Más y mejor consenso...y gobierno

Más y mejor consenso...y gobierno

Lo primordial del Gobierno

Artículo sobre el consenso político que no significa necesariamente unanimidad, pero sí una voluntad de acuerdo inspirada por el espíritu de servicio público.

Antonio Fontán

Nueva Revista 119 de Política, Cultura y Arte, ISSN: 1130-0426

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LO QUE PRIMA AHORAMás y mejor consenso...ygobiernoANTONIOFONTÁNn las naciones que disfrutan de una democracia estable y desarrollada los poderes públicos habitualmente han de ocuparse de tresEclases de asuntos diferentes: las cuestiones de Estado, las cuestiones deGobierno y las de Administración. En este momento final del primeraño de la actual legislatura, España tiene ante sí problemas de estos tresórdenes.Por su entidad, y por su alcance histórico, los más importantes sonlos de Estado, que suelen plantearse por diferentes lecturas e interpretaciones de la letra de determinados pasajes de la Constitución. Porejemplo, los que se refieren a la estructura y naturaleza del Estado y asu organización territorial, o a derechos fundamentales, como el derecho a la vida (artículo 9 de la Constitución de 1978 y 6 del Pacto Internacional de Nueva York), a la libertad personal y a las otras libertades, a la seguridad, que los poderes públicos deben amparar, etc. En laConstitución española de 1978 entraría entre los asuntos de Estadotodo lo que se lee en los artículos 10 a 55 del Título I, «De los derechosy deberes fundamentales», y una parte del Título VIII.Para dar respuesta a estas cuestiones de Estado, la prudencia políticacon que se ha de actuar en asuntos de particular trascendencia y difícil rectificación, aconseja que el Gobierno o el Parlamento logren quela ley o la decisión de que se trate tenga el respaldo político y moral deuna cualificada mayoría de los ciudadanos de la nación. Para las leyesNUEVA REVISTA 119 · OCTUBRE 2008[ 7]Antonio Fontánorgánicas de más vasto alcance no debería ser suficiente su aprobaciónpor una ajustada mayoría parlamentaria, no pocas veces de ocasión yde insegura estabilidad, que dejara fuera de la responsabilidad de loacordado a la representación parlamentaria de una tercera parte o másdel electorado nacional. Es lo que podía ocurrir con una aplicaciónmecánica del artículo 51 de la Constitución que deja en manos de lamitad más uno de los diputados la aprobación definitiva de las leyes orgánicas «ordinarias».Estas consideraciones son de actualidad, cuando desde el Gobiernoy algunas tribunas ideológica y políticamente afines, se han dejado verseñales de que se abriga el propósito de poner sobre la mesa cuestionesparticularmente sensibles para las convicciones y la conciencia de millones de españoles. Me refiero a los proyectos de una nueva regulación,ampliamente permisiva, de la «interrupción del embarazo», para la queya desde el ministerio llamado de la Igualdad (sic!) se ha creado una Comisión unilateralmente «proabortista», que asesoraría al Gobierno enesta materia, o a las declaraciones de algún ministro que se mostraríapartidario de legalizar la eutanasia, amparada por algunos comentaristasproclives a ella por esa contradictio in terminis que sería el «suicidio asistido».No es preciso que nadie haga declaraciones explícitas para que todoel mundo sepa que una mitad, o más, de los diputados del año 2008 y lamayoría de los senadores difícilmente apoyarían con sus votos unasleyes semejantes.Los asuntos de Estado requieren o aconsejan que las Cámaras parlamentarias y los partidos traten de alcanzar fórmulas de consenso. Elconsenso político no significa necesariamente unanimidad, pero sí unavoluntad de acuerdo inspirada por el espíritu de servicio público, poniendo en práctica la tolerancia, que es una virtud, y se traduce en laaceptación de las posiciones ajenas por parte de unos y el respeto a lascontrarias por parte de los otros.Recientemente el Parlamento ha ejercido este «consenso político»en el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Se ha cumplido lo preceptuado en el artículo 122 de la ConstiNUEVA REVISTA 119 · OCTUBRE 2008[ 8]Más y mejor consenso... y gobiernotución conforme a la mecánica esEl consenso político notablecida en la ley orgánica vigente,significa necesariamenteaunque todo el mundo político seaunanimidad, pero sí unade sobra conocido que los popularesvoluntad de acuerdono son partidarios de todo lo que eninspiradapor el espírituesta ley se dispone.deservicio público.La normativa legal vigente exigeque[ los miembros del Consejo delPoder Judicial de nombramiento parlamentario hayan de ser elegidospor las tres quintas partes de cada una de las Cámaras. O se lograbaalgún tipo de consenso o no era legalmente posible la renovación deun organismo al que corresponden funciones ejecutivas tan relevantescomo las que le encomienda el texto de la Constitución.Tras todas las dificultades precedentes y a pesar de las críticas de algunos funcionarios y de ciertos comentaristas políticos, el consenso oacuerdo parlamentario ha permitido que la renovación del Consejo seaun hecho y que por fin se haya abierto oficialmente el año judicial, aunque fuera con algún retraso, sobre la fecha tradicional. Es presumibleque lo mismo vaya a ocurrir con la designación de los magistrados delTribunal Constitucional. Cuando en un Parlamento el partido del Gobierno y la «alternativa» juntos reúnen casi el noventa por ciento de lasactas, es así como deben actuar esas fuerzas políticas ante las cuestionesde Estado. En la monarquía de España el supremo titular de los poderespúblicos es el Parlamento.En el crítico momento actual de la economía española es indispensable que los poderes públicos se ocupen prioritaria y ordenadamente conserena firmeza, pero sin demora, de los acuciantes problemas que tieneante sí España y las principales naciones de casi todos los continentes.Son «problemas de Gobierno», y por su propia naturaleza coyunturales,pero su gravedad y su volumen reclaman la pronta atención y una respuesta de los responsables políticos del país: Gobierno y oposición, partidos y organizaciones sociales, comunidades autónomas y municipios, asociaciones de trabajadores y de empresarios, grandes y medianas empresas,instituciones financieras públicas y privadas (todo el sistema financiero),NUEVA REVISTA 119 · OCTUBRE 2008[ 9]Antonio Fontániniciativas de origen particular como los gabinetes de estudio y hastalas ONG.La crisis económica, llámese como se llame, no es algo que hayaafectado sólo a un sector o tenga un único origen. No es la «crisis del ladrillo», ni se debe exclusivamente a un súbito y desbocado crecimientode los precios del petróleo. Tampoco es algo que haya sobrevenido derepente o por sorpresa como caído del cielo o impuesto desde fuera. Nohan faltado economistas y profesionales de los sectores empresariales—industriales, comerciales o de servicios— que hablaban de ello comoalgo altamente probable o casi seguro, y que sólo se preguntaban con lasegunda parte del famoso aforismo latino certus an, incertius quandoloque iban a tardar en llegar a nuestro cielo las tormentas que casi veíanya en el horizonte.Sus consecuencias no se limitan a descensos en la Bolsa o a una sucesión de «concursos de acreedores» (antes se decía «quiebras»). Estamos ante graves problemas económicos con sus derivaciones socialesque en parte han sido causados por errores de concepto y de gestión delos responsables del poder, si bien en este mundo globalizado todas laseconomías nacionales comunican entre sí y los problemas no son exclusivos de ninguno de los Estados ni de las grandes corporaciones internacionales.En este otoño de 2008 España, igual que casi todas las naciones denuestro hemisferio político y social, tiene que afrontar la situación enque ahora se encuentra su economía y sus repercusiones no sólo financieras, industriales y comerciales, sino, quizá en primer lugar, socialesque de ella se derivan.Es evidente que la España del «euro» tiene sus medios de actuaciónestrechamente ajustados a los de otras economías nacionales y que nopuede actuar en solitario. Pero a esos problemas económicos y socialeshan de hacer frente con leal entendimiento y, en su caso, colaboraciónde todos los poderes públicos de la nación. El Gobierno ha de contarcon la oposición y no sólo con la disciplina de las instituciones autonómicas y locales que domina su partido, sino con las de los populares.El debate parlamentario de los Presupuestos pondrá a prueba la volunNUEVA REVISTA 119 · OCTUBRE 2008[ 10]Más y mejor consenso... y gobiernotad de acuerdo en defensa del interés nacional, que debe prevalecer conlas pretensiones de unas cuantas comunidades autónomas y municipalidades. Hay economistas y tal vez también políticos que opinan quepodía ser mejor prorrogar los actuales Presupuestos que aprobar otrosque no se puedan cumplir o que sea ruinoso hacerlo.Esta situación, que podría llamarse de emergencia, igual que el terrorismo que no cesa, son cuestiones de Gobierno y no propiamente deEstado. Pero de tanta urgencia y envergadura en este final del primeraño de la actual legislatura que el Ejecutivo y la oposición han de cooperar en buscar las respuestas sin hacerlas materia de debates partidistas. Puede ayudarles a lograrlo que aún faltan casi cuatro años para unaselecciones generales, y lo más probable es que los plazos se cumplan.Las cuestiones de Administración, como el régimen local, o las reformas de los Estatutos de Autonomía, incluso la aplicación de las queya se han acordado pueden esperar a un momento más tranquilo. Lo quehace falta ahora no es que los entes subestatales tengan más autogobierno, sino que el Estado —todo él— tenga «más y mejor gobierno».ANTONIOFONTÁNNUEVA REVISTA 119 · OCTUBRE 2008[ 11]