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Transición, pero a medias

Pedro Pérez Herrero

El autor nos habla de cómo la sociedad mexicana ha presionado para el cambio político y ha demostrado tener una buena dosis de paciencia. Sin mebargo todavía no se han cosechado los resultados esperados.

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Referencia

Pedro Pérez Herrero, “Transición, pero a medias,” accessed September 19, 2018, http://repositorio.fundacionunir.net/items/show/2802.

Dublin Core

Title

Transición, pero a medias

Subject

Perfeccionar el estado de derecho

Description

El autor nos habla de cómo la sociedad mexicana ha presionado para el cambio político y ha demostrado tener una buena dosis de paciencia. Sin mebargo todavía no se han cosechado los resultados esperados.

Creator

Pedro Pérez Herrero

Source

Nueva Revista 081 de Política, Cultura y Arte, ISSN: 1130-0426

Publisher

Difusiones y Promociones Editoriales, S.L.

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Nueva Revista de Política, Cultura y Arte, All rights reserved

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Language

es

Type

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PERFECCIONAR EL ESTADO DE DERECHO Transición, pero a medias por PEDRO PÉREZ HERRERO adie puede poner en entredicho los enormes logros de la sociedad Nmexicana desde 1989; pero es forzoso reconocer que aún existen tareas pendientes para perfeccionar el Estado de Derecho. Con ello no se pretende decir que lo que se ha hecho hasta la fecha sea ineficaz, sino subrayar la necesidad de seguir completando las reformas. Los cambios económicos emprendidos durante los sexenios de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo fueron profundos, estructurales. Sin embargo, las reformas políticas han resultado parciales hasta la fecha. Me gustaría, por ello, detallar una lista de factores (en ningún caso ordenados jerárquicamente) que, a mi juicio, resultan imprescindibles para la consolidación de la democracia mexicana. 1 • MEJORAR LA DIVISIÓN DE PODERES El presidencialismo ha devenido en un excesivo poder del Ejecutivo y, cuando se ha intentado combatirlo, se ha producido un bloqueo preocupante en la toma de decisiones políticas. Las propuestas de ley indígena, de presupuesto de egresos y de reforma fiscal realizadas por el presidente al Congreso durante 2001, son algunos ejemplos representativos que muestran cómo han sido retrasados en la Cámara de Diputados por el PRI, el PRD —y en algunos debates incluso por el PAN—, la resolución de conflictos federales, pues en todos estos casos se entendía que con dichas acciones se reducía el poder del presidente. Al tener la Constitución mexicana un agujero importante (no contempla que el Congreso no apruebe antes del 31 de diciembre la propuesta de egresos enviada para su discusión por el presidente), los diputados y senadores han forzado al límite sus decisiones para obligar de ese modo al presidente a realizar concesiones en otros temas. Cuando después de meses no se llegó a un acuerdo sobre la reforma fiscal integral, quedó claro que los intereses partidistas e incluso personales eran más importantes que los de México. Cuando se modificó una y otra vez el proyecto de ley indígena, muchos diputados querían no sólo luchar por un modelo de sociedad, sino al mismo tiempo impedir que el presidente se convirtiera en el actor que había «solucionado» el problema de Chiapas. Es preciso asimismo que la Justicia esté más desligada del Ejecutivo (hasta la fecha el presidente interviene de forma decisiva en la formación de la Suprema Corte de Justicia y en el Consejo de la Judicatura Federal; e indirectamente en el resto). No podemos, sin embargo, caer en la tentación de interpretar que sólo los poderes Ejecutivo y Judicial tienen problemas, ya que tampoco el sistema de partidos no funciona todo lo correctamente que fuera necesario. Recortar los poderes del presidente no puede significar la desaparición del Ejecutivo o que éste se ponga de rodillas ante el Legislativo. Una forma de garantizar el buen funcionamiento de los diputados y los senadores debería basarse en hacer posible su reelección. El voto es el mejor mecanismo para premiar o castigar sus acciones (actualmente los diputados y senadores llegan a su puesto como premio a su carrera dentro del partido). 2 • UN NUEVO SISTEMA DE PARTIDOS Las elecciones de julio de 2000 generaron un nuevo panorama político. El PRI perdió la pieza (la Presidencia) que lo mantenía cohesionado. No es de extrañar que ahora se esté produciendo una lucha interna por mantener la unidad, al mismo tiempo que se impulsa una renovación ideológica. Como se vio en las elecciones internas de febrero de 2002, en las que se eligió a la dirección de su Comité Ejecutivo Nacional, esta doble acción se está cruzando con el enfrentamiento entre los distintos grupos de poder. El PRD ha perdido su tradicional discurso en defensa de la transparencia electoral y en apoyo de la alternancia política (ambas se han logrado ya) y no acaba de encontrar una ideología de reposición clara. También está aquejado de importantes luchas internas que impiden una reflexión global de renovación. A su vez, el PAN ha dejado de ser el «partido de oposición leal» al ocupar la Presidencia. Como consecuencia de estas luchas internas, los partidos y los distintos grupos de poder utilizan con frecuencia las instituciones y los grandes temas de discusión del país para tratar de alcanzar la cohesión de la que carecen. Una de las consecuencias negativas de este proceso es que mientras los «políticos» se pelean por ampliar sus parcelas de poder, la ciudadanía observa como siguen sin resolverse sus problemas, originándose en consecuencia un distanciamiento entre unos y otros y un peligroso desprestigio de las instituciones. Los partidos deben mirar hacia delante, en vez de enredarse en mecanismos procedimentales y descalificaciones, o en peleas con respecto a interpretaciones del pasado. La sociedad necesita un proyecto de país en el que creer. 3 • REFORMA DEL SISTEMA FISCAL Nadie duda que debe acometerse una reforma fiscal integral para elevar el porcentaje de los ingresos tributarios con respecto al PIB (actualmente inferior al 12%), y disminuir de ese modo la dependencia de la renta petrolera. Pero también hay que subrayar que aumentar la tributación directa en vez de indirecta genera efectos positivos importantes sobre la relación entre el ciudadano y el Estado. Un aumento de la carga tributaria directa sobre las rentas personales crea un sentimiento de relación contractual entre los pagadores de impuestos y el Estado en tanto que oferente de servicios. Con ello se logrará erradicar la actual noción, válida para muchos, de que el Estado ofrece unos «servicios» (pagados con la renta petrolera) a cambio de fidelidades políticas. Para que las «prebendas» y los «favores» se conviertan en derechos, los «clientes» tienen que convertirse en ciudadanos mediante el pago de los impuestos que les corresponden. Con ello no se quiere decir que los 40 millones de pobres deben pagar impuestos ahora, sino que hay que crear un sistema fiscal progresivo. Iglesia de Santiago Tlatelolco, entre los más de cien edificios de una unidad habitacional en el DF. 4 • REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA Para que la Justicia sea más rápida y transparente en sus acciones, es necesaria no sólo una ampliación del número de jueces y una simplificación de los instrumentos de acción, sino que hay que lograr que ésta no esté al servicio de la «política». La corrupción o el narcotráfico no deben entenderse como males en sí, sino como síntomas de un mal mayor basado en la pervivencia de una cultura política enconada en la negociación de la ley y de una sociedad que acepta la ilegalidad como norma de convivencia. El perfeccionamiento de un Estado de Derecho tiene que pasar ineludiblemente por la creación de un escenario en el que se dé una igualdad de derechos y obligaciones ante la ley. El problema es que la conquista de esta igualdad supone el desmantelamiento de algunas de las antiguas prácticas políticas, que aprovechaban la existencia de las desigualdades sociales para justificar y consolidar el papel de intermediación de los políticos entre la ley y la realidad. La política debe dejar de ser la continua «reinterpretación» de la ley. 5 • AUMENTAR LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Una Administración más eficiente y más conectada con las demandas locales requiere un mayor nivel de descentralización. Actualmente, el problema en México no sólo está en la falta de una redistribución de competencias entre la Federación, los Estados y los municipios, sino en la necesidad de una reforma constitucional de la participación fiscal de los mismos (la Federación por regla general recauda un 75%, los Estados un 20% y los municipios un 5%) para evitar que los flujos que la Federación otorga a los Estados y los municipios (manejados hasta ahora por el presidente) se conviertan en una fuente de «favores» a cambio de fidelidades. 6 • PROFESIONALIZARON DE LA ADMINISTRACIÓN A fin de deslindar correctamente el Ejecutivo (elegido cada seis años por votación) de la maquinaria de gestión de lo público, sería necesario crear una verdadera carrera, para acceder a la Administración pública como funcionario profesional con méritos demostrados. Así disminuiría el clientelismo y se fomentaría la meritocracia profesional. 7 • LUCHA CONTRA LA POBREZA Es de todo punto imprescindible luchar contra la insultante pobreza de un 44% de la población, mejorar la desigual distribución del ingreso y frenar la sangría de mano de obra (emigración) hacia los EE.UU. La lucha por sacar a esta inmensa masa de ciudadanos de la pobreza e integrar a los inmigrantes en suelo mexicano no llegará a buen puerto si no se consigue previamente que los políticos dejen de comportarse como intermediarios entre los bienes públicos y los más desfavorecidos. Los ciudadanos deben tener acceso directo a los bienes básicos (educación, salud, infraestructuras) sin caer necesariamente en el clientelismo. 8 • NUEVAS REINTERPRETACIONES DEL PASADO El momento de cambio que vive México necesita de una revisión de la interpretación del pasado a fin de poder tener más libertad para diseñar un futuro más plural y flexible. 9 • UNA NUEVA FORMA DE IDENTIDAD NACIONAL México necesita disponer de una nueva identidad que permita la convivencia de diferentes grupos culturales sin que ninguno de ellos deba renunciar obligatoriamente a sus valores. El mestizaje como elemento integrador tiene que dejar paso a otro discurso plural. Los autoidentificados como «mestizos» (80% de la población) tienen que comprender que «los no mestizos» (los «indios», que representan un 16% de la población), para seguir siendo mexicanos y mexicanas, no tendrían que renunciar obligatoriamente a su cultura. El problema de las «minorías culturales» no reside en la capacidad de integración de éstas, sino en la no aceptación de la mayoría de la sociedad. Una sociedad plural exige un esfuerzo por parte de todos los componentes para construir un esquema de identidad múltiple y flexible. El nacionalismo que interpreta que México es único y diferente y que defiende que cualquier comentario venido de fuera es una agresión no tiene cabida en el mundo globalizado. La sociedad mexicana ha presionado para el cambio político y ha demostrado tener una buena dosis de paciencia. Sin embargo, todavía no se han cosechado los resultados esperados. Sólo cuando se consiga que la gestión anónima y transparente de lo público se haga en beneficio del conjunto de la sociedad se habrá concluido el gran cambio en la política de México. PEDRO PÉREZ HERRERO