Morir de honor

Morir de honor

Ensayo

Del progresismo con que Felipe González inició su Gobierno y de cómo ahora la situación decadente de España alarma a su población.

Arturo Moreno Garcerán

Nueva Revista 038 de Política, Cultura y Arte, ISSN: 1130-0426

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MORIR DE HONOR Arturo Moreno Garcerán El progresismo inicial con que Felipe González entró en 1982 en el Gobierno estuvo a punto de morir de éxito; ahora que sólo aspira a administrar su decadencia puede morir de honor, aunque por lo actuado hasta ahora no lleve ese camino. uizá todo empezó cuando Felipe González pronunció, hace muy pocos meses, la racial advertencia de que se iría con hoQnor dejando entrever un doble mensaje subliminal: no toleraría un hostigamiento personal continuado en su más amplio sentido (menos Gólgota y más Caribe tal vez llegó a pensar un melancólico González) y que si, por razones de distinta índole, no fuera posible o conveniente agotar su mandato nunca dejaría el poder como consecuencia de un asunto vergonzante. Dicho de otra forma: Señores de la oposición desvinculemos mi salida del poder de cualquier escándalo concreto me voy, pero para poder volver, si no les importa me llevo mi cabeza y demos la versión de que la disolución ha sido por motivos políticos, por la falta de una mayoría estable para gobernar, al no garantizar los nacionalistas catalanes el apoyo parlamentario a los próximos presupuestos (p. ej.). En el supuesto de que este planteamiento pueda tener verosimilitud, el mantenimiento de una posición exclusivamente personal por parte de Felipe González podría entenderse, si en vez de ser Presidente del Gobierno de España, fuera el Product Manager de una multinacional negociando una indemnización por despido después de haber sido sorprendido en un renuncio. En cualquier caso, las circunstancias políticas que atraviesa España podrían aconsejar una salida pactada aunque fuera moralmente tan poco decorosa como la que se intuía en el pronunciamiento de González. Pues bien, en esas estábamos, pensando que con el acuerdo de todos la legislatura se prorrogaba hasta la celebración de las elecciones en el primer trimestre de 1996, cuando un asunto oscuro y vergonzante originado en el año 83, el mismo año del paseillo a Montesquieu parece como si la consigna gubernamental de ese año fuera algo así como Montesquieu al hoyo y el GAL al bollo saltaba en la última semana del año a las primeras páginas de los medios de comunicación abriendo una crisis política de gran magnitud, con proyección internacional clara y de consecuencias insospechadas para el futuro de España. Es verdad que llovía sobre mojado y que la erosión del sistema y de la superficie política del país era muy grande; pero la sospecha de que el Gobierno podría haber combatido al terrorismo practicando, desde el mismo corazón del Estado, la modalidad de terrorismo de ocasión superaba cualquier situación política imaginable, que al margen de herir la sensibilidad del espectador, abría una crisis de Estado, del Estado de Derecho, al lesionar su mayor valor, su superioridad moral sobre cualquier otra forma de organización social. Tomando como base esta última reflexión quisiera ahondar en el triángulo Estado de Derecho legitimidad democrática concepción del poder. No sé si éste sería el orden, o debe ser al revés, pero el desmenuzar breve pero adecuadamente estos conceptos nos pueden situar en el camino correcto para comprender la actual situación. Las secuelas del abuso de poder Sólo desde una concepción del poder patrimonialista, donde por la dificultad de controlar política y socialmente al poder se favoreciera la impunidad, puede entenderse que un gobierno de origen democrático se instalara primero en el abuso de poder y posteriormente diera un paso más y se situara al margen de la ley renunciando a combatir al terrorismo desde la legalidad, compartiendo incluso sus métodos y comprometiendo de esta forma la legitimidad del Estado que tiene un origen y una constitución paralela a la democracia, a la democracia parlamentaria. No es admisible tampoco ni la Razón de Estado, más bien actuando así el Estado se queda sin razones, ni la lamentación, muy spanish por otro lado, de los que dando por buena la existencia del GAL reprochen su falta de profesionalidad; la victoria sobre el terrorismo nunca se producirá haciendo lo mismo que hacen los terroristas y no parece que ni Amedo ni Domínguez ni su jefe ideológico y operativo Sancristóbal, si actuaron como se presume, lo hicieran para estirar las piernas sino dentro de una trama organizada con una determinada finalidad política. Ojalá, en cualquier caso, que este dramático episodio de la democracia española, ocurrido bajo mandato socialista, solo sea un mal sueño, una pesadilla. Pero ya, irremediablemente, estos hechos políticos están produciendo una serie de derivaciones, secuelas y efectos algunos de los cuales se pueden agrupar bajo los siguientes epígrafes: 1. Gobernabilidad. El precario acuerdo PSOECIU no puede fundamentarse en la argumentación de Convergencia de que este acuerdo pretende asegurar la gobernabilidad y aprovechar la recuperación económica. C.I.U. en su tipificado papel de cooperador necesario, está no sólo asegurando la ingobernabilidad y apuntalando la inestabilidad, sino que además con su apoyo al PSOE está contribuyendo a erosionar la democracia en España que es también la de Cataluña. Como lo es también su déficit público, su inflación y su moneda. Pero el contumaz apoyo de Pujol a González da que pensar. 2. Nuevas elecciones. El recurso a la tergiversación al que muy habitualmente echan mano los socialistas tiene, en estos momentos, terreno abonado en la discusión entablada sobre la conveniencia de celebrar nuevas elecciones. Dicen los socialistas que los que piden elecciones están intentando deslegitimar la victoria electoral socialista del 6 de junio de 1993, ya que el mandato era por 4 años. Es patético que el Partido Socialista se agarre a una cuestión meramente administrativa para justificar la no convocatoria de elecciones. Sólo habría que decirle que en el contrato de representación que suscribió con el pueblo éste no sólo desconocía las implicaciones políticas del GAL sino que, además, en ningún caso los ciudadanos le otorgarían el poder para que se gobernase al margen de la ley, es decir para que se crease un GAL. Más bien le dieron su apoyo para acabar con la lacra del terrorismo no para convertirse supuestamente en terrorista ocasional. Las dudas, las sospechas, quizás las evidencias en asunto tan grave hacen necesario el buscar una salida política a esta crisis y que devuelva a los españoles la confianza en un proyecto político que supere divisiones, decepciones, miedos, desentendimientos y desafecciones. 3. Economía. El efecto más claro y concreto de la gravedad de la situación política es sobre la economía. Este artículo se podría haber titulado Acuérdate de Chiapas. No voy a entrar en comparaciones sobre la mayor o menor importancia de los asuntos en litigio; sólo en lo que es verdaderamente importante en las consecuencias de dos crisis políticas serias. Es evidente que la crisis política que vivió México y que duró en plena virulencia, hasta la intervención de Camucho, no más de tres meses, motivó la desconfianza de los mercados internacionales, que son neutrales e inmisericordes y que cotizan la situación y las perspectivas, provocando una masiva y continuada salida de capitales. Conocida la situación y ante la imposibilidad de poder seguir financiando su endeudamiento los mercados dictaminaron sobre el verdadero valor de su moneda depreciándose en unos días más del 60% sobre su valor anterior; y la vuelta atrás empieza: recurso al olvidado FMI, tensiones inflacionistas, impacto sobre el empleo, etc. España, también tiene el talón de Aquiles del déficit público y de la inflación y las consecuencias sobre la moneda (incluyendo posibles devaluaciones no competitivas) y sobre los tipos de interés pueden ser devastadoras. A principios de enero de 1995, todavía seguimos perteneciendo al S.M.E. Por último, para cerrar el apunte económico, me referiré a lo que significaría una involución económica en nuestro país sobre el Estado de Bienestar que haría difícilmente viable su financiación lo cual tendría unas consecuencias sociales y políticas horrorosas. Un paso atrás tremendo. La solución: diálogo y elecciones Las salidas a esta situación política todos sabemos cuales son: voto de confianzamoción de censura, gobierno de coalición o de concentración, investidura de un nuevo presidente designado por el partido mayoritario, o nuevas elecciones. Pero en medio de cualquiera de estas medidas, antes o después incluso, diálogo, diálogo de todos con todos, de todos juntos para buscar la mejor salida para España. En el supuesto de que se decida la convocatoria de elecciones y que éstas sean en el mes de mayo coincidiendo con las Autonómicas y Municipales conviene hacer las siguientes precisiones: la coincidencia remarcaría el caracter político de estas elecciones, frente a la vertiente de gestión; incrementaría fuertemente la participación (7580%) lo cual quiere decir como ocurrió el 6 de junio que el PER, el Inserso y él recuerdo de la Guerra Civil harán de las suyas. Otras consecuencias más puramente electorales serían: la convocatoria conjunta favorecería al bipartidismo en mayor medida que si se celebraran las elecciones separadas, al acentuarse el caracter político eliminando casi totalmente a los partidos regionalistas, pero en Cataluña y el País Vasco, sin embargo, los beneficiados serán los partidos nacionalistas, dentro del espacio conservador, recogiendo el fruto de su potente organización repleta de alcaldes y concejales en los núcleos rurales. En la Izquierda, la concentración electoral en el mes de mayo, limitaría la pérdida electoral del PSOE que mantendría una hegemonía menguante, pero mayoritaria, en el seno de la izquierda sirviéndose de su fortísima implantación municipal en relación a la muy débil de Izquierda Unida. Si las elecciones fueran todas en mayo, el PSOE, a nivel nacional, conservaría un cierto suelo al producirse la sinergia porque todos los candidatos municipales socialistas harían campaña para ellos y para Felipe González a la vez, por lo tanto la movilización sería enorme. En todos los escenarios previsibles, el mejor para el PSOE es el de la convocatoria electoral conjunta el 28 de mayo de 1995. El Partido Socialista y Felipe González, muy particularmente, están obligados a actuar con una mínima generosidad y altura de miras para facilitar la salida de la crisis que amenaza el futuro de España. Felipe González no puede permanecer atrincherado como parece, doblando la apuesta: todos por el precio de uno. De él. Además está posiblemente obligado, después de la celebración de las elecciones, y por la grave situación en la que deja el país que va a pagar la factura económica actual en un futuro muy próximo, a comprometerse a firmar un acuerdo, en nombre de su partido, junto con el resto de las fuerzas políticas y sociales para que el primer gobierno Aznar pueda gobernar España con políticas de futuro sin el coste de la hipoteca de asumir en exclusiva el coste político de una situación especialmente dura creada por Felipe González. El progresismo inicial con que Felipe González entró en 1982 en el Gobierno se fue desfigurando pqco a poco y en pleno auge de la cultura de la pasta gansa estuvo a punto de morir de éxito; ahora que sólo aspira a administrar su decadencia puede morir de honor, aunque por lo actuado hasta este momento no lleve ese camino. Como dijo Machado: ¡Oh! fin de una aristocracia la barba canosa y lacia sobre el pecho metido en tosco sayal las yertas manos en cruz ¡tan formal! el caballero andaluz.