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Las sextas elecciones democráticas

Antonio Fontán

Sobre las elecciones del próximo día 6, la conjunción de problemas políticos, económicos y parlamentarios no permite demorar la disolución de Las Cortes. Las necesidades sanitarias y educativas deben estar resueltas.

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Antonio Fontán, “Las sextas elecciones democráticas,” accessed June 20, 2018, http://repositorio.fundacionunir.net/items/show/539.

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Las sextas elecciones democráticas

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El estado de la Nación

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Sobre las elecciones del próximo día 6, la conjunción de problemas políticos, económicos y parlamentarios no permite demorar la disolución de Las Cortes. Las necesidades sanitarias y educativas deben estar resueltas.

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Antonio Fontán

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Nueva Revista 030 de Política, Cultura y Arte, ISSN: 1130-0426

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Difusiones y Promociones Editoriales, S.L.

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Nueva Revista de Política, Cultura y Arte, All rights reserved

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El estado de la Nación La conjunción de problemas políticos, económicos y parlamentarios no permitía demorar la disolución de Las Cortes Las sextas elecciones democráticas Por Antonio Fontán n las elecciones del próximo día 6 los dos grandes partidos se repartirán unos doscientos noventa asientos en el Congreso de los Diputados. Ni más de trescientos ni menos de doscientos ochenta. EEso es lo que ha sucedido en las cinco ocasiones precedentes: 282 (en el 77), 288 (79), 308 (82), 289 (86), 283 (89). Es decir, entre el ochenta y el ochenta y ocho por ciento de las actas. (Con los doscientos ocho escaños de elección directa del Senado ocurrirá algo semejante. Las cinco veces, la suma de electos de las dos principales candidaturas rebasó el noventa por ciento del total). El resto de la Cámara Baja se distribuirá normalmente entre los nacionalistas catalanes y vascos, la coalición liderada por los comunistas y algunas formaciones regionales. Es casi seguro que entre todos no pasarán en esta oportunidad de sesenta. Quizá no lleguen. En el Senado estarán los catalanes de CIU entre diez y doce y los nacionalistas vascos de los diversos partidos. En esas condiciones tendrá que formar gobierno la más numerosa de las dos grandes minorías del Congreso, sin mayoría absoluta, como ocurrió en los dos mandatos de la UCD. Para la investidura del Presidente basta una mayoría simple, mientras que hace falta la absoluta para cambiarlo en una moción de censura. La combinación de ambas modalidades fué una sabia previsión constitucional para favorecer lo que ahora se llama la gobernabilidad. (Este neologismo no se usaba todavía en el 77, aunque ya se practicara esa lengua técnica o jerga de oficio que Amando de Miguel llamó el politiqués. Pero su léxico era más reducido). Nuevo Parlamento, nuevo Gobierno Si la minoría mayoritaria fuera de los populares, cabe que sumando Izquierda Unida al PSOE, se junten más actas de las que tiene el PP. Pero no parece imaginable que el actual Presidente u otro candidato socialista acepte el poder, en precario, de manos de los comunistas y de antiguos compañeros suyos, huidos del PSOE, exponiéndose, además, a una constante presión por parte de unos incómodos e imprevisibles presuntos aliados. Por mucho que hayan dicho que harán cualquier cosa para cerrar el paso a la derecha, seguirían su política y no la del vecino. La minoría catalana y el PNV, con los poco más de veinticinco escaños que tendrían, ayudarían a la famosa gobernabilidad por cualquiera de las tres fórmulas posibles: coalición, apoyo parlamentario o abstención en la investidura. Y a favor de la más poblada de las dos principales minorías. El Senado no interviene en la designación de Presidente, si bien cuenta mucho a efectos legislativos, de comparecencia y control del gobierno y de debate político. Y en esa Cámara es altamente probable que la situación actual de mayoría socialista se invierta a favor de sus rivales. Hasta aquí la aritmética electoral y parlamentaria y sus consecuencias a efectos de la formación del gobierno. La disolución pertenece ya al pasado y la indagación sobre los motivos que la determinaron, por documentada y razonada que esté, no deja de pertenecer al género de las especulaciones. Probablemente, confluyeron en un determinado punto del calendario varias causas de distinto orden. Todas ellas eran políticas, pero unas tenían que ver con el Parlamento, otras con la Justicia y otras con la Economía. ¡Nada más y nada menos que tres Títulos de la Constitución, el cinco, el seis y el siete! Los últimos pasos del proyecto de Ley de Huelga por las Cámaras pusieron en evidencia que por un lado iba el gobierno y por otro sus parlamentarios (aunque algunos de ellos fueran exministros y sedicentes renovadores) y con éstos lo que se suele llamar el aparato del partido. Ni pueden ni quieren quitar a González, pero son capaces de decirle alguna vez que no. El Gobierno y el Presidente sabían que con esa ley en su redacción final, como ya se dijo entonces, aquí no iba a invertir nadie. Las cuestiones judiciales que afectan al partido socialista se resumen ante la opinión con las siglas de una compañía que facturaba por unos servicios inexistentes y de la que se sospecha que prestaba otros inconfesables. Pero eso se descubrió después de lo del despacho del gobierno civil de Sevilla y fué seguido de otros escándalos del mismo signo y del mismo partido. (Es un manifiesto propósito de intoxicación, y un acto de mala fe, tratar de establecer un paralelo entre estas tramas paraoficiales de financiación ilegal y de otros posibles delitos, con episodios menores que afectaron a personas del Partido Popular y que los tribunales han resuelto sin que se interfiriera nadie. En el que más papel de prensa consumió, hace ya tres años, los tribunales hubieron de disponer que se archivara por falta de cualquier clase de pruebas, rechazándose además los recursos que se presentaron contra esa decisión). Acerca de la situación económica, cualquier español que lea los diarios sabe hoy tanto como el profesor Fuentes Quintana o el gobernador Rojo, nuestros más acreditados gurús de la materia. El gobierno ha descargado todas las culpas sobre la coyuntura que, ciertamente, es mala y que no puede replicar. Pero, a estas alturas de la función hay que decir que algo tiene que ver también con lo que pasa la estructura y mucho más la política, a cuyas decisiones de los últimos años se deben no pocas de las grietas que ofrece esa estructura. En los últimos meses se han disparado todos los indicadores económicos: todas las luces rojas encendidas a la vez. No es preciso enumerarlas. Esás razones y otras semejantes han invitado a disolver el Parlamento, contra las repetidas declaraciones del Gobierno de llegar hasta el final, que parece que eran sinceras. Pero ya no se podía más. Hacía falta una política nueva, para la que el Gobierno no se sentía con fuerzas y para lo que no tenía legitimidad. Ellos habían venido para seguir al frente de la alegre cabalgata del gasto desbocado del 82, dispuestos a coronarla con los fastos del annus mirabilis recientemente terminado. Se habían dejado en el camino casi treinta diputados en dos elecciones sucesivas. Pero aún tenían mayoría, si bien ésta les había sido ratificada en el 89 para practicar una política distinta o contraria a la que ahora es preciso ejecutar. Se había perdido además la confianza con el permanente juego de dos pasos en una dirección y otros dos en la opuesta. Por eso hay que reconocer que el Presidente del Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer. Los ingleses dicen go to the country, convocar elecciones. Quizá habría sido mejor antes, como le pedía la oposición. Ciertamente durante el primer trimestre del año ha habido otras circunstancias que si no impedían una convocatoria de elecciones la desaconsejaban. Y ahora ya, finalmente, con la conjunción de los tres problemas políticos, parlamentarios y económicos, no se podía demorar más la disolución del Parlamento. El cambio deseable y la ocasión de junio Antes de que empiece la campaña (que es cuando se escriben estas líneas) se tiene la impresión de que los dos grandes partidos están próximos en intención de voto, con una inclinación favorable a la actual oposición, que todo el mundo llama alternativa, que no está desgastada por el ejercicio del poder y que se halla democráticamente legitimada por el creciente apoyo que ha recibido a lo largo de los últimos comicios generales, regionales y locales. El planteamiento político del cambio ha de ser ideológico y realista en los programas, así como vigoroso, creíble y moral en propósitos y en actitudes. Y este cambio, o más bien, renovación, ha de efectuarlo el gobierno que resulte después del trámite de las votaciones. Es preciso que la política y los políticos vuelvan a despertar confianza, que se infunda sosiego en la nerviosa y desquiciada vida pública actual y que se invite a la ciudadanía a recobrar el pulso y aportar el esfuerzo necesario para salir de la situación embarrada y paralizante en que se encuentra el país. Existe una demanda social de limpieza y de austeridad. Se pide y se espera de los gobernantes una ética exquisita y ejemplar. Pero los políticos no deben ocultar que van a ser precisos sacrificios que han de compartir todos los sectores sociales. A este país se le ha prometido, durante mucho tiempo ya, que la satisfacción de sus carencias le iba a venir graciosamente regalada por un generoso Santa Claus comunitario, por obra y gracia de los acuerdos de Mastrique. Las más urgentes necesidades de cambio pertenecen al ámbito de la política económica. No se puede aplicar el rigor monetarista con el fanatismo de los neoconversos del keynesianismo. Hay que reconstruir toda la parte que sea posible de lo que fué la industria nacional. No se puede mandar de golpe y todos a la vez a los agricultores a un ocio estéril, aunque sea subvencionado. No se debe castigar el ahorro y frenar la inversión, con una ñscalidad confiscatoria y unos intereses desproporcionadamente altos, sobre todo si los impuestos se destinan a cubrir los déficits de los gastos corrientes de la administración. Un gobierno para todos España ha derrochado por encima de sus posibilidades en inversiones suntuarias, aunque fueran de obras públicas y en otras condenadas a un desmantelamiento ideologizado y absurdo, como el que se ha practicado con las centrales nucleares de este lado de los Pirineos para surtirnos con energía del mismo origen generada a pocas millas de la frontera. Hay que atender las necesidades y las legítimas aspiraciones sanitarias y educativas, pero con sistemas mixtos que permitan hacerlo con unos costos soportables. Pero sobre todo se han de restablecer las libertades erosionadas y el respeto a una ciudadanía agredida a diario por la permisividad antisocial de que abusan unos profesionales de la inmoralidad, frecuentemente también desde medios de propiedad y de gestión pública. La relación de lo que falta y la de lo que sobra podría alargarse casi indefinidamente. El cambio que el país requiere en este año 93, no es una nueva transición. Es una recuperación del espíritu de la que tuvo lugar en los últimos años setenta y primeros ochenta. El gobierno del cambio que ha de hacerse ahora, sin saltos atrás ni asomos de revancha, tendrá que ser, técnicamente, un gobierno de partido. Pero ha de ser, políticamente, un gobierno nacional, es decir un gobierno para todos. La responsabilidad principal recaerá sobre los vencedores es decir, sobre aquél de los dos partidos que obtenga más actas. Pero también sobre los otros. Tal como están las cosas, cien días y los cien del verano no bastan. El gobierno resultante se presentará, de verdad, el uno de octubre con la Ley de Presupuestos. •