Entrevista a José Mª Aznar. Lo normal y democrático es la alternativa

Entrevista a José Mª Aznar. Lo normal y democrático es la alternativa

Conversaciones

Entrevista a José María Aznar, líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno Español.

Pilar del Castillo

Nueva Revista 041 de Política, Cultura y Arte, ISSN: 1130-0426

Difusiones y Promociones Editoriales, S.L.

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Entrevista a José Ma Aznar LO NORMAL Y DEMOCRÁTICO ES LA ALTERNANCIA __ Pilar del Castillo antuve esta larga conversación con José Ma Aznar en su despacho de la calle Génova, una tarde de este caluroso ocMtubre. El lector podrá comprobar que hablamos por extenso de los más diversos temas. Pero, entre las muchas opiniones del Presidente del Partido Popular, querría resaltar la idea con la que titulo esta entrevista: su insistencia en que el cambio político ha de ser un cambio tranquilo y sereno, mirando hacia delante y no profundizando en fracturas. La idea, en suma, de que no hay que dramatizar los cambios políticos porque, en una democracia, lo normal es la alternancia. Pilar del Castillo (P. del C.)— Para conocer un determinado partido político es interesante empezar sabiendo cuáles son sus referentes, cuando menos los más inmediatos, en la historia política de su país. Desde esa perspectiva Vd. ha reivindicado el legado de la UCD. ¿ Qué lleva a la generación política que dirige el PP a reivindicar lo que Vd. ha calificado como el intachable ejercicio democrático del poder por parte de la UCD? José M Aznar (J. M A.).— Son muchas las razones por las que la UCD constituye nuestro referente político inmediato. Para empezar, reconocemos que a la UCD se debe el diseño de la gran operación política que restauró la democracia, esa acertada operación que permitió transitar de la dictadura a la democracia mediante la reforma política. Además, contribuyó decisivamente desde el Gobierno de la nación a elaborar y aprobar una Constitución para todos los españoles, la llamada Constitución de la concordia. Por otra parte, entonces se cimentaron las bases políticas y jurídicas para la construcción del nuevo Estado autonómico, lo que comportaba una distribución del poder político y una progresiva descentralización administrativa. Y todo ello, sin olvidar que fue también entonces cuando se dieron los pasos decisivos para la incorporación de España a los escenarios internacionales, como la integración en la OTAN y en la CEE. Visto el curso de la política nacional durante estos últimos años, yo valoro la capacidad que demostró la UCD para mantener la ilusión democrática del país, y su generosidad, traspasando el poder ejemplarmente. Simplemente optó por convocar elecciones cuando estimó que su función política había concluido y que el interés general demandaba una nueva etapa. P. del C.— Es curiosa su insistencia en la reivindicación de un partido en el que Vd. no militó. Parece que se acuerda poco del suyo, en el que ha sido Secretario nacional, diputado, Presidente regional J. M. A.— En absoluto. He reivindicado la tarea política desempeñada por la UCD en el Gobierno y su actitud en el ejercicio del poder político. Alianza Popular no gobernó: por lo tanto, no podía referirme a ella desde esa perspectiva. Yo considero que Alianza Popular desempeñó un papel esencial en la construcción de una gran fuerza política de centroderecha. A Manuel Fraga, una personalidad política fuera de lo común, le debemos haber sentado los cimientos de una mayoría política en condiciones de llegar a ser una alternativa de Gobierno. A partir de ahí, hemos ampliado muestras bases hasta convertirnos en la opción integradora que representa al centroderecha de España. P. del C.— Dejando aparte los precedentes más inmediatos y mirando hacia épocas anteriores... ¿con quién se identifica el Presidente del Partido Popular? J. Ma. A.— A pesar de todas las dificultades que tuvo que afrontar, me identifico con la tradición liberalconservadora del siglo xix, y en particular con la época de la Restauración. Durante aquellos cincuenta años, España pasó por un período de libertades, constitucionalismo y parlamentarismo que en muchos aspectos debería servir de punto de referencia para los años actuales. Como es natural, ahora hay unos niveles de participación democrática y de bienestar muy superiores a los de aquellos años. Pero tenemos mucho que aprender de la tolerancia y la buena convivencia existente entre los políticos de entonces, que lograron uno de los períodos más prolongados de estabilidad en libertad y de progreso en todos los órdenes. P. del C.— Seguimos en el terreno de nuestra historia contemporánea: dentro de dos años se cumple el centenario de aquél 98 de consecuencias económicas, políticas e intelectuales tan significativas para nuestro siglo XX. Habrá tiempo para que muchos aporten sus reflexiones sobre el significado de ese momento de España. En su opinión, ¿qué experiencias útiles se pueden extraer de aquél período de nuestra historia para esta hora de España ? J. Ma. A.— Lo primero que yo diría acerca de nuestra historia contemporánea es que hay que mantener frente a ella una actitud crítica, pero distanciada, sin mitificarla ni demonizarla. En mi opinión, en el 98 se generó un ambiente intelectual en el que prevalecía una interpretación pesimista que acabo siendo negativa para España. Tenemos que evitar por nefasta la metafísica del me duele España, la de España como problema y la de España, fracaso esencial. Personalmente, yo no comparto esa interpretación unilateral y pesimista del 98; hubo claroscuros, no solo aspectos negativos. Por ejemplo: el sistema constitucional sobrevivió a la dura crisis política derivada de la guerra, y el inicio del siglo abrió una nueva etapa política de modernización general del país. Ahora nos aproximamos a otro fin de siglo: España no puede recrearse en un nuevo ejercicio de peximismo histórico ni sucumbir a la desesperanza. España es una nación plural y moderna que tiene ante sí el desafío de entrar en el siglo xxi con seguridad y confianza, y no hay razones para el pesimismo. Para hacer frente a ese reto necesitamos un cambio político que ponga fin a la actual situación de parálisis; para ello, el Partido Popular ofrece a los españoles un proyecto nacional, un proyecto integrador y no excluyente, con el fin de abordar los problemas que ahora tenemos con resolución, sin complejos y sin miedos. P. del C.— Tras el colapso de los sistemas comunistas, la bibliografía acerca de los nuevos problemas de la democracia ha aumentado copiosamente. Autores como Dahrendorf, Furet, Linz, y Sartori, por citar a algunos de los que tienen mayor difusión en nuestro país, se han ocupado recientemente de repensar la democracia o, más bien, los retos que ésta afronta en una nueva fase histórica, después de que el fin del comunismo haya cerrado el largo período revolucionario que nació con la Revolución Francesa. Y junto a los autores que se plantean los problemas de la democracia desde dentro , han surgido otras opiniones que cuestionan algunos de los elementos tradicionales de las democracias representativas como los partidos políticos—, cuando no directamente el propio sistema democrático. ¿Cree Vd. que hay una crisis de la democracia?, ¿y de los partidos ? J. Ma. A.— Yo me sitúo en la línea de los autores que Vd. mencionaba al inicio de su pregunta. Es decir, creo que los acontecimientos vividos en la Europa del Este entre 1989 y los primeros años de la década de los noventa significan el triunfo de la democracia, y, como ha escrito Sartori, el triunfo de la única democracia real que se ha conocido: la democracia liberal. Y defiendo que los problemas que plantea el funcionamiento de los sistemas democráticos, que son muchos, se aborden desde dentro del sistema. Veamos, por ejemplo, el caso concreto de los partidos políticos. En mi opinión, la articulación de la democracia representativa hace imprescindible un sistema de partidos. Desde luego, no se vislumbra quién puede reemplazarlos. Es cierto que en las sociedades democráticas de hoy, la afiliación a los partidos ha sufrido un declive, mientras que se incrementa la participación ocasional en organizaciones orientadas hacia un tema concreto. Pero, por definición, esas organizaciones abordan solo fragmentos de los problemas sociales y no pueden sustituir la función de agregación y representación de intereses que cumplen los partidos. Yo no concibo a España como una nación democrática sin la existencia de unos partidos nacionales fuertes, que sean capaces de expresar y representar políticamente las grandes corrientes de opinión de nuestra sociedad. Unos partidos débiles o fragmentados constituyen un síntoma de una democracia enferma y precaria y de una nación incapaz de llevar adelante un proyecto colectivo. En un Estado que se basa en la desarticulación territorial del poder, la existencia de grandes partidos nacionales es todavía más imprescindible. Hay que reconocer que en España los partidos han sufrido un importante descrédito ante la opinión pública, como consecuencia de los escándalos de financiación ilegal, corrupción política, abusos en el ejercicio del poder, clientelismos, etc. Es necesario tomar medidas para resolver estos problemas; ya he dicho en otras ocasiones que hay que modificar el sistema de financiación de los partidos, abriéndolo a la sociedad y haciéndolo transparente, y que hay que acabar con la práctica de considerar las instituciones del Estado como un botín para los partidos que obtienen el poder. Los partidos tienen que ganarse, día a día, su legitimidad como sujetos fundamentales del sistema democrático. P. del C.— Cuando se habla de desconfianza o de crisis del sistema o de los partidos se plantea frecuentemente la necesidad de reformar nuestro sistema electoral. Desde su propio partido se ha planteado esta posibilidad en la Comunidad de Madrid. ¿Cree Vd. que hay que cambiar el sistema electoral? J. Ma. A.— Al sistema electoral se le suponen unos poderes taumatúrgicos que no tiene. La corrupción política, el clima de desconfianza en los partidos y otros problemas graves de nuestra democracia creo que en muy poca medida se pueden atribuir a nuestro sistema electoral. Los sistemas electorales hay que interpretarlos en el contexto de una cultura política y un tiempo histórico determinados y desde esa perspectiva considero que nuestro sistema electoral ha funcionado razonablemente bien en la promoción de gobiernos estables y ha facilitado la representación parlamentaria de la inmensa mayoría de los sectores de nuestra sociedad. P. del C.— Pocos discuten que nos encontramos ante el fin de un período de la reciente historia política de España, un período en el que por primera vez hemos tenido un gobierno socialista en solitario. Es frecuente incluso podríamos afirmar que ha cristalizado como lugar común— que cuando se hace una evaluación política de las cuatro legislaturas socialistas se concluya que el balance del Gobierno es positivo hasta 1989, es decir, durante las dos primeras legislaturas, malo, en cambio, a partir de esa fecha como consecuencia de la crisis económica y de la corrupción y particularmente pésimo en esta última legislatura. ¿Cuál es su juicio político de los trece años de socialismo? J. M. A.— En mi opinión, en los trece años de gobierno socialista se pueden distinguir tres etapas. Una primera entre 1982 y 1986, en la que hubo un impulso desde el Gobierno aunque en muchas ocasiones con políticas equivocadas para afrontar los problemas del país. Una segunda fase va desde 1986 a 1989, o más precisamente, hasta la huelga general del 14 de diciembre de ese año. En ese período se perdió la gran ocasión de introducir las reformas que requería nuestra economía, aprovechando el impulso de la entrada en la Comunidad Europea y la buena marcha de la economía internacional. El último período transcurre desde la huelga general del 14 de diciembre hasta hoy, y viene caracterizado por una misma constante: la continua pérdida de rumbo y el desgobierno. Pero esa ola de corrupción que se conoce ahora, cuando estamos al final del ciclo socialista, se gestó defacto en los primeros años del Gobierno del PSOE, como consecuencia de una manera peculiar de entender la política y de ejercer la dirección de los asuntos públicos; de manera que la crisis política, moral y económica se incubó en los primeros años del Gobierno socialista. La alteración de las reglas del juego mediante el uso de una mayoría política que derivó en abuso de poder, la ocupación partidista de las instituciones democráticas, la utilización de los resortes del Estado en provecho propio, el paseíllo público y el enterramiento de Montesquieu en la fosa común, la extensión de un clima de impunidad para los fieles, son algunos de los polvos que han generado estos lodos, o, más que lodos, el actual barrizal. Conviene decir que todo lo que ahora se va sabiendo fue perpretado bajo la protección de una legitimidad democrática indiscutible, derivada de tres victorias electorales por mayoría absoluta que nadie pone en duda. Y no es que la mayoría absoluta sea mala en sí, sino que quienes la obtuvieron la utilizaron abusando del marco establecido por la ley. P. del C.— Si, pero también hay que reconocer que a esas formas de ejercer el poder dieron su consentimiento tácito o expreso una gran mayoría de los sectores sociales; de no haber sido así, resultarían inexplicables las mayorías absolutas consecutivas del PSOE. No hay que olvidar tampoco que muchos españoles estaban muy satisfechos con la marcha de la economía. J. Ma. A.— Es cierto, y, sin embargo, hay razones para explicar ese comportamiento colectivo e individual. Creo que hay que destacar, por ejemplo, la debilidad de la oposición en aquellos años ahora recuperada una política de comunicación hábil y monopolística por parte del Gobierno, un culto o una entrega apasionada y sin condiciones al dinero, al calor de una ética pública inmoral, un establishment agradecido y temeroso de no salir en la foto, etc... todo ello contribuyó a que nadie quisiera salirse de la procesión, por si acaso. Colectivamente se hizo la vista gorda al extenso y singular mercado negro que se estableció bajo las alfombras, unas alfombras que ahora se están levantando solas. Por otra parte, la consideración que Vd. hace sobre la bonanza económica en ese período es cierta, pero incompleta. El modelo de estabilidad que vendía el Gobierno González era de cartón piedra, y pudo consolidarse al socaire de una expansión económica internacional sin precedentes y a la política de saneamiento económico de los primeros años de gobierno, dilapidada posteriormente por una nefasta y despilfarradora gestión que llevó al país a la crisis que comienza a principios de los años noventa la más grave que hemos conocido desde el año 1959 y que ha desmantelado gran parte de nuestra industria. P. del C.— ¿ Y que opina de la llamada crisis sucesoria que sufre el Partido Socialista? ¿Qué consecuencias puede tener una u otra de las soluciones que se barajan, al menos de las que públicamente se conocen, para el futuro de la política nacional? J. Ma. A.— El Partido Popular no va a entrar en las quinielas internas, ni va a interferir en la vida de otros partidos. Sin embargo, en la actual encrucijada del país, es importante analizar la orientación política que se vislumbra en el partido del Gobierno, por su influencia en la política nacional, ya que el proceso de sucesión abierto real o ficticiamente se solapa con la lenta agonía de un Gobierno en el final de una época. El problema no es de personas; yo le diría que cualquier candidato será un clónico de González, alguien que ha participado activamente en su proyecto político, que ha intervenido en la toma de decisiones colegiadas de estos años, y que está dispuesto a aceptar una suplencia temporal para cubrir las espaldas a Felipe González. La sucesión de González recuerda a esas muñecas rusas que al abrirlas uno ve que contienen otra igual, pero más pequeña, que a su vez contiene otra. Nunca se acababan, se mantenía el prototipo, pero sus tamaños disminuían hasta límites de lupa. Pero, en cualquer caso, el problema del Partido Socialista no es el de la sucesión personal: su verdadero problema es el agotamiento de su proyecto político, la ausencia de ideas, la falta de un equipo capaz de sustituir a la actual dirección, de tomar el relevo. P. del C.— A juzgar por las declaraciones que oímos y leemos últimamente, el sector guerrista insiste en que Felipe González sea de nuevo en las próximas elecciones generales la imagen del cartel socialista, porque según la opinión descarnada de algunos comentaristas quieren verle masticar lentamente el polvo de la derrota. ¿Qué candidato le viene bien al PP? J. Ma. A.— La peleas de la familia socialista son exactamente eso: peleas de familia, y ya le decía antes que el PP en eso nunca va a entrar. Personalmente, con franqueza, me da igual un candidato que otro. P. del C.— Hace ahora seis años que fue Vd. designado por su partido como candidato a la Presidencia del Gobierno y más de cinco años que fue elegido presidente del pp ¿qué balance puede hacer sobre ese período y cómo es el Partido con el que quiere encabezar un futuro gobierno de España ? J. Ma. A.— Para comenzar, yo diría que ofrecemos a los españoles un partido unido, con un alto grado de cohesión interna, lo que garantiza una sólida base política para el ejercicio del gobierno. Un partido, por otra parte, que garantiza su continuidad porque ha huido de caudillismos, de forma que el partido como institución prevalecerá por encima de temporales liderazgos políticos. Desde el punto de vista ideológico, considerado del modo más global, somos un partido de centro lo que significa ser el partido de las libertades, un partido al servicio del interés general y el partido de las clases medias. Desde esta última perspectiva hay que señalar la apertura indiscutible que se ha operado en estos años en la base social del PP. Ahora se han incorporado profesionales liberales, pequeños empresarios y, lo que más me alegra, trabajadores que votaban a la izquierda por seguir una tradición o porque sentían una prevención ideológica que ya no tienen. Si se ve la lista de afiliados de nuestro partido según categorías sociales, se comprueba que el primer grupo lo forman jóvenes estudiantes y el siguiente empleados del sector de los servicios. En conjunto, la radiografía de la estructura social de nuestros afiliados se superpone con la del país. Por otra parte, los dirigentes del PP constituyen básicamente una nueva generación política, una generación que no ha tenido responsabilidades de gobierno en épocas anteriores. Y también hay que mencionar el proceso de regionalización que ha experimentado el partido durante estos años, acercándose a la realidad plural de España pero manteniendo siempre como una característica esencial el referente político de partido nacional. Los resultados de las últimas elecciones municipales y autonómicas han dado al Partido Popular una amplia victoria en las ciudades, demostrando así que somos un partido de vanguardia apoyado claramente por los sectores más dinámicos de la sociedad. Tenemos hoy una estructura política sólidamente anclada en ayuntamientos y comunidades autónomas, y contamos con equipos de gobierno cualificados con experiencia en administraciones territoriales. Por último, en el plano internacional, nuestro Partido es miembro del Partido Popular Europeo, cuyo próximo Congreso se celebrará en Madrid durante este mes de noviembre, lo que le permite una actuación coordinada con partidos de su misma orientación tanto en Europa como en Iberoamérica. P. del C.— ¿ Cuáles son los fundamentos del cambio que ofrece el Partido Popular para gobernar el país? J. Ma. A.— El cambio que nosotros nos proponemos se basa primero en restaurar la confianza. La confianza en las instituciones democráticas, en el Gobierno de la nación y en el futuro de España. El camino es el del cumplimiento de la ley sin excepciones, el restablecimiento pleno del Estado de Derecho, la austeridad en la administración del dinero público, la transparencia en el ejercicio del poder, la recuperación del Parlamento como eje de la vida política, la vuelta a la neutralidad política del Estado, el desalojo del partidismo, el retorno de la ejemplaridad en los comportamientos políticos, etc. Un Gobierno que ejerza la dirección política honesta, seria y democráticamente es la mejor garantía para un buen funcionamiento del país. Devolver la confianza significa recobrar nuestras posibilidades como país y estar dispuestos a trabajar en un proyecto de todos y para todos. El cambio significa abrir una nueva etapa. Es pasar una página, situarse con horizontes y perspectivas nuevas para todos. Yo considero que el cambio es una necesidad nacional que está por encima de opciones partidistas. Es una propuesta democrática dirigida al país desde la única alternativa de gobierno posible. España está paralizada y sin rumbo: como decía Maura, una cosa es estar en el Gobierno y otra cosa es gobernar. El cambio es un camino democrático para empezar de nuevo a andar, a trabajar, a forjar proyectos, a levantar España. Para volver a empezar con ilusión y esperanza un nuevo proyecto. El cambio se basa, por otra parte, en la continuidad nacional, lo que significa que una nueva generación política toma el relevo de la historia de España para resolver los problemas, no para recrearse en las denuncias y buscar culpables. Es un cambio razonable, tranquilo, sereno y equilibrado; el país necesita estabilidad, mirar hacia delante, no profundizar en fracturas, porque lo normal y democrático es la alternancia. P. del C.— Vistos los fundamentos del cambio que Vds. proponen, ¿podría definirme ahora las prioridades de un futuro Gobierno del Partido Popular? J. Ma. A.— A grandes rasgos: el primer objetivo del Gobierno Popular será la seguridad y la defensa de las libertades. Es decir, asegurar el imperio de la ley, reforzar la lucha contra el terrorismo, el mantenimiento de la seguridad ciudadana y el funcionamiento rápido y ejemplar de la administración de justicia. El segundo eje es la economía, proponemos que nuestro bienestar y calidad de vida sean equiparables a los de las naciones de nuestro entorno europeo. Las tareas primordiales serán crear empleo, propiciar un crecimiento estable a largo plazo, garantizar y mejorar los servicios públicos, especialmente los sociales, y reformar el sistema tributario de forma que no constituya un obstáculo para el desarrollo económico. En tercer lugar, las relaciones EstadoComunidades Autónomas. Necesitamos crear un marco estable para el diálogo y el entendimiento mutuo, y, por supuesto, racionalizar el modelo administrativo y promover una cultura de solidaridad y de responsabilidad fiscal. En el terreno de la política exterior, mi compromiso con la construcción europea es inequívoco, pero sin olvidar nuestra vertiente atlántica, en la que distingo dos campos de acción: el primero, Iberoamérica, donde me niego a seguir con la política actual, llena de retórica y simples gestos. El segundo, nuestra relación con los Estados Unidos, necesitada de fluidez y compromiso, incluso de una forma de cooperación singular. En el resto de políticas sectoriales, mi compromiso está estrechamente vinculado a la garantía de las libertades individuales de los españoles y a su bienestar. P. del C.— Vayamos más allá de las grandes líneas. Vd. ha mencionado el terrorismo, una herida de nuestra democracia que supura constantemente y nunca acaba de cerrarse. En los últimos meses el conflicto se ha recrudecido. ¿Por qué?¿cuál es su diagnostico de la situación? J. Ma. A.— No cabe duda de que el terrorismo es el principal problema, la mas grande de las lacras que tiene nuestro país, y la lucha para erradicarlo tiene para nosotros máxima prioridad. En los últimos meses ETA y su entorno pretenden volver al estado de la cuestión que existía veinte años atrás, cuando en España se encontraba en plena transición a la democracia, ETA y sus colaboradores han intensificado sus actuaciones, bien golpeando directamente, es decir, asesinando, bien de manera indirecta, adueñándose de la calle por el terror, atemorizando a los ciudadanos vascos, impidiendo la libertad de la inmensa mayoría de los vascos que quieren expresar su indignación por el asesinato, los secuestros, la extorsión, que quieren que acabe esta situación, que dicen basta. Frente a esta estrategia de ETA, el talante dogmático e intransigente de algunos líderes nacionalistas resulta preocupante; con sus declaraciones y actitudes contribuyen a crispar y complicar una situación política difícil. La normalidad democrática que exige el País Vasco no parece estar representada por esos políticos, que son el pasado. Mientras que otros partidos han conocido una renovación del liderazgo, los nacionalistas continúan con los mismos líderes desde hace veinte años. El PNV tiene un gran papel que desempeñar en la lucha contra el terrorismo, y en la normalización del País Vasco: por eso tiene que evitar toda ambigüedad; solo así podrá mantener su credibilidad. Y en este mismo orden de cosas me preocupan también ciertas ambigüedades recientes del Partido Socialista de Euskadi. P. del C.— ¿Qué significa la vía irlandesa en el País Vasco? J. Ma. A.— Mire Vd., en esta respuesta voy a ser muy breve: eso de la vía irlandesa en el País Vasco no significa nada. P. del C.— Y ¿dónde están las soluciones? J. Ma. A.— Tiene que quedar muy claro que se deben depurar todas las responsabilidades penales y políticas, pese a quien pese y estén donde estén. Para ello es necesario la formación de un nuevo Gobierno en Madrid que tenga autoridad. Es necesario que se cumpla la ley sin excepciones, para los que se creen con derecho a matar y para los que se han tomado la justicia por su mano. Para ETA, para Jarrai, para HB, para el GAL. Para todos. La depuración de las responsabilidades y el cumplimiento de la ley por todos equivale a la regeneración de la democracia. La democracia, desde el punto de vista jurídicopolítico, se plasma en el Estado de Derecho. La democracia se regenera desde la democracia. Hay que volver a la primacía del eje democratasno demócratas, frente al eje nacionalistasno nacionalistas, y hay que reactivar la unidad de todos frente al terrorismo y en torno a la democracia, y, como ya he dicho, el PNV desempeña un papel esencial para la consecución de ese objetivo. ETA es el mayor enemigo del pueblo vasco. Con armas encima (o debajo) de la mesa no se negocia. La paz solo se puede conseguir desde la dignidad, desde la ley, el resto es una claudicación. La solución está en el Estatuto de Guernica, como un marco amplio que debe dar cabida al entendimiento entre los vascos. El Estatuto de Guernica y también la Constitución, que han sido el punto crucial de regeneración del Estado Derecho, sin olvidar los Pactos de Ajuriaenea. Para colaborar en esa tarea nosotros contamos con un Partido Popular en el País Vasco, un partido muy consciente de la enorme responsabilidad que le ha tocado asumir, que hoy se ha convertido en el centro vasco, en un punto de referencia política y moral en la política vasca. Un partido con una línea de actuación inequívoca, con una personalidad propia y abierta, que mantiene la firmeza democrática y estatutaria ante fenómenos de desmoronamiento como el que se ha producido en el Partido Socialista de Euskadi. El Partido Popular en el País Vasco es un antídoto frente al desencanto político del país, un estímulo para su normalización política y su recuperación económica. En fin, para terminar, no quiero dejar de manifestar mi añoranza por ese espíritu vasco que impregnó la historia del País Vasco y la de España durante siglos. Ese vasco sobrio, espiritual, con un gran empuje empresarial, el hombre ilustrado, el vasco cuya palabra iba a misa, el ecuánime, el hombre justo y razonable. Así fue siempre el vasco, y lo volverá a ser, porque es imposible que unos pocos puedan con tantos valores acuñados durante tantos siglos. Nuestra fe y nuestra esperanza están con ellos. P. del C.— Ya en otra dimensión de los problemas de seguridad, España ha sufrido en los últimos quince años un incremento notable de la delincuencia: de las 541.000 infracciones denunciadas en 1980 se ha pasado a 1.561.000 en 1994. ¿Qué hay que hacer para detener este avance de la criminalidad? ¿cómo puede conseguirse mayor seguridad ciudadana en nuestros pueblos y ciudades? J. Ma. A.— El incremento de la inseguridad ciudadana no es una consecuencia natural de la modernización de la sociedad, esa es una tesis que me niego a aceptar. Es, desde luego, un fenómeno patológico, que debemos combatir con el máximo rigor. Ciertamente, el fenómeno de la droga, el crecimiento de bolsas de marginación, la crisis de valores y el desarraigo de parte de nuestra juventud ha contribuido a la preocupante extensión de la inseguridad, sobre todo en las grandes ciudades. Necesitamos nuevas políticas para atajar esas causas. Pero, al mismo tiempo, hay que restaurar el respeto a la ley. ¿Qué valores se están transmitiendo en determinados medios a las nuevas generaciones? La exaltación de la violencia, de la agresividad y del individualismo sin norte crean un clima propicio a las conductas antisociales. Los poderes públicos no pueden hacerlo todo, pero sí deben mejorar el marco legal y social para que la sociedad esté defendida. Por lo que se refiere a las medidas operativas de seguridad ciudadana, es evidente que tenemos que tomar iniciativas. Las calles tienen que estar mucho más protegidas, hay que establecer una policía de barrio de verdad, con la que los ciudadanos sintonicen y se identifiquen. Hay que mejorar la capacidad de actuación de las fuerzas de seguridad y darles una nueva moral. Y es imprescindible delimitar claramente las funciones de los diferentes cuerpos de seguridad, asegurando la coordinación entre ellos. P. del C.— Sin duda, una de las causas del aumento de la delincuencia es el problema del narcotráfico, y en general, la presencia de la droga en nuestra sociedad. ¿ Cómo evalúa la labor del Gobierno socialista en este terreno? ¿Qué otras medidas desarrollaría un Gobierno del Partido Popular? J. M A.— Cuando, en 1983, el Gobierno socialista reformó el Código Penal despenalizando la tenencia de drogas para el consumo y el propio consumo, lo que consiguió fue convertir a España en un zoco semiliberalizado para la droga. Desde el punto de vista ideológico, la visión socialista en este tema, como en tantos otros, transformó en sinónimos los términos democracia y permisividad: lo progresista era una libertad mal entendida que implicaba la despenalización de conductas que contribuyen a atentar contra la salud. El consumo de drogas no afecta solamente a quien las consume, sino que pone en riesgo la estabilidad de las personas que conviven con el consumidor, degradando las siempre frágiles libertades individuales. Las medidas que proponemos no se van a limitar a la prevención, a la rehabilitación, al cumplimiento íntegro de las penas impuestas a los traficantes, al aumento de los medios en la lucha contra el narcotráfico y contra el blanqueo de capitales, sino que vamos a convertir la cooperación interestatal y la presencia de España en los foros internacionales antidroga, en un objetivo esencial. P. del C.— El debate sobre la conveniencia o no de legalizar las drogas blandas es recurrente en España y en otros países; periódicamente, la discusión vuelve a cobrar ciertas energías. ¿ Cuál es su opinión en esta materia? J. Ma. A.— En primer lugar, me niego a suscribir esa distinción maniquea drogas durasdrogas blandas, y, en consecuencia, a admitir diferentes formas de tratamiento y diferentes niveles de rotundidad a la hora de abordar el problema, sean las drogas de un tipo o de otro. Mi rechazo es total y mi permisividad nula con respecto a la tenencia y consumo de cualquier clase de drogas. P. del C.— En relación a la Justicia, Vd. ha defendido la necesidad de reforzar la independencia del poder judicial. ¿ Qué iniciativas cree Vd. necesarias a tal fin? ¿Qué van Vds. a hacer para acelerar el lento funcionamiento de la justicia española? J. Ma. A.— Nuestra sociedad necesita una recuperación del genuino valor de la justicia que no puede acomodarse a conveniencias, ni siquiera a la llamada razón de Estado. Y me interesa resaltar a este respecto el valor de la sanción. La sanción no puede reducirse a sus efectos disuasorios o ejemplarizantes, ni a la recuperación social del delincuente. Podemos y debemos hacer lo que esté en nuestra mano para que se produzca, pero no podemos construir un sistema penal y penitenciario que prescinda del valor de la justicia. Yo considero que la justicia, como sustento capital del Estado de Derecho, se encuentra con obstáculos graves para cumplir su misión de modo satisfactorio. Es necesario dotar a la administración de justicia de un mayor número de medios humanos y materiales. Hay que lograr una mayor eficiencia, reformando los procedimientos para que las decisiones judiciales no se eternicen. Es necesario, por otra parte, reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de manera que se garantice el predominio efectivo de los jueces en el Consejo General del Poder Judicial. Hay que modificar igualmente el Estatuto del Ministerio Fiscal, potenciando la imparcialidad, objetividad y profesionalidad del Fiscal General del Estado. Pero más importante que las reformas legislativas es la modificación de actitudes y conductas, para que las instituciones vuelvan a funcionar como deben y la democracia se asiente en sólidas reglas del juego. P. del C.— La política económica constituye la clave del arco de toda alternativa política, y se dice que el PP tendrá que hacer una política económica muy similar a la del Gobierno socialista, ya que carecerá de margen de maniobra si quiere cumplir los objetivos de Maastricht. ¿Es realmente posible otra política económica? J. Ma. A.— Por supuesto. El Partido Socialista pensó que el crecimiento económico podía venir del aumento del gasto y de la intervención pública, de ahí el déficit, la deuda, la inflación y el nivel de nuestros tipos de interés. Pero, sobre todo, de ahí procede nuestro nivel de paro: ésa es la auténtica herencia de los socialistas. Por eso, el primer objetivo de nuestra política económica va a ser la creación de empleo. Para lograr ese objetivo es necesario el saneamiento de nuestras finanzas públicas, que no solo constituye un objetivo relacionado con la Unión Europea, a la que debemos orientarnos prioritaria y decididamente, sino que es una condición para la recuperación de nuestra maltrecha economía. Los socialistas ignoraron no solo la superioridad del mercado para crear riqueza, sino también la imposibilidad de llevar a cabo políticas expansivas, basadas en el aumento incontrolado del gasto y el endeudamiento, en el seno de una economía abierta e internacionalizada. Nosotros sabemos, en cambio, que el sector privado puede crear los empleos estables que necesitamos; por ello son imprescindibles más empresas y mejores, y es urgente favorecer el ahorro familiar y la inversión privada. El Partido Popular tiene como objetivo reducir el paro y el déficit público respetando los acuerdos de Maastricht, pero también va a abordar la reforma de la Administración Pública, para hacerla más eficaz y evitar duplicidades de gasto. Reformaremos la empresa pública para hacerla eficaz, desarrollaremos un serio programa de privatizaciones y haremos una amplia reforma fiscal que sirva para fomentar el ahorro y la inversión, y que permita acabar con el fraude fiscal. Solo si crecemos aumentando sustancialmente nuestra tasa de empleo y ocupación estarán verdaderamente asegurados los servicios sociales básicos, fruto de un pacto de solidaridad en una nación moderna, con los que el Partido Popular está comprometido, como son una buena educación, una sanidad eficaz, y unas pensiones suficientes para todos. P. del C.— ¿Y está Vd. seguro de que las cuentas cuadran? ¿Es posible controlar el déficit público, reduciendo el gasto a la vez que los impuestos ? ¿ Cómo es posible que no se vean perjudicados los servicios públicos ? J. Ma. A.— En una economía moderna y abierta el déficit no es un instrumento de política económica, sino un grave lastre para nuestro crecimiento futuro. El control del déficit es el más importante de los criterios de convergencia, ya que constituye una de las causas últimas del desempleo, al provocar tensiones inflacionistas y la subida de los tipos de interés. El control del déficit y la reducción del gasto público van a realizarse con absoluta garantía de los servicios sociales básicos de sanidad, educación y pensiones. La mejora de estos servicios permitiendo, en ocasiones, la concurrencia de la iniciativa privada en su gestión determinará ahorros presupuestarios y mejoras en la calidad del servicio ofrecido a los ciudadanos. También nos proponemos aumentar las inversiones en infraestructuras como factor de cohesión territorial y como requisito para la competitividad y el crecimiento económico. Es necesario reducir de forma sustancial los gastos corrientes de funcionamiento del sector público, congelando incluso las plantillas de funcionarios de todos aquellos servicios en los que sea posible, y suprimir altos cargos y organismos inútiles. Con respecto al Presupuesto, el Partido Popular exigirá una exhaustiva revisión de todas las partidas de gasto y de las tareas encomendadas a todos los organismos públicos. También hay que alcanzar un acuerdo con las Comunidades Autónomas y municipios para suprimir duplicidades administrativas y de gasto: este es el significado de la Administración Única. Debemos acabar con la discrecionalidad en las modificaciones presupuestarias y las partidas de gastos difusos, e, igualmente, nos proponemos reforzar el papel de la Intervención del Estado, reintroduciendo la intervención previa como elemento de control y garantía de ejecución del Presupuesto. Y en esa misma dirección proponemos la creación de la Oficina presupuestaria, dependiente de la Presidencia del Gobierno y el refuerzo de los medios y competencias del Tribunal de Cuentas. P. del C.— Por su contundencia en el control presupuestario y en la reducción del gasto público, parece Vd. decidido a poner fin a ese estado permanente de democracia en déficit, a ese círculo vicioso deudainflación que caracteriza a las democracias consolidadas. ¿No le parece excesivamente utópico? J. Ma. A.— En absoluto. El hecho de que para algunos la política se limite al arte de aplicar en cada época la parte del ideal que las circunstancias hacen posible no significa que el proyecto que encabezo se resigne a formar parte de ese grupo de políticos que adoptan lo que más les conviene. Los desequilibrios presupuestarios no son inevitables, al menos hasta el punto en que han llegado a serlo durante estos años de gobierno socialista. Soy partidario de la recuperación de una permanente responsabilidad y autocontrol no solo fiscal que quiero que impregne toda mi acción de gobierno. P. del C.— ¿ Y en qué consiste, con la mayor precisión posible, su propuesta de reducción de impuestos? J. Ma. A.— La reducción del déficit tiene que venir a través de la reforma del gasto público y no del aumento de la presión fiscal, y este es un elemento esencial que nos separa de los socialistas. El rápido crecimiento de la presión fiscal en los últimos trece años ha llevado a nuestro país al límite de nuestra capacidad fiscal. El sistema fiscal se ha complicado hasta el punto de hacerse ininteligible para la mayoría de los ciudadanos, perdiendo legitimidad y aceptación social. El fraude fiscal, según las estimaciones oficiales, alcanza proporciones alarmantes. Un sistema fiscal que funcione tiene que basarse en el cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes. Para ello es necesario un marco normativo estable y una administración tributaria eficaz que se debe basar en su aceptación por parte de los ciudadanos. La elaboración de un Estatuto del Contribuyente es un objetivo fundamental para garantizar el derecho de todos a que los impuestos se paguen de forma equitativa. La reforma de nuestro sistema fiscal tendrá un doble contenido: por un lado, la reforma sistemática de las principales figuras impositivas para lograr su simplificación, y, de otro, la reforma de la administración tributaria para hacerla más eficiente en el servicio de los contribuyentes y en la lucha contra el fraude. La reforma de la imposición directa tiene que ir dirigida a incrementar el ahorro de las familias y la inversión privada. Para ello, nuestro objetivo es la reducción y simplificación de la tarifa del Impuesto sobre la Renta, de forma que con un tipo de máximo lo más cercano posible al del Impuesto de Sociedades, todos los contribuyentes paguen menos por el IRPF, y también el uso de la imposición directa como un instrumento central de una política de clara ayuda a la familia. Por último, se hace también necesario la revisión del sistema de tributación de los fondos de pensiones. Hay que incentivar los complementos de pensiones que libremente quieran los ciudadanos, como modo de lograr un ahorro estable a largo plazo, necesario para el aumento de la inversión, el número de empresas y el empleo. P. del C.— Vds. dicen que llevarán a cabo un programa de privatizaciones, algo que por lo demás ya ha empezado a desarrollar el Gobierno socialista. En términos globales ¿hay diferencias entre su programa y el del Gobierno en esta materia? Y si así fuera, ¿en qué consiste la política que Vds. proponen? J. Ma. A.— Las privatizaciones son parte esencial de un programa económico destinado a volver a equilibrar el papel del Estado y el de los agentes económicos privados. Bajo los gobiernos socialistas, el sector público empresarial ha sido un agujero negro con un saneamiento permanente. En diez años, entre transferencias de capital, subvenciones y asunciones de deuda, el presupuesto ha transferido muchos billones de pesetas a las empresas. Ha habido subsidios encubiertos de las empresas con beneficios para las deficitarias. En todo caso, la política de privatizaciones ha de tener muy en cuenta que tenemos que desarrollar un política de industrialización del país, lo que para nosotros constituye una prioridad. Nuestro programa de privatizaciones tiene dos componentes: privatización del sector público empresarial y facilitar la concurrencia de la iniciativa privada en la gestión de los servicios públicos. La privatización de la empresa pública no es un instrumento para obtener recursos, para reducir el déficit, sino algo necesario para ganar eficacia económica. El Estado no tiene porqué competir de forma burocrática y desleal con las empresas para ofrecer bienes y servicios privados. La concurrencia del sector privado en la gestión de servicios públicos como la sanidad, el transporte, las comunicaciones o la educación, tienen como objetivo la mejora de la calidad de los mismos y la reducción de precios para los consumidores, y también el de posibilitar la libre elección donde sea técnicamente posible. P. del C.— Y, para terminar con la política económica: en los últimos meses están hablando Vds. con una cierta frecuencia del empleo estable ¿Qué significa este concepto? ¿Cree Vd. que la reforma laboral no ha sido suficiente? J. M A.— Es evidente que la reforma laboral de 1994 no ha sido suficiente para que en España se cree empleo al ritmo necesario que permita acabar con esa lacra que es el paro, y que tanto nos diferencia de otras economías de los países miembros de la Unión Europea. Se continúa destruyendo empleo indefinido, mientras que se ha generalizado el empleo temporal, una modalidad de auténtico empleo a término, en la que los trabajadores y empleados conocen la fecha en la que se extinguirá la relación laboral. Esa situación está provocando inseguridad y ansiedad en los trabajadores y sus familias, haciendo que los empresarios inviertan poco en formación profesional, tan necesaria para asegurar el futuro de las empresas y de nuestra economía, y fomentando los empleos de baja cualificación. El Partido Popular defiende el empleo estable. Para esto es necesario que el mercado de trabajo funcione adecuadamente. Somos el país europeo con más modalidades de contratación laboral. Hay que ir a los contratos estables, por razones económicas, políticas y morales, lo que implicará una mayor movilidad dentro de la empresa y del sector económico correspondiente. Mayor movilidad comporta mayor flexibilidad organizativa y mayores posibilidades de que las empresas puedan adaptarse a las cambiantes circunstancias del mercado de forma rápida y eficaz. Para que los trabajadores y las empresas puedan acomodarse a estas diferentes situaciones se hace necesario un gran esfuerzo de formación al que tienen que contribuir las empresas, los trabajadores y los poderes públicos. Tenemos que transformar los servicios de protección a los parados en auténticas agencias de formación. Esto obliga a que los parados estén dispuestos a reciclarse y adaptarse a las demandas que vayan apareciendo en el mercado. Si los españoles hacemos un auténtico y serio esfuerzo de adaptación y formación permanente, podremos hacer crecer el empleo. Creo también necesaria la modificación del sistema de negociación de convenios colectivos, para adaptarlo a las condiciones individuales de productividad de cada empresa. Desde luego hay que intentar pactar una reforma laboral en profundidad con los agentes sociales, pero sin perder de vista que resulta una condición imprescindible para reducir la alta tasa de paro que tenemos en estos momentos. P. del C.— Continuando con las líneas maestras de su programa, Vd. ha manifestado en otras ocasiones que en los próximos años hay que culminar el proceso, aún abierto, del Estado de la Autonomías. ¿Qué hay que hacer para ello? J. Ma. A.— Permítame que, antes de contestar a su pregunta, le confiese que una de las experiencias que conservo más viva desde la última campaña electoral es el vigor con que la idea de la necesidad de una mayor cohesión nacional, de una mayor solidaridad entre todos los españoles, está calando en nuestras gentes. El Partido Popular debe dar una respuesta política a esa aspiración. El verdadero sentido del Estado de las Autonomías consiste en la necesidad de vertebrar de la mejor manera posible la realidad de la España plural. La construcción del Estado de las Autonomías exige dos líneas de acción, que han de afrontrarse con decisión. La primera es la creación de fórmulas eficaces para hacer que las Comunidades Autónomas participen claramente en la formación de la voluntad del Estado; desde esa perspectiva, el Senado ha de ser, a mi juicio, una pieza esencial para lograr ese objetivo. Y, en segundo lugar, nuestro Estado necesita serias reformas en los aspectos administrativos, para evitar duplicidades y crecimiento superfluo de las maquinarias burocráticas. Nuestro modelo de Administración Única pretende resolver esta cuestión. El reto consiste en que el Estado de la Autonomías, además de ser eficaz, no nos cueste más que el estado centralista. P. del C.—Y, en relación a la política exterior ¿cuáles son los ámbitos de actuación prioritarios para el Partido Popular? J. M. A.— Antes de todo España tiene que afirmar sin titubeos su irrenunciable compromiso europeo, convirtiéndose en fuente y punto de referencia de las iniciativas para la construcción europea. El futuro de España hay que ganárselo en Europa, no resignándose a ser un miembro de segunda fila de la Unión Europea, por lo que hay que hacer el esfuerzo para estar en la primera fase de la unión económica y monetaria. Además, debemos desarrollar al máximo el modelo de nuestra participación en la OTAN y reforzar los lazos con los Estados Unidos. Por otra parte, necesitamos una relación estable con los países del norte de África para contribuir a la estabilidad de la zona, y, por último, es esencial y prioritario aumentar la presencia española en Iberoamérica, consolidando nuestro papel de interlocutor natural entre estos países y Europa. P. del C.— Hablemos un poco más de la Unión Europea. En 1996 está previsto que se celebre una Conferencia Intergubernamental acerca del futuro de la misma. A su juicio, ¿cuáles deben ser los puntos prioritarios que debe defender España ? Y, más específicamente, ¿deberían plantearse reformas de carácter institucional respecto del tratado de Maastricht? Y, si es así, ¿en qué dirección? J. Ma. A.— Con frecuencia se exageran, a mi juicio, los problemas institucionales. Para España, las reformas institucionales, por necesarias que sean y en algunos aspectos lo son no constituyen la máxima prioridad. Le pondré un ejemplo que puede ser útil. ¿Habría sido más eficaz la acción de la Unión Europea en la exYugoslavia si las decisiones se hubiesen podido adoptar por mayoría en lugar de tener que tomarse por unanimidad? Yo no lo creo. El problema radica en que los Estados miembros no han sido capaces de definir cuál es el interés europeo en el conflicto de Bosnia, al modo, por ejemplo, en que los EstadosNación definen sus intereses nacionales. Con ello quiero decir que para que la opinión pública española pueda aceptar solidariamente decisiones sobre crisis, problemas o conflictos de los que se encuentra histórica, cultural y geográficamente alejada ha de tener la garantía de que Iberoamérica y el Mediterráneo son de interés europeo, es decir, objetivos permanentes y esenciales de la política exterior de la Unión. Solo entonces sería posible reducir, que no suprimir, el ámbito de aplicación de la regla del consenso en la política exterior y de seguridad. El ejemplo que acabo de poner se puede hacer extensible a otras políticas comunitarias, como la Política Agraria Común, la Política de Pesca, etc. Cuando los intereses vitales de España estén en juego, la regla del consenso es la que, hoy por hoy, garantiza mejor su defensa. Desde otra perspectiva, creo que el porvenir de la Unión estará más democráticamente asegurado si se prevé de un modo explícito una participación razonable de los Parlamentos nacionales en los que están o pueden estar involucrados intereses vitales de los Estados miembros, sin dañar la capacidad de compromiso que deben tener los representantes de éstos en el momento de la decisión. España debe, desde luego, contribuir al éxito de la Conferencia Intergubernamental. La CIG debería, a mi juicio, perseguir principalmente un objetivo de perfeccionamiento institucional que garantice los equilibrios internos de la UE ante la ampliación, así como la democracia, eficacia y transparencia de los procesos de decisión tanto del Parlamento Europeo como de la Comisión. P. del C.— La última ampliación de la Unión fue objeto de controversia entre los gobiernos de los países miembros. El Gobierno socialista era, por ejemplo, partidario de la profundización antes de incorporar nuevos socios mientras que el Gobierno del Sr. Kohl defendió con ardor la posición contraria. Todavía un buen número de la nuevas democracias del Este desean incorporarse en plazos relativamente breves. ¿ Cuál es su posición sobre una futura ampliación? ¿Cuáles han de ser sus límites? J. M. A.— Soy partidario de la ampliación, entre otras cosas porque, como dice Dahrendorf, la ampliación es una buena forma de hacer caminar la Unión Europea. Lo que me parece importante es que, al mirar al Este, Europa no olvide el Mediterráneo, que es donde está ubicada España, por que es sin duda un área esencial desde el inicio de las civilizaciones. Un área casi siempre en conflicto (Israel, Yugoslavia, Argelia....) y que requiere una atención prioritaria, valiente e imaginativa. Los conflictos en el Mediterráneo nunca son locales y siempre terminan por arrastrar a otros países del entorno. P. del C.— La moneda única también constituye un objetivo polémico; por un lado destaca la oposición del Gobieno conservador británico, pero, por otro, no hay que olvidar la fuerte y reiterada resistencia que se observa en la opinión pública alemana a perder la seguridad y estabilidad que les proporciona el marco. En su opinión, ¿interesa a España defender la moneda única ? J. M*. A.— La moneda única es un objetivo para España. En mi opinión debemos hacer un esfuerzo por cumplir las condiciones que permiten la adopción de la moneda única. Es más, debemos defender la interpretación y, por lo tanto, el cumplimiento más estricto posible de los criterios del Tratado de Maastricht, porque me parece el mejor camino para asegurar una economía sana y un crecimiento económico sostenido y estable en un mundo de economía internacionalizada. Sin embargo, no sería bueno para España, ni para la propia unión monetaria, favorecer o decidir el paso a la moneda única por meras razones políticas. P. del C.— Dice Vd. que la política exterior española debe reforzar su dimensión atlantista, ha llegado a decir que España debe ser más atlántica . ¿ Qué significa esa afirmación ? ¿ Qué hay que hacer, cuáles son los instrumentos, para alcanzar ese objetivo? J. M A.— Ha sido frecuente la tendencia a encasillar a España como país exclusivamente mediterráneo, lo que ha hecho que nuestro rostro atlántico, el que mira hacia América, haya carecido de nitidez a la hora de diseñar nuestra política exterior. Yo he dicho en alguna ocasión que debemos recuperar lo que Braudel llamó el destino transatlántico de España. Y para ello, España debe articular una política de relaciones especiales con las dos Américas, la que habla español y portugués y la anglosajona. Nuestros compromisos europeos no pueden ser obstáculo sino un complemento. La disyuntiva de una España europea o atlántica es una trampa inaceptable. Para ello, y en especial por lo que se refiere a nuestras relaciones con Iberoamérica, hay que desterrar viejos planteamientos nacionalistas o populistas en el diálogo con esos países, y partir de una cultura e historia común. Es necesario compartir mercados, colaborar con mayor esfuerzo en los foros internacionales, incluir en la acción de la Unión Europea a esa área geográfica. Tenemos que hablar un lenguaje nuevo, el lenguaje de un mercado creativo, eficaz y productivo en cuya construcción los avances tecnológicos desempeñarán un papel protagonista. Hay que recordar que nuestra historia nos enseña que la mejor contribución al bienestar del país, de Europa y del mundo se ha producido cuando hemos tenido horizonte y visión exterior. P. del C.— Sus viajes a diversos países iberoamericanos en estos últimos años el último muy reciente parecen evidenciar que está Vd. muy interesado en que nuestra política exterior otorgue un fuerte protagonismo a la relación de España con Iberoamérica. ¿Podría concretar algunos de los puntos en torno a los que debería girar esa relación durante los próximos años? J. M. A.— El gran activo de España en el mundo es su civilización y su cultura. Por eso me parece esencial intensificar los lazos con todos los países de habla española. Conozco bien los países iberoamericanos y va a ser una prioridad de nuestra política exterior avanzar en la creación de una auténtica Comunidad Iberoamericana. Con los medios modernos de comunicación, esto ha dejado de ser un tópico para convertirse en un campo real y fecundo de acción política, económica y cultural. España debe, además, volcar todo su peso para que la Unión Europea tenga una dimensión iberoamericana permanente en su actuación exterior. Podemos desempeñar un papel muy positivo, colaborando, junto con la Unión Europea, para que Hispanoamérica se incorpore a la nueva economía globalizada. Nuestro interés es facilitar al máximo la apertura e incorporación de esos países, por el vigor de esos mercados emergentes y por nuestra favorable posición de partida. Yo diría que es incluso más que favorable en la medida en que se trata de un amplio mercado audiovisual y cultural. Las empresas españolas, los profesionales, los universitarios deben conocer profundamente, descubrir y volcarse en las grandes posibilidades que existen hoy en Iberoamérica. P. del C.— Una pregunta más, para concluir con los asuntos de dimensión internacional: la reanudación de las pruebas nucleares que el Gobierno de Chirac ha reemprendido en Mururoa ha despertado una fuerte ola de protestas en las opiniones públicas, a la que se han sumado algunos gobiernos. Vd. ha sido acusado de tratar, cuando menos, con exceso de cortesía la decisión del Gobierno francés. ¿ Cuál es su posición en términos generales sobre las pruebas nucleares? No conozco a nadie que simpatice con las pruebas nucleares. Yo tampoco, y mi posición es clara. Celebro que haya sido iniciativa del Partido Popular la propuesta de ratificación del Tratado de No Proliferación Nuclear y me alegro de que, en la reunión de Formentor, Chirac se haya comprometido a no realizar más pruebas nucleares después de 1996. P. del C.— Me interesaría ahora abordar brevemente dos cuestiones centrales en la definición de una política de Defensa. En primer lugar, Vd. ha manifestado que el presupuesto que el Gobierno socialista dedica a Defensa es escaso. ¿Significa esto que un Gobierno del Partido Popular va a realizar un mayor esfuerzo presupuestario en este área? y, si así fuera, ¿cuáles son las razones para ello? J. M. A.— El presupuesto asignado a Defensa ha ido, como es conocido, sufriendo restricciones en los últimos años. Yo considero que al menos hay que equipararlo al que asignan otras naciones de nuestro nivel, y eso constituye una muestra de responsabilidad internacional. No podemos resignarnos a mantener las carencias actuales; mi preocupación básica es lograr una capacidad operativa que garantice la seguridad nacional y contribuya a la seguridad europea e internacional. Pero, más allá de las cuestiones presupuestarias, a mí me preocupa mucho el clima de indiferencia social que se ha generado en relación con las cuestiones de la Defensa, como si no hubiera ni problemas ni riesgos. La seguridad de la Nación tiene que estar fuertemente anclada en la identificación de los ciudadanos con la política de Defensa, por lo que es un objetivo que tenemos que desarrollar. P. del C.— Seguimos con este tema: el PP ha planteado una reducción del servicio militar obligatorio. ¿Es una propuesta viable? ¿No considera que ha llegado el momento de dar el paso hacia la formación de un ejercito profesional? J. M*. A.— Creo que sí, pero sin olvidar en ningún momento que la sociedad española necesita asumir con claridad que nuestro país tiene unos requisitos mínimos de seguridad, que deben estar obligatoriamente cubiertos. Indudablemente, en los tiempos que corren, la cooperación para la Defensa en el seno de la OTAN y en el marco de las Naciones Unidas, y los avances tecnológicos nos exigirán una profesionalización progresiva de las Fuerzas Armadas; pero manteniendo el compromiso ciudadano con la Defensa. P. del C.— Me gustaría abordar ahora algunas políticas sectoriales, comenzando por cultura y educación. Dentro del claro reparto de tareas que Vd. ha ido asignando al Estado y a la sociedad a lo largo de toda nuestra conversación, ¿qué papel deben desempeñar los poderes públicos en el campo cultural?, y ¿cuál es la misión de la sociedad en relación con la cultura? J. Ma. A.— Cualquier explicación de la futura política cultural de un gobierno del PP debería empezar por aclarar nuestra forma de entender la cultura española, a la que no vemos como la simple suma de las culturas de los pueblos de España, como pretenden algunos, sino como su síntesis. Todas las manifestaciones de la cultura, incluida la lengua, se hallan enmarcadas en una herencia histórica común, resultado del cruce y de la pervivencia de elementos a lo largo de los siglos. Sin la herencia compartida y no divisible de España en sus diferentes épocas, sufriríamos un inmenso empobrecimiento, que daría lugar a la pérdida del sentido integrador de nuestra historia y de nuestra cultura. Respondiendo a su pregunta, creo que el Estado debe centrar su acción en la conservación y difusión de los dos elementos más universales de nuestro legado cultural: la lengua española con sus letras y el patrimonio artístico en todas sus manifestaciones, sin perjuicio de su actuación en el terreno de la educación o en el de la investigación científica. Pero, a diferencia de lo que ocurre en estos momentos, correspondería a la sociedad apoyar la creación intelectual, literaria y artística, y también colaborar en el sostenimiento de la investigación científica. Todo ello en un marco favorable de libertad y estímulo establecido por los poderes públicos. Nuestra política cultural no va a ser dirigista, sino de fomento: la cultura, la ciencia, el arte o la educación no son del Estado, sino del país. En estos campos la política tiene obligaciones y no derechos. Por tanto, no puede haber clientelismos ni partidismos, ni en el caso de las personas ni de los grupos, ni de las escuelas, ni de las regiones. Solo los individuos y las instituciones sociales han de ser los verdaderos protagonistas de la vida cultural en una democracia. P. del C.— En el terreno de la educación se ha logrado en España la plena escolarización, y hay aproximadamente 1.400.000 universitarios. ¿ Considera que está ya resuelto el problema educativo? ¿Cuáles son las bases de la política educativa del pp? J. Ma. A.— En la etapa de la UCD se alcanzó la plena escolarización, lo que fue un gran paso para la modernización de España; pero pensar que con ello está resuelta la cuestión educativa, es una equivocación. En el PP estamos realizando una profunda reflexión sobre nuestro sistema educativo y sus patologías, con la ayuda inestimable de maestros, educadores, expertos y padres de familia. Todos manifiestan su preocupación por el bajo rendimiento de nuestra escuela, por las orientaciones equivocadas que se han impulsado desde el Gobierno en los últimos años, por la burocratización y rigidez del sistema educativo, por la desmoralización de los profesores. Si lo examinamos desde cerca, nuestro sistema educativo vive una crisis de enorme envergadura. Por ello, una nueva política educativa va a ser una de las prioridades de un futuro Gobierno del Partido Popular. Dos van a ser los ejes de esa política: la libertad y la calidad. La libertad, porque, a pesar de que la Constitución garantiza la libertad de enseñanza, la política educativa del PSOE ha cercenado este principio constitucional. El Estado no tiene por qué limitar la libertad de elección de centros por parte de los padres. Adoptaremos todas las medidas necesarias para hacer realidad este derecho, que me parece irrenunciable. Y, además, estamos convencidos que sin libertad no es posible ganar la batalla de la calidad. Dar calidad a nuestro sistema educativo va a ser una tarea que exigirá un gran esfuerzo de toda la sociedad. Requerirá la colaboración de los profesores y de las familias. Necesitará medidas para devolver a la escuela la dignidad que merece como institución y para darle la capacidad, con la máxima autonomía posible, para cumplir su misión. Debemos recuperar el papel esencial de las humanidades: creo, por ejemplo, importante que la historia de España se estudie más y mejor. Y daremos el paso de garantizar la educación básica a todos los españoles, con la implantación de la gratuidad de los tres a los dieciséis años. P. del C.— ¿ Y qué me dice del espinoso tema de la formación profesional? J. M A.— El gran fracaso de la política de formación profesional en los años 80, y en estos últimos años, ha tenido unas consecuencias nefastas para nuestra economía, para el empleo, y para los problemas que padecen nuestros jóvenes. La masificación de nuestras universidades se deriva directamente de la carencia de una alternativa de formación profesional. Hemos perdido unos años decisivos, lo que nos obligará a volcarnos inmediatamente en la creación de las condiciones para que los jóvenes españoles puedan orientarse, tras sus enseñanzas medias, hacia el aprendizaje profesional. Vamos a elaborar un gran plan nacional de formación profesional, con la colaboración de las empresas, porque consideramos que es esencial para la creación de empleo y para la revitalización de nuestro tejido industrial. La clave es dar una oportunidad atractiva a nuestros jóvenes. Las experiencias de otros países nos muestran la viabilidad de este objetivo. Si en España ha fracasado es porque no ha habido voluntad política para ello. P. del C.— En el año 1995 la sanidad española ha conocido uno de los conflictos más agudos de los últimos años. ¿ Tiene el PP alternativa al actual sistema sanitario? J. M A.— Tal y como está concebido el sistema sanitario en su conjunto es imposible que sea capaz de gestionar eficazmente los más de cuatro billones de pesetas en los que se cifran sus recursos actuales. Los ciudadanos demandan unas prestaciones sanitarias más humanas, de mayor calidad y que le tengan en cuenta, y la mejor forma de facilitar esta demanda es posibilitar la capacidad de elección de médico, cosa que se ha empezado a hacer muy tímidamente por los actuales responsables de la sanidad española y nosotros nos proponemos llevar a cabo en toda su extensión. La sanidad pública española es cara, y se encamina, de continuar como hasta ahora, a una situación que será difícilmente financiable. El origen del alto coste y de la insuficiente calidad de la asistencia sanitaria que presta el Estado se debe a la imposibilidad del sistema de actuar con criterios de racionalidad económica. Por eso, creemos que, permitir la concurrencia de la iniciativa privada, introducirá una mayor eficacia en la gestión. P. del C.— La vivienda ha llegado a convertirse en una pesadilla para los españoles, en especial para los más jóvenes. Vd. ha hablado del fracaso de la política de vivienda de los gobiernos socialistas. ¿Cuáles son las razones de ese fracaso? ¿Qué haría un gobierno del Partido Popular? J. M. A.— Es cierto que el problema de acceso a la vivienda es gravísimo en las grandes ciudades. Hay que decir, en primer lugar, que el alto precio de los pisos no se debe a los costes de la construcción. El causante, como sabemos, es el precio del suelo. Aquí radica uno de los errores de las políticas socialistas en materia de vivienda, porque su modelo de urbanismo rebosaba rigidez planificadora y convertía al suelo en una de las fuentes de ingresos para las arcas municipales. Hay que caminar en la dirección inversa. Primero, ampliando la oferta de suelo en el mercado a precios asequibles y flexibilizando las normas de calificación. Segundo, reformando las haciendas municipales para que no necesiten del suelo como fuente esencial de financiación de sus gastos. El otro factor que grava el precio de la vivienda es el alto coste de los créditos. Por eso, entre otros motivos, es tan vital para nuestra sociedad que bajen los tipos de interés. Los despilfarras del sector público, el gasto y los déficit desmesurados son directamente culpables de que las nuevas generaciones no hayan podido tener en estos años un acceso razonable a la vivienda. Y tengo que decir, además, que pretender resolver el problema sirviéndose únicamente de los planes de promoción pública es sencillamente una equivocación. Porque ofrecer viviendas a precios notablemente inferiores a los del mercado es convertir a sus beneficiarios en privilegiados. Y, ¿no estará creando este sistema bolsas de corrupción? Yo estoy convencido de que con las medidas que acabo de señalar el mercado de la vivienda va a caminar en una dirección distinta a la de los últimos años. Una nueva política económica y un nuevo comportamiento de los ayuntamientos en materia urbanística harán posible el acceso a la vivienda a precios razonables. Tengo la convicción de que será una batalla que ganaremos en los próximos años. P. del C.— La preocupación de la opinión pública por el medio ambiente constituye uno de los rasgos sobresalientes de las sociedades avanzadas. La conciencia medioambiental de los españoles, como muestran algunos estudios recientes, es todavía relativamente baja, comparada con otros países de nuestro entorno, es decir, que se encuentra en vías de desarrollo; pero, en todo caso, ha adquirido ya una dimensión importante. ¿ Cuáles son los ejes esenciales de su propuesta para la defensa del medio ambiente? J. Ma. A.— Nuestro grupo parlamentario ha presentado una proposición de Ley General de Medio Ambiente que contiene los principios y criterios básicos para conseguir una mayor calidad medioambiental para todos los españoles. Es una propuesta que busca el equilibrio entre nuestras necesidades y nuestras posibilidades de crecimiento económico y la preservación del medio ambiente. Como primera medida, me he comprometido a crear un Ministerio de Medio Ambiente, como forma de poner en el primer plano de mis preocupaciones la acción política en esta materia, y, a la vez, delimitar responsabilidades por lo que se haga o se deje de hacer. En el ámbito del medio ambiente, la situación actual es la peor de las posibles. Existe una gran descoordinación de funciones y una gran confusión de responsabilidades. El Ministerio de Medio Ambiente y la Ley Básica de Medio Ambiente atribuirán a cada cual (ciudadanos, empresas, ayuntamientos, gobiernos autonómicos y central) su correspondiente cuota de responsabilidad. Por lo demás, la política nacional medioambiental se orientará hacia el fomento, coordinación y fijación de niveles mínimos para el conjunto del territorio nacional. P. del C.— Nos encontramos en un período de sequía, que ha originado conflictos interregionales de una envergadura desconocida a lo largo del actual sistema democrático. ¿ Cómo van abordar Vds. el problema del agua?¿es Vd. partidario de un plan hidrológico nacional? ¿con qué orientaciones? J. Ma. A.— Empezaremos por algo que han ignorado los sucesivos gobiernos socialistas: por la coordinación de las políticas de las diferentes Comunidades Autónomas y por un equilibrio de los desarrollos territoriales de las distintas cuencas, dejando de lado sectarismos, y embarcándonos nunca mejor dicho, ya que hablamos del agua en una estrategia global, consciente de las diferencias y comprensiva con las carencias. Hay que recuperar el valor de la solidaridad y de la cooperación interregional. El problema del agua es una muestra más de la imposibilidad de concebir a España, salvo que queramos provocar nuestro suicidio como nación, como una simple suma de países o regiones, y no como un todo integrador. Sin embargo, y centrándonos en el Plan Hidrológico Nacional, me parece que esta enésima frustración del proyecto socialista ha olvidado, entre otras cosas, hacer un inventario exhaustivo y actualizado de los recursos y disponibilidades hídricas, un imprescindible Plan Agrario de Regadíos y la elaboración de una Ley de la Sequía que disponga las medidas a adoptar por la Administración Central ante estas situaciones. En fin, una concepción del agua como recurso imprescindible, limitado y con demanda creciente. P. del C.— En la coyuntura política tienen un protagonismo innegable las elecciones catalanas del próximo 19 de noviembre. A ellas se presentan Vds. con la bandera de un catalanismo renovado: ¿qué significa ese concepto? J. Ma. A.— Ese concepto engloba un proyecto renovado y entusiasta, dirigido a una sociedad que tras quince años de autogobierno se mueve entre la decepción y la inquietud. Es un catalanismo abierto, porque el mayor daño que se puede hacer a Cataluña es intentar representarla de modo exclusivista, dejando fuera a los que piensen o sientan de forma distinta. Es un catalanismo centrado, caracterizado por la moderación, por la sensatez y el diálogo, de estilo tolerante y conciliador, compatible con la defensa de las propias decisiones y con la claridad de los planteamientos, lejos de la ambigüedad calculada o del coyunturalismo. Es un catalanismo impulsor del autogobierno, que entiende que no es la extensión ni el número de competencias lo que proporciona entidad a la autonomía, sino la intensidad y eficacia con que se ejercen, sin duplicidades ni interferencias entre las distintas Administraciones. Es un catalanismo comprometido con España que no es un mero invento administrativo, sino una realidad viva de la que los catalanes forman parte esencial, y a la que deben aportar su contribución más valiosa, sin reticencias ni reserva mental alguna. P. del C.— En la difícil coyuntura política que atravesamos, ¿qué significado van a tener las elecciones catalanas? J. Ma. A.— En mi opinión, los electores catalanes van a acudir a las urnas bajo una doble perspectiva. De un lado, la nacional, por la existencia de una grave crisis política sostenida durante dos años y medio por el hasta ahora partido hegemónico de Cataluña, ciu. Su reciente y aparente ruptura con el Gobierno no tiene eficacia política, porque Convergencia se niega a apoyar una moción de censura para convocar elecciones, que es la única forma de acabar con esta situación, creada, estimulada y mantenida por Convergencia y el PSOE. Los electores tendrán, por lo tanto, que manifestarse sobre el juicio que les merece la actual situación política, y sobre si dejan nuevamente a Pujol con las manos libres para hacer la política que estime oportuna, o si, por el contrario, orientan, a través de un mandato político inequívoco, la política de Cataluña en una nueva dirección. La lectura nacional de estas elecciones va a ser muy clara. El día 19 de noviembre podemos estar en el principio del fin de la crisis política que afecta a España y a Cataluña o ante un mandato de renovación para poder continuar con la misma política. Votar a Convergencia y votar al PSOE es votar lo mismo, es el voto de la continuidad frente al voto del cambio, que es el Partido Popular. Desde la perspectiva propia de Cataluña, el objetivo es la profundización en su autogobierno a través de la apertura de una nueva etapa política, después de dieciséis años de Gobierno de ciu. En mi opinión, entre los electores catalanes ha cuajado la idea de que Cataluña va a entrar en una situación política mucho más plural por la pérdida de la mayoría absoluta de ciu, y que van a ser necesarios acuerdos y pactos; en definitiva, mucho más dialogo, más voces, más puntos de vista para abordar la gran tarea de conseguir una Cataluña grande y fuerte con una España igualmente grande y fuerte. Vamos a un esquema político fundamentado en eso que tanto le gusta a Pujol en Madrid y tan poco en Cataluña: la cultura de la coalición. El Partido Popular ha fijado su posición sobre Cataluña de forma clara y sincera en un manifiesto político importante, en nuevas incorporaciones, en un nuevo discurso. Si el Sr. Pujol intenta dividir Cataluña, deteriorar la convivencia utilizando nuevamente contra el Partido Popular la lengua y la cultura, pondremos de manifiesto una y otra vez que la lengua y la cultura catalana son patrimonio de todos los catalanes y no un instrumento de los intereses políticos del Sr. Pujol. Aquí la única convivencia amenazada el día 19 es la del matrimonio CÍUPSOE. Para finalizar, quiero advertir que se puede estar gestando ya para después del día 19 un doble pacto Madrid y Barcelona entre ciu y PSOE, para aguantar hasta 1997. Los electores son los que pueden impedir con sus votos la posibilidad de que esto ocurra. P. del C.— En breve se cumplirán veinte años desde que S.M. el Rey asumiera la Jefatura del Estado. ¿ Qué balance hace Vd. del ejercicio del poder moderador que la Constitución de 1978 atribuye a la Monarquía? J. M. A.— Mi valoración es altamente positiva. Con la Monarquía, España entró en un sistema de democracia y libertades como no había conocido nuestra historia. La Monarquía ha desempeñado un papel decisivo en el cierre de viejas heridas, integrando y permitiendo la convivencia de todos los españoles en un mismo sistema político. Hay que destacar la ejemplaridad con que S.M. el Rey ejerce la función que le asigna la Constitución. La Monarquía ha sido y es, además, esencial para la estabilidad política, más allá de las coyunturales crisis de gobierno o de partidos. P. del C.— ¿Qué es gobernar, Sr. Aznar? J. Ma. A.— Gobernar es hacer posible que las enormes energías de nuestro país se canalicen y encuentren un ámbito de desarrollo y de legítima competencia. Frente a un modelo socialista de dirigismo e intervencionismo, yo aspiro a otro en el que lo esencial sea el imperio de la ley, con normas generales en las que los diferentes agentes sociales y ciudadanos puedan desenvolverse libremente. En suma, gobernar es la acción al servicio de un proyecto sólido que resuelva los problemas de un país y que respete, a la vez, la libertad, es decir que preserve un espacio propio para cada individuo dentro del cual puede actuar, elegir y decidir sin interferencias. P. del C.— En el supuesto de obtener el voto mayoritario de los españoles en las próximas elecciones generales, tendrá que hacer frente a tantas vías de agua abiertas hoy en nuestra democracia que ¿no le da pánico lo que se le viene encima? J. Ma. A.— Ni me engaño ni quiero engañar: los problemas no son pocos, pero las dificultades no me arredran, porque sé que la sociedad española quiere salir adelante, quiere mejorar su bienestar; sé que tiene confianza en el futuro y que desea ver a España en el lugar que le corresponde en todos los órdenes. Al servicio de ese objetivo yo le puedo asegurar que un Gobierno del Partido Popular no va a ahorrar ningún esfuerzo. •