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El futuro de una nación, Timor Oriental

Álvaro Jarrillo

Sobre la reciente independencia de Timor Oriental que pone fin a un largo proceso histórico marcado por la ocupación constante de un territorio, objeto de continuas disputas externas desde la llegada de los primeros colonizadores portugueses.

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Álvaro Jarrillo, “El futuro de una nación, Timor Oriental,” accessed April 16, 2024, http://repositorio.fundacionunir.net/items/show/1429.

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Title

El futuro de una nación, Timor Oriental

Subject

Panorama internacional

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Sobre la reciente independencia de Timor Oriental que pone fin a un largo proceso histórico marcado por la ocupación constante de un territorio, objeto de continuas disputas externas desde la llegada de los primeros colonizadores portugueses.

Creator

Álvaro Jarrillo

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Nueva Revista 066 de Política, Cultura y Arte, ISSN: 1130-0426

Publisher

Difusiones y Promociones Editoriales, S.L.

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Nueva Revista de Política, Cultura y Arte, All rights reserved

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EL FUTURO DE UNA NACIÓN: TIMOR ORIENTAL imor Oriental será una nación, como otras naciones del mundo», Tdecía Xanana Gusmao, líder de la resistencia timorense, a su llegada Timor a finales de octubre. Gusmao, capturado y detenido por las autoridades indonesias desde 1992, ha liderado la resistencia timorense al frente del Consejo Nacional de Resistencia Timorense (CNRT), que resultó ser la fuerza política vencedora en la Consulta Popular celebrada el pasado 30 de agosto y está llamado a ser el presidente de la nueva nación de Timor Oriental. La reciente independencia de Timor Oriental pone fin a un largo proceso histórico que ha estado marcado por la ocupación constante de un territorio, objeto de continuas disputas externas desde la llegada de los primeros colonizadores portugueses. Estos llegaron a Timor a comienzos del siglo XVI. Timor era la más lejana de las colonias portuguesas y las deficientes comunicaciones con la metrópoli hicieron difícil el control efectivo del territorio. Gracias a las buenas relaciones con Castilla en el siglo XVI, en 1529 un acuerdo reconocía el dominio castellano sobre Filipinas al tiempo que permitía a los portugueses consolidar su colonia en la totalidad de la isla de Timor. Los conflictos bélicos llegaron a comienzos del siglo XVII debido a los enírentamientos con los Países Bajos, que atacaban las posesiones portuguesas por formar parte de la monarquía hispánica, con la cual estaban en guerra. Así, en 1653, los holandeses ocuparon Kupang, en el extremo occidental de la isla y fueron extendiendo la ocupación hasta consolidar su presencia efectiva en la parte occidental a mediados del siglo XVIII. Durante el siglo XIX persistieron los graves enfrentamientos entre holandeses, portugueses e indígenas hostiles a la ocupación. Jurídicamente, fueron muy importantes los tratados que, entre 1815 y 1913, dividieron la isla y delimitaron la frontera entre el territorio portugués y el holandés. El conflicto de la Segunda Guerra Mundial también afectó a esa zona del sudeste asiático. La isla de Timor, a pesar de la neutralidad portuguesa, fue ocupada por Japón, que había tomado otras islas del archipiélago de las llamadas Indias Holandesas. Esa ocupación japonesa ayudó a exacerbar los sentimientos nacionalistas frente a las potencias coloniales. Tras la rendición japonesa, esos sentimientos nacionalistas frente a la metrópoli holandesa llevaron a que, desde 1945, Sukarno liderara el movimiento independentista y lograra que, tras enfrentamientos con Holanda y gracias a la mediación de la ONU, Indonesia accediera a la independencia en agosto de 1949. En ese momento histórico, Indonesia, frente a las amenazas secesionistas de algunas zonas del archipiélago (Sumatra, Molucas, Kalimantan, etc.), defendió la validez jurídica de las fronteras coloniales. De esta forma, desde la perspectiva del derecho internacional, Indonesia reconoció los límites fronterizos marcados entre Holanda y Portugal antes de la Segunda Guerra Mundial, y la isla de Timor quedaba dividida en dos, sometida a la parte oriental de la isla bajo administración de Portugal. Desde entonces, la ONU ha defendido el derecho del pueblo de Timor Oriental a la autodeterminación y a la independencia. Incluso antes de la invasión militar indonesia, que tuvo lugar a finales de 1975, la ONU ya presionaba a Portugal para que iniciara el proceso de descolonización pacífica de un territorio que, ya entonces, era considerado como territorio no autónomo con derecho a la autodeterminación en el sentido del capítulo XI de la carta de Naciones Unidas (Res. 1541 (xv) de 15 de diciembre de 1960). En el caso del pueblo timorense, concurrían —y concurren— toda una serie de factores históricos, sociales y culturales que incluyen, entre otros muchos, una lengua («tetum») y una religión (católica) comunes y diferentes de los pueblos vecinos —en concreto de Indonesia— y que permiten hablar de una verdadera entidad nacional. A pesar de estos factores comunes, antes de la ocupación militar indonesia, en Timor Oriental no hubo —a diferencia de otras colonias portuguesas— un sólido movimiento independentista; entre otros motivos, debido a la ausencia de una élite indígena capaz de reivindicar en nombre del pueblo el ejercicio del poder, al gran analfabetismo de la población, a la predominancia de una economía de subsistencia, a la ausencia de una red de comunicaciones adecuada, todos ellos elementos importantes para romper la estructura tradicional de la sociedad en favor de una comunidad basada en la idea de nación. Finalmente, tras la Revolución de los Claveles, en julio de 1974, Portugal modificó la calificación jurídica de Timor Oriental, que dejó de ser provincia de ultramar para ser considerado territorio no autónomo con derecho a la autodeterminación. En ese contexto se llegó al 7 de diciembre de 1975, cuando Indonesia lanzó una invasión por tierra, mar y aire para iniciar la ocupación militar del territorio. Si queremos desgranar los porqués de aquella ocupación militar, es inevitable mencionar la especial situación internacional que se vivía en aquel año y el papel desempañado por el resto de los actores internacionales. En 1975, el mundo bipolar aún vivía en plena guerra fría. Particularmente en ese año, el comunismo había experimentado un enorme avance en zonas de África (Etiopía, Angola, Mozambique, etc.) y Asia (Indochina, Camboya, Laos, etc.); dentro de la propia isla diversas formaciones políticas (UDT, APODETI, FRETILIN, etc.) dieron cabida a los movimientos nacionalistas cada vez más incipientes (algunos de tendencia marxista) los cuales, durante todo ese año, protagonizaron diversos acontecimientos violentos que llegaron a obligar a la representación de la metrópoli a abandonar la isla. Los estadistas de la geopolítica hablaban de la «teoría del dominó»; Indonesia aparecía como un socio de las potencias occidentales capaz de frenar el avance comunista y estabilizar esa región asiática en favor del mundo libre. Mucho se ha escrito sobre cuál fue el verdadero alcance e implicación de las potencias occidentales en la ocupación de Timor Oriental. Sin querer ser exhaustivos, baste decir que esos intereses geopolíticos, junto a otros de carácter económico, pusieron de manifiesto, cuando menos, que Indonesia no actuaba sola. Desde ese final de 1975, la ocupación indonesia de Timor Oriental fue consolidándose de facto aunque, jurídicamente, fue decisivo el no reconocimiento y denuncia que realizó la ONU con respecto a dicha ocupación (resoluciones 38475 de 22 de diciembre y 38976 de 22 de abril). Desde entonces, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en múltiples resoluciones el derecho inherente de los timorenses a la autodeterminación y realizó los esfuerzos diplomáticos encaminados a dar una solución adecuada a la cuestión de Timor Oriental. En 1996, el Premio Nobel de la Paz era concedido conjuntamente a don José Ramos Horta —líder exiliado de la resistencia timorense— y a don Carlos Felipe Ximenes Belo —obispo de Dili—, en lo que resultó ser un reconocimiento internacional a su labor conciliadora. Estos esfuerzos culminaron el 5 de mayo de 1999 con la firma del acuerdo global entre Indonesia y Portugal (A53951; S1999513). Ese acuerdo del 5 de mayo debía poner fin a veinticinco años de sufrimiento del pueblo timorense, y fue posible gracias al proceso de transición que estaba teniendo lugar en Indonesia. Desde el nombramiento de Yusuf Habibie como nuevo presidente en mayo de 1998, el gobierno de Indonesia llevó a cabo diversas medidas de apertura política. Así, el 7 de junio se celebraron elecciones libres en Indonesia y se ofreció a Timor Oriental una consulta popular en la que el pueblo sería libre para decidir sobre una eventual independencia de Indonesia. Todo ello sucedía en un momento en el que Indonesia se estaba enfrentando a una crisis económica sin precedentes y la condicionalidad de la ayuda del FMI estaba incentivando toda medida interna favorable a la transición democrática y que contribuyera a reafirmar su credibilidad internacional y la confianza de los inversores extranjeros. Ese mismo mes de mayo, la resolución 124699 hizo posible el envío de una misión electoral (UNAMET, United Nations Mission in East Timor) para organizar una consulta popular en la que el pueblo timorense fuera libre para decidir sobre una propuesta de independencia de Indonesia. Durante los meses de julio y agosto la misión de UNAMET tuvo que trabajar a contrarreloj para llevar a buen fin la consulta celebrada el 30 de agosto. Asimismo, el gobierno de Indonesia era el responsable del mantenimiento de la paz y de las condiciones de seguridad suficientes para el buen desarrollo de la Consulta Popular. La ONU aceptó que, a pesar de que dichas condiciones no fueran ni mucho menos suficientes, se debía seguir adelante. Era una forma de decirse: ahora o nunca. A pesar de todas estas dificultades y a pesar de la celeridad de la misión, llegado el 30 de septiembre tuvo lugar la celebración de la consulta popular sin mayores incidentes. Con una participación del 986 %, los resultados de la consulta fueron de un 215 % (94.388 votos), aceptando el marco de autonomía dentro de Indonesia y de un 785 % (344.580 votos) rechazando ese marco de autonomía y optando por la separación e independencia de Indonesia. A partir de ese momento, los acontecimientos violentos protagonizados por las conocidas milicias proIndonesia se multiplicaron y comenzó una campaña de agresión generalizada contra la población, y contra el personal de UNAMET. Se sembró el caos y el terror entre la población que moría indiscriminadamente ante la impasibilidad total —y en muchos casos participación activa— de las fuerzas del orden de Indonesia, que permitían que estos grupos armados se hicieran con el control del territorio. Todos estos graves acontecimientos obligaron a que la misión de UNAMET, que tenía un mandato muy limitado a labores electorales, tuviera que evacuar progresivamente la isla, produciéndose así un vacío de poder total en todo el territorio y una ausencia de testigos internacionales que aprovecharon las instrumentalizadas milicias para llevar a cabo un verdadero genocidio. Los pocos datos conocidos posteriormente por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU son escalofriantes. En su informe del 24 de septiembre (ECN.4S4CRP.1) refleja toda una larga lista de actos de barbarie que, en pocos días, provocó al menos 10.000 muertos y que recuerda a lo ya acontecido desde 1975 con los mismos actores. Ante estas evidencias, la pregunta que surge es por qué el gobierno del cuarto país más poblado del mundo (más de 200 millones de habitantes) ha apoyado, por segunda vez en su historia, un proceso de agresión directa frente a una población timorense de menos de un millón de habitantes (en torno a 800.000) que ocupa tan sólo un territorio de 19.000 km2 (frente a los casi dos millones de km2 del conjunto del archipiélago indonesio). La respuesta podría apoyarse, entre otras causas, en el efecto reflejo que un proceso de independencia pacífica hubiera podido tener para otros fuertes movimientos de independencia que están teniendo auge en otras regiones de Indonesia (en particular en Aceh e Irán Jaya), en el descrédito interno que una retirada pacífica hubiera supuesto para unas fuerzas armadas que siguen siendo el símbolo de unidad nacional y en el escenario de impunidad en el que las autoridades indonesias han actuado siempre sobre ese territorio. Durante esos días de septiembre, los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU se reunieron en diversas ocasiones para decidir el posible envío inmediato de un contingente militar bajo mandato de la ONU que pudiera restaurar el orden en el territorio, pero la conclusión siempre fue que no era pertinente el envío de un contingente armado, si no se hacía con el previo consentimiento de las autoridades indonesias, en particular de sus fuerzas armadas. La razón principal de la negativa era el posible efecto desestabilizador interno que hubiera podido causar el envío del contingente militar sin la aprobación de Yakarta. A pesar de que Indonesia estaba incumpliendo sus compromisos internacionales adquiridos hace sólo cuatro meses; a pesar de que UN AMET informó a diario sobre la escalada de violencia; a pesar de que la actividad de las autoridades indonesias obligó a la evacuación del conjunto de la misión; a pesar de que el 80% de la población timorense suplicaba llorando la entrada de esas tropas; a pesar de que legalmente no había injerencia en asuntos internos ya que la soberanía de Indonesia nunca ha sido reconocida de iure sobre ese territorio (legalmente sigue siendo territorio no autónomo bajo administración portuguesa); a pesar de que ya había unidades militares en el norte de Australia preparadas para actuar de forma inmediata; a pesar de que se estaba iniciando un verdadero genocidio sobre el territorio; a pesar de todo, se reiteró que no era pertinente enviar el contingente sin la previa aquiescencia de Yakarta. Finalmente, gracias al conjunto de medidas de presión sobre Yakarta (declaraciones de la Unión Europea, amenazas de suspender la ayuda del FMI, etc.), el gobierno de Indonesia y su cúpula militar consintieron la entrada del contingente armado y, sólo entonces, el Consejo de Seguridad adoptó el 15 de septiembre la resolución 126499, que hacía posible el envío de una fuerza armada multinacional (iNTERFET) que entró en la isla el domingo 19 de septiembre. En el terreno de la exigencia de responsabilidades por el genocidio cometido en Timor Oriental, la comunidad internacional, al igual que ocurrió durante los 24 años de ocupación indonesia, no parece que vaya a exigir responsabilidades de lo acontecido. La resolución 126499 del 15 de septiembre fue adoptada por unanimidad bajo el capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas («Acción en casos de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión»), pero no contemplaba la creación de un Tribunal Internacional Penal ad hoc para juzgar los crímenes cometidos en Timor Oriental, como sí ocurriera en el caso de la antigua Yugoslavia y en Ruanda (Resoluciones 82793 de 25 de mayo de 1993 y 95594 de 8 de noviembre de 1994, respectivamente). Por su parte, en el plano interno, la medida esperanzadora ha sido que los representantes parlamentarios de las fuerzas armadas indonesias (ABRI), junto al resto de la nueva Cámara elegida el pasado junio, han accedido a reformar la ley que declaraba Timor Oriental como una provincia más del territorio de Indonesia. El precio político de estas medidas conciliadoras ha sido pagado principalmente por el hasta ahora presidente de Indonesia, Yusuf Habibie, quien ha visto cómo los militares, junto a otros halcones de su partido (Golkar), reacios a su política hacia Timor y a otras medidas de apertura, le sustraían su confianza, forzándole a retirar su candidatura a la nueva presidencia de la nación (que será ocupada por el islamista Abdurraman Wahid, con Megawati Sukarnoputri como vicepresidente). El próximo escenario de Timor Oriental es el de un país totalmente devastado en el que los timorenses han tenido que pagar un altísimo precio por conseguir la libertad por primera vez en su historia. Es una nación nueva a la cual la comunidad internacional debe ayudar en el trabajo ingente que tiene por delante. Las prioridades inmediatas son la vuelta de los refugiados, la ayuda a las víctimas de la tragedia, levantar la economía de un pueblo que se muere de hambre, etc. Una vez que se hayan logrado las mínimas condiciones de vida y se haya logrado la coexistencia pacífica del territorio, habrá que comenzar a dar forma a una identidad nacional que carece de toda estructura administrativa ni clase dirigente pero que, movidos por el ansia de paz para las generaciones venideras, está dispuesta a realizar todo tipo de esfuerzos en favor del desarrollo de su nuevo país. Mientras tanto, lo más que se puede hacer es apoyar la labor de las fuerzas de INTERFET y recordar lo que nos suplicaban llorando los timorenses cuando la misión de UNAMET era evacuada: «¡Por favor, no nos dejéis solos, vamos a morir, contad al mundo lo que está pasando aquí!». ÁLVARO JARILLO