Un fracaso innecesario

Un fracaso innecesario

Segunda república española

Retrospectiva de la España en 1931, la firma de la Constitución, la monarquía de Alfonso XIII y la Segunda República.

Miguel Platón

Nueva Revista 105 de Política, Cultura y Arte, ISSN: 1130-0426

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SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA Un fracaso innecesario MIGUEL PLATÓN PERIODISTA n abril de 1931, tras la irregular aunque pacífica proclamación de la EII República, la sociedad española tenía bazas sobradas para establecer una democracia estable, que hubiera podido perdurar hasta nuestros días. El fracaso de aquel sistema constituyó una de las tragedias históricas de España, cuyos efectos se prolongarían casi medio siglo. Durante mucho tiempo se han querido explicar las causas de esa experiencia frustrada por el atraso económico y social de España. En gran medida, sin embargo, ese tópico no responde a la verdad. Los estudios de economía comparada del profesor Angus Maddison, publicados por la OCDE, muestran que la economía española había experimentado, entre 1913 y 1929, el mayor crecimiento de Europa occidental. La renta era similar a la italiana, doblaba la portuguesa y no estaba demasiado lejos de Francia (2.713 dólares de 1990 per cápita en 1931, frente a 4.171). No se trataba sólo de la producción económica. En los diez años anteriores se habían producido avances sin precedentes en cuestiones como la esperanza de vida, la mortalidad infantil, la redención del analfabetismo, la extensión de todos los niveles de enseñanza, el acceso de la mujer a estudios y profesiones, el suministro energético, las infraestructuras y la tecnología. No era suficiente, pero la dinámica resultaba innegable. La crisis mundial iniciada a finales de 1929, sumada a una meteorología agraria especialmente desfavorable, habían causado una depresión que se extendería de 1930 a 1932, pero no representaba un desafío imposible, como demostró la experiencia de otros países europeos. Tampoco podía negarse que la monarquía de Alfonso XIII había emprendido un sincero proceso de normalización democrática. Las elecciones municipales del 12 de abril se celebraron libremente y fueron ganadas por los candidatos republicanos en la mayor parte de las grandes ciudades. Ese proceso, que debía continuar con elecciones provinciales y generales en los meses de mayo y junio, respectivamente, se había visto entorpecido por las maniobras dilatorias y los pequeños intereses de algunos de los dirigentes tradicionales incorporados a los gobiernos de Berenguer y Aznar, como el conde de Romanones, quienes no percibieron los movimientos políticos de fondo que se producían en la sociedad española. En todo caso, el rey, el Consejo de Ministros y el resto de las instituciones del Estado, así como la Iglesia y los empresarios, aceptaron la toma del poder semirrevolucionaria que el 14 de abril llevaron a cabo los partidos republicanos, los cuales obtuvieron, entre ese día y el siguiente, el pacífico acatamiento de todas las autoridades del país, la mayor parte de las cuales y sin que se manifestase oposición alguna fueron destituidas de sus cargos. Sobre ese cheque en blanco, sin embargo, la mayoría de izquierda de los primeros gobiernos republicanos construyó de forma deliberada un régimen sectario, como llegaría a proclamar con orgullo quien presidió el Consejo de Ministros durante casi toda esa etapa, Manuel Azaña. La Constitución de 1931 no sólo marginó a la derecha, sino que puso trabas al libre ejercicio de la fe católica, en contra de los principios de libertad que cabía esperar de un régimen que se definía como democrático. Fue precisamente el acoso a la religión de la izquierda radical, que el 11 de mayo prendió fuego a numerosos edificios religiosos ante la inicial pasividad del gobierno, lo que llevó a un número creciente de españoles a marcar distancias con la República. Las restricciones a la libertad se pusieron de manifiesto en la Ley de Defensa de la República, que en la práctica anuló el capítulo de libertades de la Constitución, en cuestiones como la libertad de prensa, y al dar vía libre, en general, a la represión administrativa contra cualquier acto de disidencia. La detención y encausamiento de los antiguos dirigentes de la dictadura del geneLa Constitución de 1931 no ral Primo de Rivera, así como la sólo marginó a la derecha, inicua condena de Alfonso XIII, sino que puso trabas al libre fundada en una colección de falseejercicio de la fe católica, dades, no sólo dieron carta de natuen contra de los principios raleza institucional al rencor polítide libertad que cabía esperar co, sino que fueron una exhibición de un régimen que se definía de hipocresía: numerosos dirigentes republicanos —incluido su primer como democrático. presidente, Alcalá Zamora— habían formado parte de los gobiernos de la Monarquía, y el principal partido de la izquierda, el PSOE, había colaborado con la dictadura, mediante acuerdos aprobados en congreso tanto por el partido como por el sindicato afín, la UGT. Asimismo, la represión de las insurrecciones anarquistas llevada a cabo por los gobernantes republicanos del primer bienio fue considerablemente más dura que cualquier medida de Primo de Rivera, como quedó patente en la matanza perpetrada en Casas Viejas (Cádiz). La República tuvo su mejor faceta en la extensión de las enseñanzas primaria y media, aunque al mismo tiempo se prohibió la enseñanza a las congregaciones religiosas, que tuvieron que recurrir a subterfugios para mantener los colegios abiertos, formalmente desprovistos de ideario católico y sin que los religiosos pudieran vestir los hábitos. Fue incapaz, en cambio, de dar satisfacción a las expectativas de prosperidad que reclamaban las masas obreras y campesinas. El paro creció hasta casi un diez por ciento y salvo en los dos años de gobierno de centro derecha (19341935), la política económica tuvo resultados mediocres. La reforma agraria resultó inoperante, puesto que la mejora de la economía debía producirse en la industria y los servicios, cuyo desarrollo era la clave para absorber el exceso de población activa dedicada al sector primario, sin que por otra parte se generasen recursos y expectativas para mejorar de forma significativa la productividad. Durante todo ese primer bienio la mayor parte de la derecha apostó por la actuación en el marco de la legalidad. Las iniciativas de otra naturaleza, emprendidas por los tradicionalistas, los nacionalistas vascos, algunos sectores monárquicos y el general Sanjurjo, que se pronunció en Sevilla en agosto de 1932, resultaron efímeras o en todo caso minoritarias. El gran esfuerzo de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), mayoritariamente vinculada al catolicismo militante, se orientó a ganar las elecciones generales de noviembre de 1933, en las cuales compartió el triunfo con el partido Republicano Radical del veterano Alejandro Lerroux, situado en el centro del sistema. La ley electoral, basada en el voto restringido, se volvió contra quienes la habían promovido en 1931, y otorgó al centroderecha una representación parlamentaria superior a su victoria en votos. La inesperada derrota nunca terminó de ser admitida por la izquierda, que en su mayor parte organizó en octubre de 1934 una rebelión armada contra el gobierno republicano de centroderecha, basada en la falsedad de que la CEDA se proponía vulnerar la legalidad republicana en cuanto alcanzase el poder. La insurrección costó unos 1.400 muertos en la mitad de las provincias españolas, aunque el núcleo más activo fue con diferencia el asturiano. La Generalidad se sumó a la iniciativa y por ello el Estatuto de Autonomía catalán fue suspendido. Las maniobras contra el centroderecha del presidente Alcalá Zamora condujeron a la celebración de nuevas elecciones en febrero de 1936, las cuales se desarrollaron en un ambiente de creciente y radical polarización entre la izquierda y la derecha. Se produjo un práctico empate en votos, pero la ley electoral y una serie de irregularidades otorgaron amplia mayoría parlamentaria al Frente Popular. La primera decisión de la nueva mayoría de izquierda fue amnistiar a los rebeldes de 1934. Comenzó entonces un periodo de cinco meses caracterizado por la proliferación de actos violentos; la extensión por parte de la izquierda de un clima prerrevolucionario, inspirado en los mitos y la propagada soviéticas; la destrucción de numerosas iglesias y actividades vinculadas a la derecha; el acoso a los católicos; el boicot de la mayoría del partido socialista a los gobiernos de la izquierda republicana; la destitución irregular del presidente Alcalá Zamora; los atentados terroristas de elementos radicales de la izquierda y la derecha, y los preparativos de una insurrección militar por parte de una creciente facción del Ejército y la Armada. En la madrugada del 13 de julio, un capitán socialista de la Guardia Civil, junto con un grupo de guardias de asalto, detuvieron de forma ilegal en su domicilio al diputado José Calvo Sotelo, uno de los líderes de la minoría parlamentaria de la derecha. Instalado en un vehículo policial con la excusa de que sería trasladado a la Dirección General de Seguridad, un pistolero socialista le mató de dos disparos efectuados por la espalda, tras lo cual el cadáver fue depositado sin identificar en el cementerio. La mayoría de izquierda entorpeció la investigación y dirigentes del Partido Socialista —Indalecio Prieto y la diputada Margarita Nelken— protegieron y ocultaron a los asesinos. La República sólo duró cuarenta y ocho horas más. Entre el 17 y el 20 de julio, el golpe militar por un lado y la revolución por otro terminaron de facto con un sistema que tuvo todas las bazas para triunfar y sin embargo las desaprovechó. Algunos afirman ahora que aquel sistema fue el precedente de la actual Monarquía democrática. En realidad, la transición de 19761978 tuvo como objetivo no cometer ninguno de los errores que cuarenta y cinco años antes habían hecho naufragar a la II República. Gracias a ello pudo establecerse en España, por vez primera y bajo el reinado de Juan Carlos I, una democracia estable. Que dure. «• MIGUEL PLATÓN