Más deducciones pero menos beneficios

Más deducciones pero menos beneficios

La pugna entre comunidades autónomas

Para las próximas elecciones generales, los partidos políticos han ideado un programa electoral donde la rebaja de impuestos va a ser una propuesta estrella.

Jesús García

Nueva Revista 115 de Política, Cultura y Arte, ISSN: 1130-0426

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LA PUGNA ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS Más deducciones pero menos beneficiosas JESÚS GARCÍA PERIODISTA ECONÓMICO lgo está cambiando en el terreno de la fiscalidad en España. Es un Ahecho que se hace patente cada vez que se acercan unos comicios electorales. Desde que José María Aznar propusiese en 1996 una reforma sustancial del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, en todos y cada uno de los enfrentamientos con las urnas que se han celebrado las promesas fiscales no han faltado. Las elecciones del próximo 9 de marzo no iban a ser menos. Tanto el Partido Popular como el PSOE han ideado un programa electoral donde la rebaja de impuestos va a ser una de las propuestas estrella. Otro hecho destacable a lo largo de estos años es que la rebaja impositiva no se ha traducido en un deterioro de la recaudación sino todo lo contrario. La fórmula ha sido sencilla. Con la rebaja del IRPF se ha incrementado la renta disponible de las familias que, favorecidas por una política monetaria de bajos tipos de interés, se han lanzado al consumo y la compra de una vivienda. Esta reacción ha provocado que lejos de disminuir la recaudación incrementase por la vía de otros tributos, como puede ser el IVA, junto a otra serie de impuestos relacionados con la vivienda. Además, y como consecuencia del empuje de la demanda interna a lo largo de estos años, la actividad empresarial también ha crecido y, consecuentemente, sus beneficios y la generación de empleo, lo que ha tenido su reflejo en un incremento de los ingresos por la vía del Impuesto de Sociedades y de las cotizaciones a la Seguridad Social. Sin embargo, conviene señalar que, pese a los muchos esfuerzos que los dos partidos que han estado en el Gobierno han realizado por reducir y simplificar el principal de los impuestos que afecta a un mayor número de ciudadanos, es decir el IRPF, la realidad ha sido bien distinta y la guerra desatada entre las comunidades por buscar aquella deducción que más pudiese beneficiar a los intereses de sus ciudadanos no ha hecho más que dificultar un impuesto por el que declaramos la mayor parte de los ciudadanos. El actual sistema de financiación autonómica aprobado en 2001 —que abrió por primera vez el reparto hacia las comunidades autónomas de aquellos tributos que hasta entonces eran competencia exclusiva del Estado, dotándoles en algún caso de capacidad normativa para crear o eliminar deducciones a capricho— ha provocado que el IRPF, lejos de simplificarse, se encuentre con un elevado grado de complejidad. DEDUCCIONES CICATERAS El actual Impuesto de la Renta cuenta en estos momentos con centenares de deducciones autonómicas de todo tipo, que han jugado en contra de la sencillez perseguida inicialmente. Sin embargo, y pese al gran número de deducciones que han aflorado en cada una de las comunidades con el propósito de generar ciertas simpatías en el electorado, un análisis pormenorizado de las mismas pone de manifiesto que sus repercusiones económicas son muy limitadas. Según se desprende de un estudio realizado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), las comunidades no han empleado su capacidad normativa para resolver los problemas cotidianos del ciudadano, como acceder a la compra de una vivienda, fomentar la actividad emprendedora o ser respetuoso con el medio ambiente. Muchas de estas deducciones son minúsculas e incluso cicateras, por lo que podría entenderse que están hechas de cara a la galería más que para cumplir el fin social para el que teóricamente fueron propuestas. Y esto es así porque son muchos los requisitos que se necesitan para poder beneficiarse de la ayuda fiscal. Muchas veces se trata de deducciones de muy pequeña cuantía, otras suelen estar vedadas para rentas medias y altas, y sus potenciales beneficiarios no tienen cuota suficiente para deducírselas o no presentan declaración. Según el estudio del Reaf, aunque las comunidades reciben unos 19.000 millones de euros por el IRPF, del 33% que tienen cedido, lo que viene a representar el 25% de sus necesidades de financiación, tan sólo se dedican 88 millones de euros a bonificaciones fiscales, es decir, una despreciable cifra del 0,48% de la cuota autonómica del impuesto, lo que puede dar una idea clara de que su incidencia real resulta insignificante. Cifras en cualquier caso nada comparables con los más de 5.000 millones de euros que Hacienda dedica al presupuesto de beneficios fiscales. De esta forma se demuestra que desde la puesta en marcha del actual sistema de financiación autonómica, la totalidad de las comunidades han obrado en el mismo sentido: deducciones de reducido coste económico pero de gran calado propagandístico, descartando en todo caso una subida de la presión fiscal. Todo podría cambiar si las comunidades optasen, como ha hecho Madrid, por aplicar una rebaja generalizada de la tarifa. Otro caso totalmente distinto es el del Impuesto del Patrimonio, del que se obtiene una recaudación bastante reducida, que viene a representar el 1,71% de la financiación de las comunidades con algo más de 1.250 millones de euros. Sin embargo, el anuncio de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, de rebajar este año y eliminar totalmente en 2010 este tributo ha abierto una verdadera guerra fiscal entre regiones, atenuada por el propio vicepresidente económico, Pedro Solbes, que también sostiene la posibilidad de eliminar este tributo. Dentro de los factores que juegan a favor de esta eliminación se encuentra la idea de que se trata de un impuesto que penaliza al ahorro, mientras que su eliminación libera importantes cantidades de dinero que impulsarían la actividad económica compensando con creces las cantidades que teóricamente dejarían de ingresarse. Por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, las comunidades perciben cerca del doble que por Patrimonio, es decir, casi 2.500 millones de euros, pero se trata de otro de los tributos avocados a la eliminación en mayoría de las comunidades autónomas. Por Transmisiones Patrimoniales Onerosas, nuestras comunidades perciben cerca de 8.500 millones de euros, y por Actos Jurídicos Documentados otros 6.800 millones de euros, cifras que a lo largo de los últimos años se han incrementado de forma espectacular gracias a la evolución del mercado inmobiliario. Las subidas de precios e incrementos de las operaciones han provocado un importante impulso de la recaudación. Ahora, el consiguiente freno de la construcción también pasará factura tanto a las arcas de las comunidades como de los municipios. Desde que José María Aznar propusiese en 1996 una reforma sustancial del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, en todos y cada uno de los enfrentamientos con las urnas que se han celebrado no han faltado las promesas fiscales. POCA CORRESPONSABILIDAD FISCAL La capacidad normativa que tienen las comunidades autónomas en virtud del último sistema de financiación ha sido utilizada, cuando así ha sido, en un mismo sentido y de forma muy tímida. El concepto de corresponsabilidad fiscal, surgido del modelo de financiación actualmente en vigor —que no es otra cosa que quien más gaste tome las medidas necesarias para recaudar más y poder así gastar en consonancia—, no se ha aplicado hasta sus últimas consecuencias. Conviene recordar de qué forma las comunidades han utilizado su capacidad normativa en los distintos impuestos. En el IRPF, pese a la inmensa capacidad de deducciones introducidas, se han utilizado muy poco los mecanismos de mayor potencia y más transparentes, como la tarifa y el tramo autonómico de la deducción por adquisición de vivienda. Así tenemos que en 2007 únicamente Madrid ha bajado la tarifa, lo que sin duda sí es una gran novedad que, con toda seguridad, imitarán otras comunidades. En este tributo lo más importante es que se han aumentado un amplio número de deducciones, especialmente dirigidas al ámbito familiar, de escasa significación y cuantía y de difícil utilización, como ha quedado anteriormente reseñado. El debate sobre la eliminación del Impuesto del Patrimonio está abierto. A la decisión de Madrid de suprimirlo en 2010, se une la intención del Ejecutivo actual de desarrollar la misma medida, aunque lógicamente habrá que buscar una fórmula dentro del nuevo modelo de financiación comprometido para la próxima legislatura. En cualquier caso, como norma general, en este tributo se emplea escasamente la capacidad normativa y únicamente Cantabria modificó en 2007 la tarifa. Otras comunidades han subido el mínimo exento, si bien tan sólo CanEl anuncio de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, de rebajar este año y eliminar totalmente en 2010 el Impuesto de Patrimonio ha abierto una verdadera guerra fiscal entre regiones, atenuada por el propio vicepresidente económico, Pedro Solbes, que también sostiene la posibilidad de eliminar este tributo. tabria y la Comunidad Valenciana lo han hecho significativamente de 108.182 a 150.000 euros. Otra opción es fijar mínimos exentos incrementados para discapacitados. En cuanto al Impuesto de Sucesiones y Donaciones se trata de un tributo prácticamente suprimido para aquellos casos en que el sucesor es cónyuge, ascendiente, descendiente, adoptado o adoptante en Cantabria, La Rioja, Baleares, Castilla y León, Madrid y la Comunidad Valenciana. Para descendientes menores de 21 años son más las comunidades que suprimen la tributación. Otra de las prácticas más comunes en Sucesiones es la mejora la reducción estatal del 95% de la transmisión de empresa familiar, tanto en porcentaje como suavizando requisitos. Por lo que respecta a Donaciones, casi se suprime la tributación en Madrid y Baleares. En la Comunidad Valenciana se exime de tributar a los ascendientes y descendientes siempre que su patrimonio preexistente no supere los dos millones de euros. También en Donaciones un amplio número de comunidades opta por reducciones para la transmisión de empresa familiar y se ha rebajado la tributación de las donaciones padreshijos, para la adquisición de una vivienda. Este incremento de la «competencia fiscal» es la que ha provocado que ciertos capitales de una comunidad vayan a otra en busca de una mejor fiscalidad, como se ha podido apreciar en ciertas operaciones de Cataluña hacia Madrid. En Actos Jurídicos Documentales, los documentos notariales se gravan al 1% en todas las comunidades de régimen común, con la excepción de Canarias, que lo hace al 0,75%, y los territorios forales, al 0,5%. 0« JESÚS GARCÍA