pobres viejos pobres

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Ensayos

Sobre la crisis a la que se encamina el sistema de pensiones, una clara señal del fracaso del llamado Estado del Bienestar.

Carlos Rodríguez Braun

María Blanco González

Nueva Revista 038 de Política, Cultura y Arte, ISSN: 1130-0426

Difusiones y Promociones Editoriales, S.L.

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POBRES VIEJOS POBRES Carlos Rodríguez Braun y María Blanco González El problema de los viejos es que son pobres. La visión intervencionista, que ha suscitado esa pobreza, la pretende resolver con más intervencionismo solidario, o sea, evitando la pobreza de los viejos mediante el aumento de los impuestos, es decir, empujando a la pobreza a los más jóvenes. La crisis a la que se encamina el sistema de pensiones es probablemente la señal más clara del fracaso del llamado Estado del Bienestar. No estamos ya en un mundo donde todo está garantizado. Jacques Delors La derecha tiende a primar la autoresponsabilidad de los individuos y la izquierda tiende a primar la solidaridad. José Borrell esde la más remota antigüedad, la mayor parte de los testimonios que tenemos de la sociedad humana muestran que los ancianos han solido ocupar un papel relevante en dicha socieDdad. Visto desde hoy, esto parece muy llamativo. En el pasado, en efecto, la fuerza física fue una dimensión mucho más necesaria que en el presente. No obstante, no era extraño que quienes eran físicamente más débiles fueran extremadamente respetados y, en ocasiones, muy poderosos políticamente. El Consejo de los Ancianos solía ocupar una posición preponderante. En la actualidad, sin embargo, los viejos son una carga onerosa y temible. No sirven para nada algo asombroso en una era que presuntamente ha separado el trabajo de la fuerza física y representan un grave problema porque no hay dinero para sus pensiones. Viven pobremente, muchos de ellos sin sus familias, y con demasiada frecuencia se comprueba que las residencias en las que habitan son siniestros tugurios, más parecidos a campos de exterminio que a otra cosa. Ser viejo es un destino esquivo. Lo que cuenta es la juventud: no hay más que ver los anuncios de la televisión. La cartera, la familia y el destino ¿Qué ha pasado? ¿Cómo explicar que una época que en principio debería, más que cualquier otra, acoger a los ancianos, hacerles sentirse útiles y valorarlos, los desprecie para todo lo que no sean campañas electorales? Hay dos motivos entrelazados: primero, los viejos son pobres; segundo, sus ingresos dependen de decisiones políticas. Es importante observar la íntima trabazón entre estos dos motivos. Porque si hay algo que no tiene sentido es que los viejos hayan decidido durante su vida activa ser pobres en la vejez, que hayan trabajado toda la vida con el objetivo de cobrar una magra pensión. No es lícito suponer que millones de personas son idiotas o no cuidan sus intereses. Lo que ha ocurrido es que la vigilancia de los ancianos ha pasado de manos de las propias personas y de sus familias a manos del Estado. El Estado se hizo cargo del ahorro para la vejez y transmitió a los ciudadanos la idea de que la vejez ya no era un problema: los ancianos iban a ser cuidados por el Estado, y por tanto las personas debían dejar de preocuparse sobre esta cuestión. A finales del siglo XX, cuando la solidaridad del Estado intervencionista se manifiesta de manera patente en crecimientos explosivos de los impuestos y en unos gastos públicos sistemáticamente marcados por el crecimiento, la ineficacia, el despilfarro y la corrupción, un mensaje de ese tipo ya no es creíble. Pero hace algunas décadas, cuando el fracaso del Estado no era evidente para la mayoría, la situación era diferente. Así, cuando el Estado dijo que se ocuparía de las pensiones, la gente hizo algo que era natural: le creyó. Esto tuvo consecuencias económicas, sociales y culturales extraordinarias. Por de pronto, la intervención del Estado permitió la adulteración del concepto mismo de pensiones, que pasaron a entenderse como un fondo o un seguro. Pero los fondos o los seguros son sistemas de capitalización individual: las personas ahorran para cubrir un riesgo, y en cada momento saben tanto lo que están pagando como el derecho que se están ganando si el riesgo se produce. Hay proporción conocida y decidida individual y libremente entre la cotización y el beneficio o prestación a que dicha cotización da derecho en el futuro. El Estado rompió esa ligazón entre todas las cotizaciones y todas las prestaciones. Decidió aumentar las segundas más que las primeras, lo que originó un creciente déficit en las finanzas de la Seguridad Social, que debió llenarse con impuestos. La gente dejó de tener plena consciência de la cantidad de dinero que pagaba y ahorraba y del fondo que estaba acumulando para su vejez. El hecho de que el ahorro fuera una retención obligatoria produjo un efecto anestésico igual ocurre con los impuestos que disminuyó aún más el control que los individuos ejercían sobre su dinero. Pero el Estado es incapaz, con toda su divinidad, de crear riqueza, y es bastante capaz de sustraerla y disminuirla. Los milagros son difíciles en general, pero sobre todo lo son en economía. Al final del proceso, resultó que las pensiones eran bajas, y que no había forma de mantener el nivel de vida de los pensionistas si no era con impuestos crecientes sobre la población activa. Cuando los pensionistas se fueron dando cuenta de que los ahorros que habían confiado al Estado durante toda la vida no alcanzaban para vivir dignamente, ya era por supuesto tarde para ahorrar; y también en otros sentidos era tarde. Por ejemplo, tarde para vivir con sus familias. El ámbito familiar, que durante milenios acogió a miembros ancianos, había cambiado radicalmente, como se ve en el diseño moderno de las viviendas, en donde ha desaparecido la habitación del abuelo. Esto, al revés de lo que proclaman los socialistas de todos los partidos, en absoluto demuestra una falta de solidaridad de los ciudadanos. Claro que no. Es absurdo suponer que de buenas a primeras millones de personas han pasado de la solidaridad al egoísmo. Los que se quejan del presunto materialismo de los contemporáneos olvidan el hecho crucial de que fue el Estado, nada menos, el que anunció que las pensiones eran responsabilidad suya, que ya se ocuparía él de que los viejos tuvieran pensiones dignas digno no puede significar más que digno para vivir con sus propios medios, en una vivienda propia digna o en una residencia digna. La realidad es completamente opuesta a este escenario idílico, pero lo que ya resulta sangrante es que encima se eche la culpa de todo a las propias personas. La responsabilidad del Estado en este tema se observa claramente cuando se analizan sus comportamientos concretos a medida que ha ido sustituyendo la capitalización por el reparto en España constituyó un hito la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963. Una vez iniciados los manejos redistributivos, la arbitrariedad no tiene límites. Por ejemplo, durante el franquismo se obligó a las mutualidades a invertir sus excedentes en obligaciones del INI. Se consiguió así que el ahorro de los españoles financiara la industria estatal, un sistema de dudosa moralidad y ninguna ortodoxia, como dice el profesor ManuelJesús González en su libro ¿A dónde va el sector público?. Pensiones y Seguridad Social El propio profesor González da una cifra que revela a las claras que esta arbitrariedad produjo una considerable brecha financiera. Mientras en 1960 el sistema de la Seguridad Social se financiaba en un 95 % con sus cotizaciones, en un 3 % con transferencias del Estado y tenía un ahorro neto positivo, en la actualidad las cotizaciones representan menos del 70 % de los ingresos, las transferencias estatales casi un 30 %, y el ahorro ha pasado a ser negativo. El agravamiento del problema de las pensiones en los años ochenta ha sido estudiado por el profesor Juan Velarde en su libro El tercer viraje de la Seguridad Social. Mientras que los ingresos por cotizaciones en el período 19721986 se multiplicaron por tres, los gastos por prestaciones lo hicieron por 12,3. La tasa de cobertura de las prestaciones con recursos propios del sistema y la evolución del porcentaje de cuotas necesario para cubrir las pensiones muestra cómo se acentuó el desequilibrio a partir de los años ochenta. Las pensiones ocupan el mayor capítulo dentro de los gastos de la Seguridad Social. Este gasto, por el momento, se financia casi en su totalidad mediante las contribuciones de los trabajadores afiliados al INGRESOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL (En porcentaje) Cotizaciones Transferencias Otros 21,27 2,87 1985 75,86 23,44 1986 73,79 2,76 1987 73,97 1,93 24,10 24,37 1988 73,25 2,38 25,47 2,01 1989 72,53 1990 71,76 25,68 2,56 1991 71,20 26,20 2,60 25,44 1992 68,81 5,75 26,64 1993 69,04 4,32 1994 69,30 25,70 5,00 1995 66,37 28,46 5,17 sistema. Los complementos para cubrir las pensiones mínimas y las de carácter no contributivo se financian con transferencias del Estado procedentes de los impuestos. Pero, aunque la situación hoy es sostenible y lo será durante los próximos años, la dinámica del sistema la ha modificado en dirección a un agudo crecimiento del gasto en pensiones en los últimos años, debido al abandono de los elementos de capitalización del sistema y al manejo arbitrario típico de los modelos de reparto. De no corregirse, esa dinámica conducirá a la crisis del sistema de prestación social. La solidaridad mal gestionada Los defensores del intervencionismo estatal y, por tanto, del sistema de reparto, alegan que la crisis que se cierne sobre las pensiones deriva exclusivamente de un problema demográfico. Esto es inexacto. El envejecimiento de la población un problema que afecta a España y a todo el mundo desarrollado añade una dificultad a un sistema ya de por sí deficiente; pero lo es porque el Estado ha arrebatado a los ciudadanos la capacidad de ahorrar para su retiro, y ha manejado las cotizaciones con objetivos políticos. El gasto en pensiones, en efecto, no se ha incrementado sólo por el crecimiento natural en el número de pensionistas. (Nótese, de paso, que un sistema de capitalización es relativamente inmune a las alteraciones demográficas.) A ello hay que añadir las jubilaciones anticipadas, que restaron cotizantes y sumaron pensionistas. Y debe añadirse también el gasto por pensiones no contributivas. La mala gestión, otra característica usual del sector público, juega también su papel. Se ha destacado que la falta de supervisión sobre las declaraciones de invalidez tuvo como consecuencia que se incrementara exageradamente el número de pensiones por esta causa, que se duplicaron entre mediados de los años setenta y finales de los ochenta. El sistema de regímenes especiales para diversas actividades propició que el aumento del gasto no fuese equitativo, lo que es muy característico del sector público, que cede ante grupos de presión diversos según su fuerza relativa. Así, mientras la pensión media real del sistema aumentó un 24 % desde la llegada de la democracia hasta mediados de la década pasada, la de la minería del carbón lo hizo en un 43 y la de los ferroviaros en un 46 %. Todo este panorama ha empeorado en los años noventa. En 1988, en el Coloquio del Instituto Europeo de la Seguridad Social sobre pensiones no contributivas, celebrado en España, el entonces secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, justificó el sistema de reparto frente al de capitalización con un interesante argumento característico del aprecio a la libertad y a la dignidad individual a que conduce el socialismo: alegó que la capitalización, es decir, que cada ciudadano sea libre para ahorrar para su retiro, es una actitud propia de la derecha, es decir, censurable, porque estimula la autoresponsabilidad de los individuos; la izquierda, en cambio prosiguió Borrell aspira al reparto, porque así se logra la solidaridad con los desamparados. (Uno de los argumentos clásicos en favor de la intervención es que así se cuida de los marginados. Es curioso que, con ese argumento, el Estado haya hipertrofiado su gasto mucho más allá de cualquier margen razonable, a pesar de lo cual sigue habiendo marginados.) Lo que debió haber dicho Borrell es que cuando la izPOBLACIÓN ESPAÑOLA (Tasa de variación anual media por tramos de edad) 198688 198889 198990 199095 199500 200005 200510 2554 1,00 1,12 1,46 0,66 0,09 1,21 1,21 0,44 2,72 0,90 2,10 0,50 5559 1,02 0,10 6064 1,62 1,34 1,38 0,76 2,72 0,91 2,09 1,57 0,21 65+ 2,31 2,30 2,20 2,00 0,16 0,02 Total 0,42 0,42 0,41 0,39 0,32 0,20 quierda reparte, puede ganarse el voto de los pensionistas. No es en absoluto casual que la media de edad de los mitines políticos sea tan elevada: los pensionistas no son libres, porque sus pensiones dependen directamente de lo que diga el Gobierno, no de lo que ellos han ahorrado. La izquierda parece preferir este modelo a otro donde la gente se labre su propio destino. El modelo híbrido español, con una parte contributiva y otra no contributiva, se está quebrando, Mientras que en el período 19831993 las pensiones pagadas crecieron un 14,4 % en promedio anual, las cotizaciones lo hicieron dos puntos por debajo, a una media anual del 12,4 %. Según el Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social para 1995, el porcentaje de las cotizaciones destinado al pago de pensiones es el 86 %; en 1982 era del 69 %. De mantenerse este ritmo, en el año 2005 las cotizaciones no serán suficientes. Pensiones y Demografía Este resultado se ve agravado por la demografía. Mientras que la población activa española en el decenio 19821992 creció a un ritmo de 1,3 % anual de media, el número de pensionistas lo hizo a una tasa superior al 3 % anual como media. A partir del 2010 la población pensionista crecerá mucho, por la incorporación de la generación de la expansión demográfica de la posguerra. En un reciente informe sobre la evolución de la esperanza de vida en España, publicado por Unespa y realizado por los expertos Eugenio Prieto y Javier Fernández Plasencia, se señala que en las próximas décadas las cargas que supondrán el incremento de las personas de edad serán insoportables para las estructuras actuales. La adopción del sistema de reparto ha puesto en peligro el futuro de las pensiones. Pero ha hecho algo más, muy llamativo para quienes creen que el Estado tiene como misión apaciguar los conflictos sociales: ha estimulado el enfrentamiento intergeneracional. La única forma de que el sistema siga en su dinámica actual es incrementar la presión fiscal, para que los jóvenes, relativamente cada vez menores en número, paguen a los viejos, que cada vez son más. Si se busca quebrar la cohesión social, es virtualmente imposible imaginar una estrategia más eficiente. No es exagerado calificar a la quiebra de las pensiones como el mayor fracaso del llamado Estado del Bienestar. La modificación del sistema En años recientes, la conciencia del estrangulamiento del sistema de pensiones ha animado el debate sobre la necesidad de cambiarlo. Incluso ilustradas voces del socialismo proclaman ahora que el abuso del derecho a prestaciones universales de todo tipo ha conducido a una situación que no puede continuar. Aunque existen propuestas de volver al sistema de capitalización individual, la mayoría de los políticos no las comparten y pocos países lo han adoptado de hecho. El ejemplo más conocido es Chile, que adoptó el sistema a comienzos de la década de 1980 y se ha convertido en modelo, porque el sistema pasó, con gran éxito, de ser público y de reparto a ser privado y de capitalización. El mismo sistema, con ligeras modificaciones, acaba de ser establecido en la Argentina. El modelo chileno está lejos de ser una anarquía. Está severamente vigilado por una Superintendencia especial. Los trabajadores deben obligatoriamente ahorrar el 10 % de su sueldo mensual como mínimo, aunque pueden ahorrar más, si quieren. La suma se deposita en una AFP (Administradora de Fondos de Pensiones), y no puede disPREVISIÓN DEL GASTO EN PENSIONES ponerse de ella hasta la jubilación, momento en el que se canjea por una pensión vitalicia. Pero los ciudadanos pueden cambiar de AFP libremente, si la empresa no les convence; las AFP, obligadas a una transparencia total, reciben todos los estímulos para cuidar la rentabilidad de sus inversiones. Cuando se realizó la transición de un modelo a otro se ofreció a los chilenos la posibilidad de seguir con el sistema público o de cambiarse al privado, concediendo a los que se cambiaban un bono por la suma que habían ahorrado en el público. La mayoría de los chilenos cambiaron. El sistema, impuesto durante la dictadura de Pinochet, funcionó tan bien que los ulteriores gobernantes democráticos no tocaron ni una coma. Es interesante destacar que tanto en Chile como especialmente en la Argentina el sistema fue modificado después de que hubiese, prácticamente, colapsado. La tarea en países como España es relativamente más difícil, porque su colapso no es una realidad de hoy, sino una amenaza para el futuro. Cuando un barco choca contra un iceberg, es relativamente fácil saber lo que hay que hacer: ir a los botes salvavidas, mujeres y niños primero, apartarse del barco para no ser arrastrado por su hundimiento, etc. (Nota para políticos: los capitanes deben hundirse con su nave.) Más difícil es saber dar un rumbo correcto al buque para que su singladura no tenga un desenlace trágico. Las. ventajas a que daría lugar un sistema de capitalización son considerables, pero para entender por qué no se aplica han de contrastarse con los inconvenientes que representaría para un Estado y unos políticos que sólo conciben un Estado intervencionista. Un sistema de capitalización tiene, de entrada, consecuencias económicas importantes: desaparece prácticamente el gasto público exigido por el sistema de reparto, puesto que queda reducido a quienes de verdad son marginados y no pueden llegar a la pensión mínima. Los ingentes recursos que el Estado drena para tapar el agujero que él mismo crea en la Seguridad Social vuelven a los ciudadanos. Se crea un cuantioso fondo de ahorro que ayuda a financiar una inversión mayor, y con ella crece el empleo y la economía. Con ser relevantes, estas consecuencias económicas palidecen frente a las de carácter político y social. El ciudadano recupera la dignidad de ser dueño de su propio destino. La actitud general frente a las pensiones cambia radicalmente. En vez de presionar al Gobierno para que las aumente, es decir, para que suba los impuestos, los ciudadanos se ocupan de que las empresas a las que han confiado sus ahorros sean eficientes y rentables: tienen, de ese modo, un interés directo en la economía de su país. Para los políticos tradicionales, este escenario es una catástrofe, por la sencilla razón de que les arrebata poder, y el poder de decidir sobre las pensiones tiene un impacto electoral enorme. Nadie lo sabe mejor que Felipe González y los socialistas. Pero cabe confiar en que no esté muy lejos el día en que los ciudadanos rechacen el modelo estatal empobrecedor de viejos yo jóvenes, y castiguen en las urnas a los políticos que pretendan atraerlos con el viejo cántico de que lo mejor para el pueblo es entregar al poder su libertad y su cartera. •