En busca de un nuevo texto

En busca de un nuevo texto

Una nueva ley para la investigación

Artículo de opinión sobre las claves del cambio de la nueva Ley de la Ciencia.

Gabriel Elorriaga Pisarik

Nueva Revista 121 de Política, Cultura y Arte, ISSN: 1130-0426

Difusiones y Promociones Editoriales, S.L.

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En los próximos meses cobrará relevancia el debate sobre la posibilidad desustituir la actual Ley de la Ciencia, vigente desde 1986, por un nuevo textoen el que al parecer ya se está trabajando. Gabriel Elorriaga, portavoz del grupoparlamentario popular en la Comisión de Ciencia e Innovación, y el catedrático César Nombelanos explican en profundidad las claves de este cambio yalgunas cuestiones que debería contemplar la nueva ley.En busca de un nuevo textoGABRIELELORRIAGAPISARIKPORTAVOZDELGRUPOPARLAMENTARIOPOPULARENLACOMISIÓNDECIENCIAEINNOVACIÓNTranscurridas más de dos décadas desde la aprobación en 1986 de la ley deinvestigación científica y tecnológica, la conocida como Ley de la Ciencia,son muchas las cosas que han cambiado. En primer lugar, se han multiplicado los recursos públicos destinados a la investigación haciendo cada vezmenos eficaces los instrumentos de gestión y los mecanismos de coordinación interna entonces diseñados, a pesar de las reformas parciales que sehan ido introduciendo.67FEBRERO 2009En segundo lugar, el Estado autonómico se ha ido desplegando de manera paulatina a lo largo del tiempo. Tras la rápida configuración de las CCAAque accedieron a su autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitucióny las que luego se asimilaron a ellas, la transferencia a las comunidades de régimen común de las competencias sobre universidades e industria se produjo en 1995, las de educación en 1999 y, finalmente, las de sanidad en 2001;todo ello ha transformado el mapa de responsabilidades en los campos relacionados con la I+D+i. La competencia exclusiva atribuida al Estado por el artículo 149.1.15 de la Constitución alcanza al fomento y coordinación generalde la investigación científica y técnica en todo el territorio nacional, un títulocada vez más debilitado, no sólo por las transferencias mencionadas, sinotambién por la reciente aprobación del nuevo Estatuto de Cataluña de 2006y por el traspaso al País Vasco de las competencias en materia de investigación y desarrollo científico y técnico e innovación a comienzos de 2009.Desde hace casi treinta años, el Estatuto de Autonomía para el País Vascoatribuía a esta comunidad, en su artículo 10.16, la competencia exclusiva en«investigación científica y técnica en coordinación con el Estado». Gobiernos sucesivos, con distinta orientación política y en coyunturas cambiantes, entendieron que el Estatuto de Guernica permitía un amplio margen de actuación al Gobierno vasco siempre que lo hiciese con cargo a sus propios recursos económicos. Sin embargo, fruto de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2009, el actual Gobierno socialista acaba de aprobar unreal decreto por el que asigna a la comunidad vasca una financiación anual adicional de casi 87 millones de euros para desempeñar las mismas responsabilidades que ya venía ejerciendo. Es interesante comprobar que otros Estatutosposteriores establecen competencias muy similares para las demás comunidades autónomas: el Estatuto de Madrid, por ejemplo, atribuye a esta comunidaddesde 1983, en su artículo 26.1.20, competencias exclusivas en «investigacióncientífica y técnica», título idéntico al exhibido por el Gobierno vasco para obtener financiación adicional. Es inevitable, por lo tanto, que a partir de ahoratodas las comunidades autónomas planteen nuevas reclamaciones financierasque seguirán restando recursos nacionales para la ciencia y la investigación lo68NUEVA REVISTA 121que, sin duda, nos sitúa ante un nuevoescenario.A pesar de los esfuerzos presuEn tercer lugar, no se puede perpuestarios, el último informe sobreder de vista que 1986 fue, precisainnovación, recientemente presenmente, el año de nuestra incorporatado por la Comisión Europea, poneción a la Unión Europea. Tambiénde manifiesto el retroceso españoldesde esta perspectiva, las cosas hanque nos ha llevado al décimosextocambiado significativamente, situandopuesto entre los miembros de lacompetencias y recursos en un nivelUnión.de decisión completamente nuevo.Por otro lado, fruto de esta integración, nuestra realidad económica ha experimentado también una transformación notable. Mantener el nivel de renta y desarrollo que hemos alcanzado nos exige adaptar nuestro sistema económico a la sociedad delconocimiento; sólo de esta manera sería posible preservar nuestro dinamismo económico y el modelo social vigente.La creación el año 2000 del Ministerio de Ciencia y Tecnología fue el resultado de una posición política firme y decidida, consecuente con la Estrategia deLisboa impulsada por José María Aznar y Tony Blair en el seno de la Unión Europea ese mismo año. Pero el decidido incremento del gasto público iniciadohace una década no ha estado acompañado de políticas coherentes y sostenidas en el tiempo. La desaparición del ministerio en 2004 y su posterior reinvención parcial en 2008, ahora como Ministerio de Ciencia e Innovación, además de costosos e ineficaces cambios organizativos, ha traído consigo un vaivénconstante en las prioridades, estrategias y objetivos. Los resultados saltan a lavista: a pesar de los esfuerzos presupuestarios, el último informe sobre innovación, recientemente presentado por la Comisión Europea, pone de manifiestoel retroceso español que nos ha llevado al puesto 16 entre los miembros de laUnión, muy por debajo de la media y alejándonos de ella. Los pobres resultados alcanzados hasta el momento en la captación de recursos europeos ponenen evidencia, también, la debilidad de los instrumentos disponibles para adaptar nuestras actuaciones a los requisitos fijados en el Plan Marco.69FEBRERO 2009Por todas estas razones existe un amplio acuerdo sobre la necesidad desustituir la Ley de la Ciencia por un texto legal más moderno y adecuado anuestras necesidades. A partir de aquí, está todavía pendiente comprobarcuál es el grado real de coincidencia entre las distintas fuerzas políticas sobreel contenido concreto de la reforma. El programa electoral con el que el Partido Popular concurrió a las últimas elecciones generales proponía la elaboración de una nueva ley de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. Nuestra propuesta buscaba, entre otras cosas, dotaral sector público de instrumentos de gestión más flexibles y eficaces, promover una participación mayor de los sectores productivos en la I+D y estimular la carrera científica y la movilidad de los investigadores.Desde nuestro punto de vista, resulta imprescindible garantizar por ley laexistencia de un auténtico sistema nacional de ciencia y tecnología, capaz deordenar recursos y de fijar prioridades más allá de las preferencias de cadauno de los diecisiete sistemas autonómicos. Hacer efectivas las competenciaspara la «coordinación general» del sistema, tal y como señala la Constitución, exige contar con recursos suficientes y requiere también crear órganos adecuados para la cooperación y la toma de decisiones vinculantes paratodas las partes, tal y como ocurre, por ejemplo, en el Consejo de PolíticaFiscal y Financiera.Desde luego, no es coherente con las necesidades actuales la absoluta imprevisibilidad de las convocatorias, ni la evolución errática de los recursosdisponibles. En los Presupuestos Generales del Estado aprobados por el Parlamento para 2009 disminuyen un 5,1% los gastos no financieros destinados alMinisterio de Ciencia e Innovación, un cambio radical en la tendencia mantenida durante una década y el mayor retroceso en toda la Administración delEstado; por otro lado, las deducciones fiscales para las empresas por actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica bajan un 33,9%sobre el año anterior. Pero antes casi de entrar en vigor estas cifras ya estabanmodificadas: primero, por el traspaso ya mencionado al País Vasco y, más adelante, por el Real DecretoLey 92008, para la dinamización de la economía yel empleo, que añade de manera improvisada 490 millones de euros para la70NUEVA REVISTA 121GABRIEL ELORRIAGA PISARIKfinanciación de nuevas (y distintas) actuaciones de I+D+i.Una nueva ley debería poner losUna nueva ley debería poner losprogramas de investigación y lasprogramas de investigación y las cacarreras investigadoras a salvorreras investigadoras a salvo de losde los vaivenes coyunturales delvaivenes coyunturales del ciclo ecociclo económicopresupuestario.nómicopresupuestario. La visión y elcompromiso financiero a medio ylargo plazo son característicos de la actividad investigadora pero en la actualidad carecemos de instrumentos adecuados para la programación presupuestaria. La situación actual de crisis ha dejado bien claro que de poco sirven los gastos anunciados si luego no se aprueban las convocatoriascorrespondientes para asignarlos, y cuán inútiles son los grandes programas plurianuales si luego sus compromisos decaen sin mayores explicaciones en función de las circunstancias.La ministra de Ciencia e Innovación ha encargado la elaboración delborrador para la reforma a un grupo de expertos que trabaja desde hacealgunos meses. No se ha hecho público el fruto de sus trabajos, pero sehan ido filtrando en las últimas semanas algunas novedades que ya hanempezado a levantar cierta polémica. Al parecer, uno de los propósitoscentrales de la norma sería la fusión de los distintos Organismos PúblicosOPI, en el argot del mundo científico) en torno al mayor dede Investigación (ellos, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. De manera másoficial, el llamado «Plan E», recientemente aprobado por el Gobierno socialista para el estímulo de la economía y el empleo contempla expresamente como uno de sus objetivos la reforma de las instituciones públicasde investigación, «para homogeneizar su naturaleza jurídica y mejorar lacoordinación entre sus áreas de actuación», lo que «generará una optimización de recursos, al evitarse duplicidades». El fuerte rechazo causadopor estas primeras noticias ha llevado a un cambio de planteamiento queahora parece limitado a «una reorganización científica» para evitar solapamientos.73FEBRERO 2009EN BUSCA DE UN NUEVO TEXTOLa marginación de las universidades en el proceso de elaboración de estaley es, sin duda, otro aspecto muy controvertido. Dado que el nuevo ministerio ha asumido todas las responsabilidades en relación con la universidad,y que en ella se desarrolla la mitad de la investigación científica española,resulta incomprensible que todavía se mantenga fuera del debate; las quejas no se han hecho esperar. Tampoco las primeras noticias en torno al papelque la futura ley reservará a los centros tecnológicos, instrumento básicopara la transferencia de los resultados de la investigación a las empresas, hancaído bien entre los afectados.En todo caso, ningún cambio legislativo resolverá por sí solo las necesidades que tiene planteadas la ciencia en España. Lo realmente preciso esun compromiso político fuerte, continuado en el tiempo, con objetivos claros y ampliamente compartidos. Es eso, mucho más que cualquier reformalegislativa u organizativa, lo que ahora requiere nuestro sistema de cienciay tecnología. La ley debería ser el instrumento para plasmar esos compromisos a través de un amplio acuerdo entre las dos grandes fuerzas políticasespañolas, de una manera irreversible e inequívoca. Desde el Partido Popular vamos a trabajar para conseguirlo. 74NUEVA REVISTA 121GABRIEL ELORRIAGA PISARIK