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Dos lecturas opuestas de las elecciones del 93

Antonio Fontán

Sobre la situación general de España tras las elecciones de junio del 93.

File: Dos lecturas opuestas de las elecciones del 93.pdf

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Antonio Fontán, “Dos lecturas opuestas de las elecciones del 93,” accessed May 29, 2020, http://repositorio.fundacionunir.net/items/show/630.

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Dos lecturas opuestas de las elecciones del 93

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Panorama

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Sobre la situación general de España tras las elecciones de junio del 93.

Creator

Antonio Fontán

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Nueva Revista 034 de Política, Cultura y Arte, ISSN: 1130-0426

Publisher

Difusiones y Promociones Editoriales, S.L.

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Nueva Revista de Política, Cultura y Arte, All rights reserved

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es

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De partidos, programas, votaciones y otras cosas más urgentes Dos lecturas opuestas de las elecciones del 93 Por Antonio Fontán casi un año de las elecciones de junio, la situación general de España sigue siendo tan precaria como en los primeros meses del 93: el gobierno desnortado, la administración inerte, las autonomías revueltas, la economía renqueante, el desempleo en alza, la opinión pública oscilando entre la crispación y la indolencia... En consecuencia, o en suma, el país sin nervio, la ciudadanía inquieta y las gentes desganadas. Unas palabras de Don Juan En octubre del 92 el Conde de Barcelona, desde su habitación de hospital, con la sabiduría de su dilatada experiencia, con su generoso patriotismo y con la fina sensibilidad de los buenos reyes para las necesidades de los pueblos, hizo casi el último esfuerzo de su vida, y rompió por unos minutos un silencio de más de tres lustros para desgranar un mensaje que era una llamada de atención. Dos jóvenes periodistas se habían acercado a sus habitaciones de la Clínica Universitaria de Pamplona para solicitarle unas declaraciones con destino al Diario de Navarra, y entregaron un breve y escueto cuestionario al Ayudante militar del Almirante de la Armada que era entonces el Padre del Rey. Quizá los entrevistadores no esperaban contestaciones de especial alcance público, sino más bien unas palabras que dieran una idea de la humanidad del personaje. Las preguntas estaban encaminadas a eso, pero incluían una en que se le invitaba a decir cómo veía él a España en aquel momento, desde la altura de su singular posición y tras toda una vida de servicio al país. Don Juan, como después comentaría con algún visitante, lo pensó seriamente, pergeñó una respuesta de su propia mano, hizo volver a los reporteros al día siguiente, los recibió en el pequeño saloncito donde pasaba la mayor parte del día entre atenciones médicas, lectura de periódicos, algunas visitas y el obligado descanso que le imponían sus graves dolencias, e hizo que se les entregara un conciso y meditado texto. En él se contenía una corta frase que pronto dió la vuelta por todos los medios de comunicación españoles y no pocos extranjeros. Don Juan dijo que encontraba a España un poco desgarrada. O sea, como una prenda a la que se le ha hecho un roto y que habrá que remendar. Las elecciones del 93. Nuevo parlamento, gobierno nuevo Era preciso hacer algo. Estaba claro que los fastos del 92 se habían disipado como una pompa de jabón. Desde Mastrique no se iban a resolver los problemas de España. Toda la política tiene el corazón duro, salvo la internacional que no tiene corazón. Para echar a andar, o para ver si era posible y en qué dirección, había que convocar elecciones. Era evidente que la legislatura no llegaría a cumplir el plazo legal de los cuatro años. Los números del 89 no valían ya. Poco después del fallecimiento y las honras fúnebres de Don Juan, el Presidente del Gobierno disolvía el parlamento y llamaba a las urnas para los sextos comicios generales de la monarquía democrática. Durante los meses últimos de la enfermedad del Conde de Barcelona, se había mantenido una especie de consenso tácito entre gobierno, fuerzas políticas y opinión, para esperar acontecimientos y evitar que fueran a solaparse el previsible luto oficial y los funerales de Estado del patriarca de la dinastía con las inevitables vehemencias de una contienda electoral. Se celebraron, en efecto, las elecciones el 6 de junio con el resultado conocido. El partido socialista y el Presidente González lograron formar gobierno con una votación parlamentaria aparentemente lucida, tras negociar el apoyo de los nacionalistas catalanes y vascos e incluso de la heterogénea agrupación electoral canaria en que militaban antiguos de UCD, algún otro que venía del movimiento y un notable y veterano aparatchik comunista. En esas condiciones, el nuevo gobierno, que era igual que el anterior en más de la mitad de sus miembros, recibió de su presidente la orden de caminar. Business as usual, parecía ser la consigna. Dificultades para gobernar Enseguida se empezó a advertir que eso no era posible. Ni siquiera se podía caminar con el cansino trote de la anterior legislatura del cincuenta por ciento, que operaba como mayoría gracias al absentismo batasuno. El Presidente dijo que había comprendido el mensaje de los electores. No existían en principio razones para dudar de su palabra. No hay actualmente ningún ciudadano español con tantos saberes políticos prácticos y con tanta experiencia de gobierno como él, salvo el antiguo presidente Suárez. Pero, después, a la hora de enfrentarse con la realidad de dirigir el país, optó por esquivar la significación del mensaje de las urnas e incluso su misma literalidad. Basta comparar unas fotos de los ministros de la primavera y de los del verano del noventa y tres en torno a la mesa del Consejo. Casi toda la mitad de arriba ocho de dieciseis, titulares, además, de los ministerios de más tradición, mayores recursos y mas poder ocupaban los mismos lugares en ambas ocasiones. El sopragoverno también continuaba casi igual. El anterior titular de Hacienda había pasado a ser de hecho, un superministro desde la presidencia del grupo parlamentario socialista, proyectando su sombra y su influencia no sólo sobre sus antiguas competencias sino sobre áreas más extensas. Las dos ideologías y sus programas de gobierno Pero, como era de prever al leer la lista del gabinete, ese ¿nuevo? gobierno no era ni es capaz de sacar adelante sus proyectos principales. Y para los de ordinaria administración, como la Ley de Presupuestos, necesitó acudir a costosas negociaciones de resultado incierto y efímeras consecuencias. No se pueden cubrir los llamados órganos constitucionales ni el Consejo de la Televisión (que también lo es), ni reformar la LRU, ni aprobar la LAU, ni modificar los códigos, ni desarrollar los gobiernos autonómicos. Apenas si era factible otra cosa que trasladar a las actas del Parlamento y a las páginas del BOE algunas directrices de Bruselas y aprobar (en Consejo de Ministros) aparatosas declaraciones como un faraónico plan de infraestructuras para el próximo milenio. Los socialistas españoles proclaman haber realizado una volteface ideológica. Si antes se habían sacudido el marxismo, ahora parece que hubieran abandonado el resto de su patrimonio cultural. En vez de nacionalizar anuncian privatizaciones y proclaman a boca llena el retorno a la sociedad civil. (Por cierto, ¿cuál será la otra? ¿La militar acaso?, porque en un estado laico las iglesias también son de la civil, es decir, del ámbito de lo privado). Pero las privatizaciones, aunque ellos quieran otra cosa, les salen dirigistas. Los ejemplos son casi tan numerosos como las acciones privatizadoras. Al abrir la televisión a la iniciativa privada, se la canaliza tan estrechamente que es casi imposible que funcione económica y racionalmente. Y, al mismo tiempo, crecen nuevas televisiones públicas que, igual que RTVE, comen de dos mesas: la de la publicidad y la de las subvenciones. Igual les ocurre con la industria eléctrica, con las universidades, con la sanidad, con las regulaciones agrícolas, con los horarios comerciales y hasta con los clubs de fútbol. Y es que liberalizar, lo hacen mejor los liberales. Porque su ideología es personalista, y la economía que propugnan es individualista y se asienta sobre los dos pilares de la iniciativa y la competitividad. ¿Y la llamada sociedad civil? A diferencia de sus antiguos amigos comunistas, los socialistas quieren mantenerla, pero controlada y, hasta donde ellos puedan, sometida al poder. De ahí los recelos que les inspiran los llamados cuerpos intermedios y las instituciones de iniciativa social. La escuela se zonifica, los hospitales se asignan, la asistencia social se burocratiza, las Cámaras viven en estado de sitio y a los colegios profesionales se les tacha de corporativismo. Y es que los valores estructurales e históricos de la sociedad civil son mejor servidos desde ideologías liberaldemocráticas o democráticocristianas que desde el social comunismo o desde el socialismo democrático. La verdadera lección de junio del 93 Sin embargo, los escrutinios de junio ofrecían una lectura clara que el Presidente y los socialistas no acertaron a entender, o no quisieron hacerlo, por si cobraba crédito la suya. Las cifras eran transparentes. En el Congreso de los diputados el partido socialista había perdido dieciseis actas y los populares habían ganado treinta y cuatro. La diferencia entre ambos se había reducido en cincuenta escaños, pasando de sesenta y ocho a dieciocho. En porcentaje de votos sobre los emitidos, la ventaja del PSOE había sido en el 89 de un catorce y en el 93 menos de cuatro, con más votantes esta vez. Pero el gobierno socialista se resiste a aceptar las consecuencias políticas de tan significativos números. Pretende, por ejemplo, parcelar los acuerdos parlamentarios que necesitan el concurso del partido popular para reunir los tres quintos de votos precisos en el parlamento. Se cubrirían las instituciones más jurídicas o técnicas consejeros del poder judicial, defensor del pueblo y se dejarían para las calendas de los griegos (que no eran nunca) las más inmediatamente políticas como el consejo de RTVE, que es tan constitucional como los otros. En efecto, el artículo 20,4 de la Constitución dispone que la organización y control de los medios de comunicación públicos como la RTVE y las autonómicas son responsabilidad parlamentaria que se ejercerá del modo que establece la ley. (Y esa ley es el llamado Estatuto). Es lo mismo que establece el artículo 54 de la misma Constitución respecto del Defensor del Pueblo: que una ley, esta vez orgánica, regulará la institución del Defensor, etc. Y es esta ley, no la Carta Magna, la que prescribe el modo de designación. Algo parecido ocurre con la elección de los consejeros del poder judicial. Luego los populares tienen razón y el bloqueo de que se habla proviene del gobierno. Esperemos que cuando se publique este artículo, tres semanas después de escrito, se hayan removido los obstáculos que frenan importantes acuerdos parlamentarios y repercuten en desdoro de instituciones y organismos del Estado. ¿Flexibilizarán los socialistas sus rigideces de estos diez meses en el Congreso del partido que van a celebrar dentro de pocos días, en este mismo mes de marzo en que se redactan estas líneas? Sería de desear que ocurriera así. El Estado y la nación española se hallan en un momento de grandes dificultades y los poderes públicos han de cooperar para superarlas. El primero de los poderes del Estado es el parlamentario. El gobierno no debe ni puede pretender suplantarlo. Parte sustancial de ese parlamento son el partido y la ideología de los populares. En junio quedó probado que tienen casi tanto apoyo como el actual gobierno y que en la próxima oportunidad, muy probablemente, habrán de asumir las altas responsabilidades del título cuarto de la Constitución y disposiciones concordantes. España se beneficiará grandemente de una continuidad de Estado. También cabe la posibilidad de que aprisa y corriendo se anuncien nuevas elecciones. Quizá eso fuera favorable para el partido popular. Pero ahora es más razonable atender otras urgencias antes de volver a ponerse a votar. •