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La crisis y reforma de la Seguridad Social

Jesús Huerta de Soto

Análisis de la crisis que sufre la Seguridad Social, pues, según los expertos, dentro de pocos años será incapaz de antender sus fines de atención médica y pago de pensiones. La solución tiende a la privatización de los servicios.

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Jesús Huerta de Soto, “La crisis y reforma de la Seguridad Social,” accessed August 12, 2022, http://repositorio.fundacionunir.net/items/show/637.

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La crisis y reforma de la Seguridad Social

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La Seguridad Social española

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Análisis de la crisis que sufre la Seguridad Social, pues, según los expertos, dentro de pocos años será incapaz de antender sus fines de atención médica y pago de pensiones. La solución tiende a la privatización de los servicios.

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Jesús Huerta de Soto

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Nueva Revista 034 de Política, Cultura y Arte, ISSN: 1130-0426

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Difusiones y Promociones Editoriales, S.L.

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Nueva Revista de Política, Cultura y Arte, All rights reserved

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El actual modelo español de Seguridad Social está agotado. Según los expertos, dentro de pocos años será incapaz de atender sus fines de atención médica y pago de pensiones. La salida apunta a la privatización de los servicios. Privatización paulatina, que respete los derechos adquiridos y abra perspectivas a las nuevas generaciones. LA CRISIS Y REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Por Jesús Huerta de Soto I. Diagnóstico de los problemas que plantea la Seguridad Social en los países occidentales ILa crisis de la Seguridad Social en los países industrializados del Occidente, unánimemente reconocida, es de doble naturaleza. Por un lado, se trata de una crisis técnica, de naturaleza económicoactuarial; por otro, se trata de una crisis de naturaleza ética. * Versión resumida de la ponencia presentada por Jesús Huerta de Soto en la Reunión Regional de la Mont Pélerin Society que tuvo lugar del 4 al 8 de septiembre de 1993, en Río de Janeiro a) Problemas técnicos Son los más fácilmente reconocibles. En concreto, hay que resaltar que el sistema financiero de reparto, en que se basa la financiación de la Seguridad Social, disminuye sustancialmente el ahorro global de cada país. Esto sucede porque las pensiones son pagadas cada año con cargo a impuestos y cotizaciones que son detraídos coactivamente de los contribuyentes en cada ejercicio. De manera que se hace muy difícil ahorrar, no sólo porque la presión fiscal en forma de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social es ya en muchos países casi insoportable, sino también porque la generalidad del público confía (o, por lo menos, confiaba hasta ahora) en que las generaciones futuras financiarán la Seguridad Social, de la misma forma que lo estamos haciendo los que ahora trabajamos. La Seguridad Social actúa, por tanto, como un falso sustitutivo del ahorro individual y, en este sentido, es muy difícil exagerar el perjudicial efecto que sobre la evolución de la economía nacional ha tenido esta influencia negativa sobre el ahorro de la Seguridad Social. Igualmente, desde un punto de vista técnico económico, es importante aclarar que, con independencia de cómo funcione el sistema desde el punto de vista legal o jurídico, es una falacia el pensar que las contribuciones empresariales a la Seguridad Social son pagadas por las empresas. En efecto, aunque debido a la regulación jurídica esto aparentemente no sea así, desde un punto de vista económico, tales contribuciones son pagadas en última instancia por los propios trabajadores, dado que las mismas forman parte del coste laboral total del empresario, y a éste le daría igual pagarlas directamente a sus trabajadores en vez de tener que hacerlas efectivas al sistema estatal de Seguridad Social. Por otro lado, y ya desde un aspecto más técnico actuarial, la carga que supone la Seguridad Social para las generaciones activas está creciendo en espiral, como si de una bola de nieve se tratase. Esto es un resultado inevitable del envejecimiento paulatino de la población, que hace que aumente en términos relativos el número de personas jubiladas en relación con el número de personas activas que están trabajando. Actualmente en nuestro país puede considerarse que Cada vez es más dudoso que la Seguridad Social pueda pagarlas pensiones a las que se ha comprometido por cada dos personas que trabajan, existe un pasivo, estimándose que a principios del próximo siglo, cada trabajador activo deberá mantener a un jubilado, si es que se sigue con el actual sistema de Seguridad Social. Además, la inflación presiona constantemente para que se revaloricen las pensiones en curso de pago. Esta carga que suponen las pensiones para las personas que trabajan comienza a hacerse insoportable en la mayoría de los países industrializados de Occidente, cuyos ciudadanos se encuentran agobiados por una clara recesión económica y por una presión fiscal creciente. De manera que cada vez es más dudoso que la Seguridad Social pueda pagar las pensiones a las que se ha comprometido, siendo concebible que llegue un momento en el cual las generaciones activas se desentiendan en mayor o menor grado de sus obligaciones en relación con los ya jubilados, dado lo pesado de la carga financiera que suponen las mismas. b) Problemas éticos Los problemas técnicos, económicos y actuariales, comentados en el apartado anterior, no surgen solos, sino que están acompañados de importantes y graves problemas de naturaleza éticopolítica. En concreto, la Seguridad Social se basa en un paternalismo trasnochado, es insolidaria por fomentar las tensiones y conflictos entre las generaciones, perjudica gravemente por su rigidez las posibilidades de desarrollo humano y profesional de las personas de la tercera edad, y se basa en unos conceptos de justicia social y redistribución de la renta muy dudosos. El sistema de Seguridad Social se basa en la idea paternalista de que las personas son, por naturaleza, imprevisoras, y que, por tanto, es necesario establecer un sistema obligatorio y omnicomprensivo de Seguridad Social. Sin embargo, esta idea carece totalmente de fundamento, especialmente en los sistemas políticos verdaderamente democráticos. Y es que es difícilmente comprensible cómo, por un lado, se considera a los ciudadanos lo suficientemente maduros y responsables para votar y elegir libremente a sus gobernantes, mientras que, por otro lado, se les considera incapaces de solucionar por sí mismos el problema de su retiro. De manera que los argumentos paternalistas a favor de la Seguridad Social, en entornos democráticos, implican la clara paradoja de que la cosa pública se ordene de acuerdo con la voluntad de unos votantes que el propio legislador considera que son incapaces para ordenar sus propios asuntos. La labor del Estado podría quedar limitada, por tanto, al nivel mínimo de asistencia social que se estimara necesario, en relación con aquella minoría de la población que por diversas razones (imprevisión, mala suerte, etc.) llegara a la vejez sin haber cubierto por su cuenta las necesidades más imprescindibles. Pero lo que parece absurdo es que, como sucede en la actualidad, porque una minoría de la población no hubiera sido capaz de proveer a tiempo su jubilación, se imponga a la totalidad de ésta la participación de forma coactiva en un sistema estatal que les impide dedicar una gran parte de sus recursos para la vejez de la forma que estimen más rentable y conveniente. La Seguridad Social, por tanto, implica un ataque a la libertad de cada ciudadano igualmente grave que el que supondría que, por el hecho de que una minoría de la población tuviera dificultades para procurarse el alimento, se estableciera un sistema por el que se obligara a la totalidad de la población a comer en cuarteles. La falta de ética es especialmente grave, además, si se recuerda que, como se ha indicado anteriormente, la totalidad de las contribuciones a la Seguridad Social las pagan en última instancia los trabajadores, por lo que puede afirmarse que se les está privando de una parte ¡mParece muy difícil tomar una decisión relativa al sistema de Seguridad Social sin que aparezcan tensiones y roces entre la generación trabajadora y la generación ya jubilada portante de sus ingresos, que no pueden dedicar así a asegurar su jubilación de la forma que estimen más adecuada a sus circunstancias particulares. Hay que recordar que siempre que una economía libre es intervenida mediante regulaciones estatales de carácter coactivo, se fomenta la aparición de conflictos y tensiones entre diferentes grupos de la sociedad que sustituyen en mayor o menor medida al entramado de intercambios voluntarios y pacíficos propio de toda sociedad libre. Esto es especialmente claro en el caso de la Seguridad Social. En efecto, hasta que no aparecieron los sistemas estatales de Seguridad Social basados en el reparto y en la idea de que las personas jóvenes que trabajan deben financiar las pensiones de los ya jubilados, el problema de la jubilación se solucionaba por diversos caminos, pero sin crear tensiones y conflictos entre unas generaciones y otras. Estos conflictos generacionales son especialmente graves hoy en día, y de hecho parece muy difícil tomar una decisión relativa al sistema de Seguridad Social, sin que aparezcan tensiones y roces entre la generación trabajadora y la generación ya jubilada. Como el sistema, por razones técnicas, no se puede mantener, se achaca implícitamente la culpa del problema a los pensionistas, a los que cada vez es más penoso sostener financieramente. La situación es muy semejante a la que se provoca cuando el mercado laboral deja de ser libre y, como consecuencia de todo tipo de restricciones institucionales y sindicales, aparece el paro. Surgen entonces los conflictos y tensiones entre los diferentes grupos sociales. Las personas que trabajan, ven amenazados sus puestos de trabajo por los jóvenes y por las personas que no quieren jubilarse, y se presiona constantemente para que aparezcan disposiciones retrasando la edad de incorporación al trabajo y adelantando la jubilación, en grave perjuicio de los grupos sociales afectados (jóvenes y personas mayores). Puede concluirse, por tanto, que la Seguridad Social es un instrumento de desestabilización en las sociedades modernas, que hace peligrar su progreso armonioso y pacífico, dando lugar a graves tensiones y conflictos de difícil solución. Especialmente preocupante es la situación de las personas que de forma rígida e inflexible son jubiladas de acuerdo con las disposiciones que regulan la Seguridad Social. Uno de los aspectos más negativos del sistema estatal de Seguridad Social es su carácter rígido y uniforme para toda la población. No se entiende por qué no se permite que cada empresa, institución o persona particular diseñe libremente la transición de la vida de trabajo a la vida de jubilado, de la forma que se considere más adecuada a las circunstancias y menos perjudicial a las partes implicadas. En un mercado libre surgirían espontáneamente los más variados sistemas de jubilación que permitirían a cada ciudadano elegir la forma más adecuada de pasar a la jubilación, apareciendo instituciones como las de jubilación paulatina y el trabajo a tiempo parcial de los jubilados, que minimizan los graves traumas psicológicos y físicos que, en el ámbito de la Seguridad Social, experimentan las personas mayores de nuestra sociedad cuando se jubilan. Por último, hemos de criticar la idea de que la Seguridad Social, al menos, sirve al ideal de justicia social, al redistribuir la renta a favor de los grupos sociales menos favorecidos. En primer lugar, hay que señalar que, desde un punto de vista económico, el efecto de las políticas de redistribución de la renta es muy perjudicial para los grupos sociales menos favorecidos. Esto es así porque en una sociedad libre es imposible distinguir los procesos de producción de los de distribución de la renta. En una economía de mercado se produce en función de los beneficios que se espera obtener, de manera que es imposible modificar los resultados a través de políticas de redistribución de la renta sin afectar gravemente al proceso productivo mismo. Es decir, las políticas de redistribución de la renta desincentivan gravemente la energía de los agentes productivos del país, y por tanto empobrecen al conjunto del mismo y en especial a sus clases menos favorecidas. No hay nada de progresivo en unas políticas de redistribución de la renta que lo único que consiguen es impedir que las personas de niveles de renta más bajos puedan ascender hasta los puestos más altos de la escala social. Como ha demostrado el premio Nobel de Economía F. A. Hayek, la idea de justicia social es especialmente peligrosa para la convivencia social. En primer lugar, el concepto de justicia social carece de significado y es incompatible con los principios que deben regir a una sociedad libre. Como acabamos de indicar, una economía libre da lugar a un desarrollo económico armonioso y dinámico, pero motiva una desigual y siempre cambiante distribución de la renta. Todo intento de igualar los resultados del proceso de la libertad sólo podría llevarse a cabo una vez, puesto que se acabaría con el proceso mismo y con los fundamentos de la sociedad libre. Además, el ideal de justicia social implica el conceder al Estado unos poderes de tal amplitud sobre la vida de sus ciudadanos, que son absolutamente incompatibles con el concepto de Estado de Derecho. En una sociedad libre, no debe haber más justicia que la constituida por unas leyes de carácter general que se apliquen de forma abstracta a todos los ciudadanos e impidan conocer a priori cuál va a ser el resultado específico y concreto de la interacción entre los mismos. La única igualdad defendible desde esta perspectiva, es la igualdad ante leyes tal y como las acabamos de definir, pero en ningún caso una igualdad en los resultados, que es de raíz incompatible con la libertad y que se basa en un concepto de justicia social que es espurio y falso. II. El papel de los planes de pensiones privados Ien el modelo ideal de Seguridad Social Los problemas técnicos y éticos que se han comentado en el apartado anterior se evitarían si los recursos financieros para pagar las pensiones de jubilación, viudedad, orfandad e invalidez procedieran de tres fuentes distintas: en primer lugar, un nivel de asistencia social, de carácter mínimo, proporcionado por el Estado solamente para aquellos que no hubieran podido, por un motivo o por otro, proveer tal mínimo por su cuenta; en segundo lugar, estarían, con carácter dominante, las pensiones provinientes de los planes de pensiones privados de naturaleza colectiva; en tercer lugar, habría que mencionar al ahorro individual que cada uno hubiera logrado crear a lo largo de su vida. Los planes de pensiones privados (seguros de vidajubilación y fondos de pensiones) son sistemas privados que surgen a nivel de empresa, grupos de empresa, organizaciones profesionales, etc., en virtud de los cuales se va creando un fondo financiero durante la vida activa de los trabajadores, que sea actuarialmente capaz de hacer frente al pago de pensiones vitalicias de jubilación, una vez que dichos trabajadores se hayan jubilado. Igualmente, el fondo ha de permitir el pago de las prestaciones previstas en el plan en caso de fallecimiento o invalidez (pensiones de viudedad, orfandad e invalidez). Este sistema de descripción tan sencilla, que ha surgido de forma espontánea y ha alcanzado un enorme desarrollo en la mayor parte de los países industrializados de Occidente, permite solucionar simultáneamente dos graves problemas: por un lado, hace posible aumentar significativamente el ahorro global del país, favoreciendo con ello la salida de la crisis y el desarrollo económico; y, por otro lado, soluciona los otros problemas técnicos y éticos de la Seguridad Social ya comentados y que se derivan básicamente del hecho de que una generación se esté haciendo cargo de la otra mediante el sistema financiero de reparto. El efecto favorable sobre el ahorro se produce porque las cotizaciones que actualmente se realizan a la Seguridad Social por parte de los empresarios y los trabajadores, y que son destinadas inmediatamente a los jubilados que las reciben en forma de pensiones, irían a parar a unas compañías de seguros de vida y a unos fondos de pensiones que aumentarían enormemente los recursos financieros disponibles para la economía nacional. Ello impulsaría la inversión, sacando adelante empresas y proyectos económicos que hoy no tienen viabilidad por falta de los necesarios recursos financieros. El sistema de planes de pensiones privados haría posible a medio plazo: 1) financiar las pensiones de jubilación, sin producir tensiones ni problemas financieros, ni afectar negativamente al ahorro global del país, sino, todo lo contrario, fomentándolo; 2) reducir los costes laborales, disminuyendo la tasa de paro del país, dado que, mediante el sistema actuarial de capitalización, realizando unas contribuciones más reducidas que las que actualmente se efectúan a la Seguridad Social, podría garantizarse el mismo nivel de pensiones que hoy en día se pagan. Este efecto es muy fácil de entender, puesto que actualmente no se obtiene rentabilidad alguna de las cotizaciones que se pagan a la Seguridad Social, mientras que por el contrario en el sistema de planes de pensiones privados la rentabilidad financiera de las cotizaciones que constituyen los fondos, es muy importante y minora significativamente el costo total final de las prestaciones; 3) aumentar el salario real de los trabajadores como consecuencia del impulso económico que se verificaría en el país y que sería resultado de la mayor afluencia de fondos financieros a la inversión productiva a tipos más bajos de interés. Pero es que, además, el sistema de planes de pensiones privados solucionaría el problema que actualmente supone el que una generación se haga cargo de la otra, acabando con las inevitables tensiones y conflictos sociales a que da lugar el actual sistema de Seguridad Social y que ya hemos comentado. La creación de fondos de pensiones durante la vida activa de los trabajadores, permitiría que éstos, una vez jubilados, no dependieran de las generaciones más jóvenes, sino de los fondos que ellos mismos hubieran generado durante su etapa activa. Se trata, simplemente, de aplicar al nivel público el elemental principio de auditoría de costes, en virtud del cual los costes han de reconocerse en el momento que se producen, y no después. Es decir, el coste de las pensiones de los jubilados ha de repercutirse a los productos producidos cuando ellos trabajaban (sistema de planes de pensiones privados), y no a los bienes y servicios que hayan sido producidos posteriormente por otras personas que nada tienen que ver con dichos jubilados (sistema de Seguridad Social basado en el reparto). Al hacerse cada generación cargo de sí misma, se evitan los conflictos intergeneracionales que carecen de solución y que han sido artificialmente creados por la Seguridad Social estatal. Finalmente, los planes de pensiones privados dan lugar a una rica variedad de soluciones y alternativas en el área del diseño de distintas fórmulas para determinar las pensiones, edad y sistemas de jubilación, etc. Los planes de pensiones privados, constituyen un mecanismo que permite satisfacer las necesidades de flexibilidad sentidas en el seno de cada empresa y hacerlas compatibles con un tratamiento mucho más flexible y humano del problema de la jubilación desde el punto de vista del trabajador. III. Estrategia para la reforma Ide la Seguridad Social Es preciso comenzar con algunas consideraciones sobre la problemática que plantea toda estrategia política para conseguir reformas y logros adecuados en el campo de la Seguridad Social. a) Algunos principios estratégicos básicos El peligro más importante de toda estrategia de reforma es el de caer en el pragmatismo político del día a día, olvidando los objetivos últimos que se pretende conseguir en virtud de la pretendida imposibilidad política de su logro a corto plazo. Esta estrategia es muy peligrosa y en el pasado ha tenido efectos muy perjudiciales sobre los proyectos de reforma. El pragmatismo ha motivado sistemáticamente que, por conseguir o mantener el poder político, se hayan consensuado y adoptado decisiones políticas en muchos casos esencialmente incoherentes con lo que debieran haber sido los objetivos últimos de la reforma. Además, la exclusiva discusión de lo que era políticamente factible a muy corto plazo, relegando y olvidando totalmente los objetivos finales, ha impedido que se efectuase el necesario estudio detenido y proceso de divulgación entre el público en general de dichos objetivos. Los problemas de la Seguridad Social son tan graves que se han hecho evidentes incluso a los teóricos del Partido Socialista La estrategia correcta para la reforma de la Seguridad Social, ha de basarse, por tanto, en un principio de naturaleza dual. Esta estrategia consiste, por un lado, en estudiar constantemente y educar al público en torno a los objetivos finales que se pretende conseguir a medio y largo plazo y, por otro lado, en realizar a corto plazo una política de acercamiento hacia dichos objetivos que sea siempre coherente con los mismos. Solamente esta estrategia permite hacer a medio y largo plazo políticamente posible lo que hoy quizá parece muy difícil de alcanzar. b) Etapas de la reforma de la Seguridad Social A continuación analizaremos las cuatro etapas que cabe distinguir en todo proceso de reforma de la Seguridad Social. La primera etapa se caracteriza por la existencia de una Seguridad Social estatal clásica, muy parecida a la existente en nuestro país hasta la actualidad. La segunda etapa se caracteriza, básicamente, por la reducción de las prestaciones garantizadas por el sistema estatal de Seguridad Social y, como consecuencia, la aparición de un cierto ámbito para el desarrollo de planes de pensiones privados. Igualmente, en esta segunda etapa, puede considerarse que aparezca una disociación desde el punto de vista de la financiación del sistema de Seguridad Social, de manera que empieza a hablarse de una pensión mínima para todos los ciudadanos que se financia con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y sobre la cual se superpone la pensión garantizada por el sistema estatal de Seguridad Social. La evolución de la primera a la segunda etapa, es la que parece que de una manera tímida ha comenzado a iniciarse en España por parte de la Administración que actualmente gobierna el país. La tercera etapa se caracteriza por el hecho de que, aunque se mantiene el sistema de adscripción obligatoria al sistema público de previsión social, éste se encuentra dividido en dos escalones. El primer escalón está constituido, como en la etapa segunda, por una pensión mínima garantizada por el Estado y financiada mediante los Presupuestos Generales de éste. Sin embargo, el segundo escalón, aun siendo obligatorio, se puede gestionar a través de planes de pensiones privados, existiendo una Seguridad Social de gestión pública sólo con carácter subsidiario (caso de Inglaterra hasta ahora), o no existiendo ésta en absoluto (caso de Suiza). La cuarta etapa responde al objetivo final, que se basa en reducir el papel del Estado a establecer un sistema asistencial que conceda prestaciones mínimas basadas en necesidades demostradas. El resto de la previsión se efectuaría privadamente a través de planes de pensiones privados individuales y colectivos. A la vista del anterior esquema, es evidente que la reforma de la Seguridad Social ha de reunir las siguientes características: 1. Debe suponer en todo caso un avance hacia la etapa cuarta. 2. En ningún caso han de tomarse decisiones políticas que supongan un alejamiento total o parcial de esa dirección (criterio de coherencia con el objetivo final). 3. El modelo de reforma a corto plazo de la Seguridad Social puede claramente ser más atrevido que el proyectado por la Administración actualmente en el poder. Es decir, tenemos que establecer una estrategia a corto plazo de reforma a la Seguridad Social que permita pasar de la etapa una a la tres directamente. A continuación establecemos los que podrían ser rasgos básicos de dicha reforma. c) Líneas básicas de un proyecto para la reforma de la Seguridad Social en nuestro país La reforma que se propone, consiste en pasar de la etapa actual primera a la etapa tercera, dejando para más adelante, una vez que se hubiera consolidado la reforma, el estudio de un necesario segundo capítulo de la reforma (paso de la tercera a la cuarta etapa). La reforma que se propone supera la tímida reestructuración que pretende hacer el gobierno en un movimiento antinatura, puesto que lleva una correcta dirección desde el punto de vista liberal, pero no así desde el punto de vista socialista. Ello pone de manifiesto que, como se ha indicado, los problemas de la Seguridad Social son tan graves que se han hecho evidentes incluso a los teóricos del Partido Socialista. La reforma de la Seguridad Social debería efectuarse siguiendo las grandes líneas siguientes. 1. Regular y apoyar fiscalmente los planes de pensiones privados, favoreciendo su desarrollo e incorporando a los mismos a todos los empleados jóvenes que comiencen su vida profesional. Con ello se logra que el grupo actual de jubilados y activos se convierta en un grupo a extinguir, poniéndose así un límite al agravamiento de los problemas actuales. La regulación en nuestro país de los planes de pensiones privados aún no se ha completado. Falta que se dé un tratamiento fiscal favorable a los planes de pensiones privados y que dicho tratamiento sea el mismo con independencia del instrumento de financiación que se elija (un seguro de vida o un fondo de pensiones). 2. Ha de establecerse un primer escalón de pensión, de carácter mínimo (que se fije en un porcentaje del salario mínimo situado en torno al 50 por 100), cuyo pago ha de correr con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. La utilización de la aportación que realiza el Estado a los presupuestos de la Seguridad Social permitiría la financiación de este primer escalón universal de pensión de forma natural, y sin crear tensiones financieras en la transición. 3. El segundo escalón de pensión puede continuar siendo, por ahora, de naturaleza obligatoria, hasta un nivel determinado (no superior al 45 por 100 del salario final, para que, junto con el escalón universal, se alcance una pensión total del 60 al 70 por 100 del salario final). Sin embargo, se ha de permitir que la gestión de este segundo escalón se efectúe a través de planes de pensiones privados, de manera que solamente aquellas empresas que no establezcan voluntariamente su propio fondo sigan formando parte del sistema estatal de Seguridad Social basado en el reparto. Como es lógico, los planes de pensiones privados podrán garantizar pensiones por encima del nivel mínimo obligatorio de este segundo escalón. 4. Se ha de permitir que una parte de las contribuciones que actualmente se realizan a la Seguridad Social vayan a parar a los planes de pensiones privados (de inmediato un 10 por 100 del total cercarto al 40 por 100 que actualmente suponen las contribuciones a la Seguridad Social). De acuerdo con la experiencia de otros países, las empresas que opten por la gestión privada del segundo escalón verán reducidas sus contribuciones a la Seguridad Social, pero seguirán abonando a la misma unas cotizaciones reducidas, para ayudar a financiar las pensiones en curso de pago del sistema público hasta su extinción. 5. La Seguridad Social y el Estado han de continuar haciéndose cargo del pago de las pensiones a los pensionistas ya jubilados, pensiones éstas que han de financiarse a través de: a) las contribuciones no reducidas que se sigan pagando al sistema por las empresas y trabajadores que no opten por establecer planes de pensiones privados; b) las contribuciones minoradas que sigan pagando al sistema público las empresas y trabajadores que hayan optado por establecer un plan de pensiones privado; El coste financiero de la transición al nuevo sistema iría disminuyendo a lo largo de los años futuros c) la ayuda adicional que se pueda obtener de los Presupuestos Generales del Estado, reduciendo el gasto público en otras áreas menos urgentes, para minorar el coste financiero de la reforma del sistema de Seguridad Social que se propone. 6. El actual colectivo de jubilados y personas cubiertas por el sistema público, sería un colectivo a extinguir, que desaparecería a lo largo de una generación conforme cada vez un mayor número de empresas estableciera su plan de pensiones privado y un mayor número de trabajadores jóvenes fueran incorporándose a la vida laboral. Ello implica que el coste financiero de la transición al nuevo sistema iría disminuyendo a lo largo de los años futuros, quedando liberado un importe creciente de contribuciones a la Seguridad Social que podría dedicarse a aumentar la dotación a los planes de pensiones privados, a disminuir la carga global para las empresas y los trabajadores del mantenimiento de los dos sistemas (el nuevo de planes de pensiones y el antiguo a extinguir en relación con los pensionistas ya jubilados), o a cualquier combinación de estos dos objetivos. 7. En el plan que se propone en principio, se prevé que aquellas empresas que no opten por gestionar a través de un plan de pensiones privado el problema de la pensión de sus empleados sigan participando y contribuyendo a la Seguridad Social como hasta ahora. Sin embargo, parece conveniente fomentar de tal forma la creación de planes de pensiones privados (a través de su tratamiento fiscal, etcétera), que el sistema estatal de Seguridad Social se convierta de verdad en un sistema a extinguir en los próximos años, por ser utilizado cada vez por un número más pequeño de empresas (caso de Gran Bretaña). 8. Es preciso establecer que la transferencia al sistema nuevo de planes de pensiones privados sea el resultado de una decisión a nivel de empresa, como ocurre en el caso de Inglaterra, en el que las empresas que decidan establecer un plan de pensiones privado deben cubrir a la totalidad de los empleados de la misma sin distinguir entre los que están o no próximos a la jubilación. (Hay que tener en cuenta que la capitalización a un 7 por 100 de la reducción de contribuciones al sistema público que se propone haría interesante la contratación a través de un plan de pensiones privado del nivel mínimo de prestaciones del sistema público, incluso para empresas que tuvieran hasta una edad media de 45 años, lo cual motivaría, como ha demostrado la experiencia internacional, que sólo un número muy marginal de empresas no optarían por la gestión privada y que la llegada de nuevos jubilados al sistema público disminuiría, desde un principio, muy sustancialmente.) 9. Por último, la reforma debería prever que los planes de pensiones privados se hicieran cargo también del primer escalón universal de pensión, pero sólo en relación con aquellos jóvenes que iniciasen, por primera vez, su vida laboral. El coste actuarial de esta medida sería reducidísimo, dado lo lejano de la jubilación para los jóvenes. Además, la misma podría combinarse con contribuciones especialmente minoradas (o inexistentes) al sistema público, en relación con estos jóvenes trabajadores, lo cual tendría gran importancia como instrumento de lucha contra el paro juvenil. Esta última medida que proponemos, tiene su razón de ser en ir preparando el sistema para que dentro de 30 ó 35 años se pueda efectuar el paso a la etapa cuarta de la reforma, de manera que sólo se paguen pensiones por el Estado a las personas necesitadas. d) Otros aspectos estratégicos Es evidente que no será posible una reforma en profundidad de la Seguridad Social, tal como la que acabamos de proponer y necesitan la economía y la sociedad españolas, mientras no se movilicen un No será posible una reforma de la Seguridad Social, mientras no se movilicen un conjunto de fuerzas sociales y políticas en pos de la misma conjunto de fuerzas sociales y políticas en pos de la misma. Se trata de un proceso que es conveniente diseñar de forma correcta. Los puntos esenciales de la estrategia específica para reformar en profundidad la Seguridad Social han de ser, por tanto, los siguientes: 1. Tener un esquema sencillo y claro de adonde hay que ir y por qué. Se trata, como ya hemos indicado, de tener un esquema claro de cuál debe ser el sistema ideal de previsión pública y privada. Este esquema ha de estar fundamentado en tantos estudios actuariales, estadísticos y económicos como sea preciso, pero en última instancia ha de cristalizarse en una serie elemental de principios que ya hemos comentado, pero entre los que cabría destacar: Que los problemas de la Seguridad Social tienen su origen en que mediante la misma se pretende conseguir objetivos contradictorios de equidad individual y de equidad social. Que el sistema de Seguridad Social actual no es el más adecuado para conseguir los objetivos de equidad social que pretende. Estos objetivos han de perseguirse a través de un sistema desarrollado de asistencia social. Que la forma de alcanzar los objetivos de equidad individual es a través de las instituciones privadas que existen en el mercado y que se basan en las técnicas del seguro, el mutualismo y la previsión privada individual y colectiva. Que el sistema de asistencia social ha de estar financiado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Que el sistema de previsión individual ha de financiarse por los partícipes en el mismo (con independencia de que jurídicamente las correspondientes contribuciones las paguen las empresas o los trabajadores). Que la reforma debe emprenderse cuanto antes: todo paso dado en dirección de cualquiera de estos principios es positivo. Que debe evitarse el transigir en algunos de estos principios a cambio de obtener otras ventajas a corto plazo en la negociación política o colectiva. 2. Es necesario tranquilizar a los actuales jubilados. Desde un punto de vista político, es una condición sine qua non para que tenga éxito cualquier reforma en profundidad de la Seguridad Social, el que se asegure y garantice a aquellos que ya están percibiendo pensiones que las prestaciones que ya están percibiendo serán mantenidas una vez que se inicie el proceso de reforma de la Seguridad Social. Tranquilizar a los actuales jubilados es imprescindible, puesto que se trata de un colectivo de importancia tal que puede abortar cualquier reforma democrática del sistema estatal de la Seguridad Social. 3. Hay que educar al público. Es necesario hacer una campaña que explique al público cómo funciona de verdad el sistema de la Seguridad Social. La gente desconoce que las cuotas o contribuciones que se pagan a la misma son gastadas en cada ejercicio para pagar pensiones a los pensionistas ya jubilados y que, por tanto, la percepción de las pensiones en el futuro dependerá, si no se reforma la Seguridad Social, única y exclusivamente de las circunstancias políticas del momento y del comportamiento solidario de las generaciones más jóvenes. Hay que hacer ver numéricamente al público activo, las prestaciones que se podrían constituir con el coste actual de la Seguridad SoLo único que se prevé, es un traslado del actual nivel de contribuciones o de una parte del mismo, de los sistemas públicos a los sistemas privados cial, si es que las correspondientes contribuciones fueran a parar a un sistema privado fundamentado en la capitalización. Finalmente, es necesario explicar que es posible, a lo largo de un proceso de adaptación, traspasar la parte que sea necesaria de las prestaciones actuales de la Seguridad Social al sector privado, a la vez que se mantienen los derechos adquiridos de los que ya son pensionistas. Sólo si el público en general conoce la verdad de la situación y lo que está en juego, y se explican las ventajas y los inconvenientes de los sistemas alternativos, estará dispuesto a hacer el sacrificio que supone el mantener a aquellos que ya están jubilados y a la vez el que se vayan traspasando contribuciones al sistema privado. 4. Se trata de ir construyendo una coalición de intereses que sea lo suficientemente amplia y poderosa como para ir presionando hacia la reforma de la Seguridad Social. Los grupos más significativos que pueden formar parte de esta coalición son los siguientes: el mundo empresarial, puesto que sería el primer beneficiado de la reforma de la Seguridad Social, como consecuencia del gran incremento del ahorro y aumento de la oferta de recursos financieros que motivaría la aparición de un sistema de planes de pensiones privados, y que facilitaría y abarataría enormemente la financiación de los proyectos empresariales. Hay que resaltar que el principal interés del mundo empresarial es éste y no la aparente reducción de costes que motivaría una reducción de contribuciones. Reducción de contribuciones que, por otro lado, parece imposible de lograr a corto plazo, puesto que, en todo caso, habrá de elevarse para hacer posible la financiación de las actuales prestaciones y el comienzo de ¡a constitución de los correspondientes fondos de pensiones. Lo único que se prevé, por tanto, es un traslado del actual nivel de contribuciones o de una parte del mismo, de los sistemas públicos a los sistemas privados. En este sentido, ayudar a identificar cuáles son los verdaderos intereses del empresariado español en el campo de la Seguridad Social es esencial, puesto que la actual postura en este tema de la CEOE no es muy alentadora. Dentro del mundo empresarial destacan las instituciones financieras, bancos, compañías de seguros de vida, cajas de ahorro, etc., como principales interesados en el desarrollo de los planes de pensiones privados. No se trata simplemente de que les convenga la ampliación de nuevos mercados, sino de que son las instituciones a las que, por naturaleza, les corresponde estar a la altura de las circunstancias en un momento tan importante como el que se avecina. Finalmente, el grupo claramente más interesado en favor de la reforma, es el constituido por la gran masa de trabajadores activos más jóvenes o alejados de la jubilación, que son los que sin duda alguna van a soportar, muchas veces de forma injusta, el peso cada vez más agobiante de la financiación de la Seguridad Social, si es que ésta no se reforma. e) Conclusión: presentación electoral de la reforma La presentación electoral de la reforma que se propone, ha de fundamentarse en explicar a los ciudadanos los inconvenientes del sistema actual y la necesidad de una reforma en profundidad de la Seguridad Social. En cuanto a los inconvenientes del sistema actual y ventajas del que se propone, hay que explicar al público que la totalidad de lo que se contribuye hoy al sistema se gasta en pagar a los actuales pensionistas, y por lo tanto, que el cobro de pensiones en el futuro dependerá, en todo caso, de las posibilidades y circunstancias económicas de cada momento. Frente al sistema actual, el sistema que se propone es mucho más seguro y barato, puesto que las pensiones comprometidas estarán actuarialmente garantizadas por los fondos de pensiones constituidos, y la rentabilidad financiera que se obtenga de los mismos disminuirá muy sustancialmente el coste final de las prestaciones. Finalmente, hay que argumentar que la reforma que se va a efectuar sin traumas y que, de entrada, se basa simplemente en dar la opción de gestionar el nivel público de pensiones a través de planes de pensiones privados. En todo caso, se respetarán escrupulosamente las pensiones en curso de pago, así como el sistema público basado en el reparto para aquellas empresas que no opten libremente por abandonarlo. •