e imparcial reflexión sobre la historia y el destino de la nación mexicana (aquí es donde juega un papel determinante la tarea de los historiadores para desmantelar la llamada «historia oficial», construida por y para un poder no democrático). Al ser circunstancial su vigencia, sería en consecuencia también efímera. Lo que no puede negarse es que, de cristalizar una nueva Constitución que recogiera todas las necesidades y realidades del país, México tendría por primera vez en su accidentada historia constitucional una carta fundamental resultado de un acuerdo político entre diversas tendencias y grupos políticos de distintas corrientes ideológicas y con propuestas diferentes. Se lograría una Constitución ni impuesta, ni otorgada; ni un fruto de la victoria armada de una facción o grupo determinado sobre los otros, sino resultado de un acuerdo plenamente democrático. Situación inédita en México: ni en 1824, 1836, 1843, 1857, o 1917 se logró algo parecido. Se trata ésta de una aspiración mayor que debe sobreponerse al mero interés por definir la supremacía de un poder sobre los otros. JAIME DEL ARENAL