Ni en este momento ni en este ambiente

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Cambios estatutarios

De cómo los estatutos de Autonomía no son unas dispocisiones privativas de un territorio o de una comunidad.

Antonio Fontán

Nueva Revista 100 de Política, Cultura y Arte, ISSN: 1130-0426

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Ni en este momento, ni en este ambiente ANTONIO FONTAW EDITOR DE NUEVA REVISTA e la Constitución de 1978 se puede afirmar lo que el filósofo hispanoromano Lucio Anneo Séneca (ca 4 a.C.65 d.C.) decía del consulaDdo de su admirado Cicerón (63 a. C.): que era ensalzado «non sine causa sed sine fine». Políticos e historiadores y los más significados ciudadanos se hacían lenguas de él, «no sin motivo», pero sin parar de alabarlo. También a la Constitución española de 1978 se le ha tributado toda suerte de elogios. Se la ha llamado «la Constitución de la concordia», «la Constitución del consenso», que prometía ser —y en efecto lo ha sido— el pacífico principio de un nuevo período de la historia nacional, que clausuraría las graves desavenencias que en varios momentos del último siglo y medio habían llegado a desatar guerras civiles. La de 1978 era —y es— la Constitución de todos, A su amparo podrían vivir en libertad, respetándose mutuamente, monárquicos y republicanos, izquierdas y derechas, federalistas y unitarios, socialistas y liberales: en fin, todos los españoles. Pero la Constitución no es una declaración de principios, ni una ley de bases que define y perfila el entramado político, orgánico e institucional del Estado, aunque tenga algo de todo eso. La Constitución es operativa y es la norma suprema que regula el funcionamiento del Estado. Los españoles lo han entendido así. Es frecuente que al hablar de actuaciones de ios poderes públicos o conductas políticas, la gente las califique de constitucional o anticonstitucional. Junto a la Constitución hay en el ordenamiento español un conjunto de leyes que se consideran principales y que, por su importancia, han de ser objeto de un tratamiento parlamentario y jurídico especial que favorezca su permanencia y les asegure una más especial y generalizada aceptación por parte de la ciudadanía. Son las que la Constitución, en su artículo 81, llama leyes orgánicas. «Son leyes orgánicas —se lee en el párrafo primero de ese artículo— las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueban los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución». Leyes orgánicas son, en primer lugar, las que desarrollan los derechos y libertades que se enuncian en los artículos 15 a 17 del título I del texto constitucional. Por ejemplo, las que han tipificado delitos penales —como el de tortura, mediante la introducción de un artículo nuevo en el Código Penal—; la de libertad religiosa, la de orden público, las que hán modificado algunos puntos de la de enjuiciamiento criminal, la de partidos políticos y otras más, algunas de las cuales fueron anticipadas, entre 1977 y 1978 mediante decretosleyes por los dos primeros gobiernos del presidente Suárez, igual que había ocurrido con el régimen electoral general. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas «exigirá una mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto» (art. 81, 2 de la Constitución). Un gobierno que cuente con apoyo suficiente para ello en el Congreso podría modificar, cambiar o derogar los Estatutos de Autonomía, haciendo aprobar las correspondiente leyes orgánicas. No es, ciertamente, lo mismo que una posible reforma de la Constitución, que requeriría la conformidad de las tres quintas partes de los miembros de cada una de las Cámaras, y que si afectara al título preliminar (España, los españoles y la forma de Estado), a los derechos fundamentales y libertades públicas (artículos 15 a 25) o a la Corona (56 a 64) necesitaría lo dos tercios de cada una de las Cámaras y la inmediata disolución de las Cortes Generales. Ha habido leyes orgánicas que han sido finalmente aprobadas por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados tal como habían salido de él, incluso después de haber sido enLos Estatutos de Autonomía mendadas —o vetadas— en la Cáno son unas disposiciones mara Alta. Es muy posible que antes privativas de un territorio o de la publicación de estas líneas haya de una comunidad. El interés . ocurrido algo de eso con la reforma nacional del Estado exige que del derecho matrimonial que ha llelas responsabilidades sobre vado adelante el gobierno tripartito determinados asuntos no se de Madrid. Pero hasta ahora no ha puedan trocear. No sólo los sucedido nada semejante en asuntos tan «sensibles» y que tocan tan direcque afectan a los «cuatro ases» tamente a la estructura y funcionade la baraja de poderes del miento del Estado, como los EstatuEstado (relaciones exteriores, tos autonómicos. El rechazo por una defensa, hacienda, justicia) inmensa mayoría del llamado «plan sirio todas las materias que el Ibarreche» es una experiencia muy artículo 149 de la Constitución reciente y un precedente para futuras declara explícitamente que ocasiones en que pudieran presentarse proyectos de este género. son competencia exclusiva Los Estatutos de Autonomía no del Estado. son unas disposiciones privativas de un territorio o de una comunidad. El interés nacional del Estado exige que las responsabilidades sobre determinados asuntos no se puedan trocear. No sólo los que afectan a los «cuatro ases» de la baraja de poderes del Estado (relaciones exteriores, defensa, hacienda, justicia) sino todas las materias que el artículo 149 de la Constitución declara explícitamente que son competencia exclusiva del Estado: nacionalidad e inmigración; legislación mercantil, penal, civil, etc.; propiedad intelectual, educación y cultura, las infraestructuras nacionales, los asuntos laborales, los espacios radioeléctricos, las tecnologías de la comunicación etc. Todas estas son materias cuya regulación no puede quedar al albur de unas decisiones políticas subestatales, que necesariamente afectarían a toda la comunidad nacional. Por ello, sería políticamente peligroso llevar a término algo aparentemente sencillo como la reforma de los Estatutos de Autonomía, sin una amplísima mayoría parlamenHace más de veinte años taria, es decir, sin un acuerdo entre el Parlamento de 1982, los dos grandes partidos nacionales, con mayoría absoluta que están política y electoralmente entonces de los socialistas, presentes en todas la comunidades aprobó, tal como estaban, autónomas. proyectos de Estatutos de Hace más de veinte años el ParAutonomía elaborados por lamento de 1982, con mayoría absolas Cortes anteriores, en las luta entonces de los socialistas, aprobó, tal como estaban, proyectos que UCD era gobierno y el PSOE de Estatutos de Autonomía elaboraoposición. Se habían acordado dos por las Cortes anteriores, en las en esa legislatura de UCD que UCD era gobierno y el PSOE opopor consenso, cediendo unos sición. Se habían acordado en esa en unas cosas y los otros legislatura de UCD por consenso, ceen otras, pero conforme diendo unos en unas cosas y los al estilo de la transición y otros en otras, pero conforme al estilo de la transición y a lo que podría a lo que podría llamarse llamarse el espíritu constitucional. el espíritu constitucional. Con un gobierno todavía reciente, con poca experiencia de la gestión política y de las negociaciones interpartidistas para asuntos de interés nacional, es pronto para manosear demasiado los Estatutos de Autonomía, que son legislación política de todo el Estado. Y en un ambiente como el que en estos meses se respira en el Parlamento, en los «medios» y en la calle, es todavía mucho más improcedente y en todo caso prematuro metersé a reformistas. Las autonomías funcionan y, salvo alguna conocida excepción, no lo hacen del todo mal. Sería, por lo menos, imprudente que los gobernantes y el Parlamento obraran de otro modo. ANTONIO FONTÁN Y un año de Gobierno socialista PILAR DEL CASTILLO EURODIPUTADA, HA SIDO MINISTRA DE EDUCACIÓN e permitirá el lector que, antes de entrar en la materia que reza Men el título de esta colaboración, dedique unas pocas palabras —siempre serán insuficientes— a Nueva Revista, cuando esta publicación alcanza su número 100. Cualquier centenario es de por sí elocuente acerca de la fortaleza de una vida, y ocurre también en este caso, aun cuando se trate de un proyecto editorial. Nueva Revista em, pieza a ser ya longeva, sin duda, habida cuenta de la volatilidad que conoce el sector. Creo que esa solidez se explica por tres importantes razones. Primero, por la profunda valía humana e intelectual de su fundador y aliento permanente, don Antonio Fontán; luego, por la consistencia intelectual del proyecto, capaz de matizar sus perfiles en circunstancias distintas y que ha permitido sucesiones en la dirección, conjugando continuidades y cambios con un gran equilibrio; finalmente, también por un sólido Consejo editorial, constituido por grandes profesionales —y estupendas personas—, cuyo abrigo cálido y consistente tanto me acompañó durante el tiempo en que, gracias a la generosidad y apoyo de don Antonio Fontán, dirigí Nueva Revista. Todas esas condiciones, a buen seguro, permitirán ir sumando más y más números de esta publicación, con la que muchos nos sentimos tan identificados. Y abordo ya la razón de estas reflexiones. El análisis de los resultados de cualquier elección pueden hacerse desde muy distintas perspectivas, pero los siguientes me parecen tres de los más elocuentes: a) qué es lo que nos indican sobre el presente y el futuro de la política, en el ámbito local donde han tenido lugar los comicios; b) en qué medida sirven sus resultados para evaluar la situación de los apoyos electorales de los partidos nacionales, en un ámbito político más amplio; y finalmente, c) sus posibles consecuencias para el futuro inmediato de la política nacional. Comencemos, así, por la primera de estas aproximaciones, es decir, por los resultados desde, en y para el futuro de Galicia. Los datos, sin ulteriores precisiones, nos dicen que la participación se ha incrementado de una manera significativa respecto de las últimas elecciones autonómicas. Un 4% más de votantes respecto al año 2001 significa, si incluimos el conocido como voto CERA (Censo de Residentes Ausentes), casi 140.000 votantes más que en el 2001 (una cifra con la que se puede operar en los análisis sin graves distorsiones, aun cuando, en puridad, haya que ajustaría según los saldos que arrojen las salidas y entradas en el censo electoral a lo largo de los últimos cuatro años, como consecuencia de las defunciones y mayorías de edad). Esa variación es muy similar a la que tuvo lugar en las elecciones autonómicas gallegas del 2003 respecto a 1989; en aquella ocasión, la participación de la.primera en relación a la última subió en casi cinco puntos y recordemos cómo, a efectos de posibles impactos de esos cambios en la afluencia de votantes, el PP conoció entonces un incremento del 6% de sus apoyos electorales —exactamente al contrario de lo que ahora ha ocurrido—. El análisis del voto por formaciones políticas nos muestra a un Partido Popular que mantiene una sólida base electoral tras cuatro periodos consecutivos en el Gobierno de la Xunta, aun cuando ha perdido 35.000 votantes —(6,3%) de votos—. Quedar a un escaño de la mayoría absoluta tras dieciséis años de Gobierno llevaría en cualquier elección, y en cualquier lugar, a considerar que estamos ante un gran resultado. Y efectivamente, así es, es por más exista una imposibilidad fáctica de que el PP sigua gobernando en Galicia. Don Manuel Fraga deja la presidencia de la Xunta de Galicia con un muy alto nivel de reconocimiento de los electores gallegos —un hecho, a mi entender, excepcional y que no hay que dejar de subrayar—. El Partido Socialista de Galicia (PSG) salda esta cita electoral con un importante incremento de votos, prácticamente 220.000 —procedentes mayoritariamente del incremento de participación—, si bien se sitúa todavía a distancia considerable del PP (los populares los superan ~ en algo más de 200.000 votos). La tercera fuerza política importante —los nacionalistas del BNG— han concurrido a las elecciones con un cambio significativo de liderazgo, después de un largo periodo vinculados a la imagen del señor Beiras; y respecto de las anteriores elecciones autonómicas, han perdido un 10% de sus votos y un total de cuatro escaños (en lo fundamental, orientados ahora hacia al PSG). En relación a la campaña electoral y al voto, destacaría tres aspectos significativos por sus consecuencias en distintos ámbitos y dimensiones. Primero, el impacto de la campaña personal de Mariano Rajoy: algo que, en mi opinión, contribuye decisivamente a llevar al PP desde una sólida mayoría hacia el umbral de la mayoría absoluta. En segundo lugar, la tendencia a la baja del nacionalismo. Finalmente, la definitiva irrupción en la competencia electoral de los emigrantes censados. Me refería unas líneas más arriba a que una primera perspectiva de interés en la reflexión sobre los resultados electorales estaba ligada a sus consecuencias «ad intra» —en la propia región—; y, desde esa aproximación, señalemos en primer lugar que contravendría a la opinión expresada por los electores gallegos el que un futuro gobierno PSGBNG hiciera una opción radical, tanto en política económica y social como en lo referente a la política territorial. En relación a lo económico y social, hay una práctica división en dos grandes bloques del electorado, según reflejan los distintos porcentajes de votos. Y respecto a la segunda cuestión, poca equivocación cabría en afirmar que el porcentaje de los que encuentran un acomodo sin problemas sustantivos en el modelo estatutario actual, constituye una consistente mayoría de los votantes gallegos. ¿Hasta qué punto los resultados en Galicia indican cambios en la evolución de los apoyos electorales del PSOE y el PP, respecto de las últimas elecciones generales? Si consideramos los resultados de las tres consultas electorales que han tenido lugar durante el primer año de gobierno socialista —las elecciones europeas, para el Parlamento en el País Vasco y las de Galicia— es plausible concluir que la correlación de fuerza de ambos partidos en el ámbito electoral nacional es, hoy por hoy, básicamente similar al resultado que arrojó las elecciones del 14 de marzo del 2004. Ni la erosión de los apoyos del PP aparece como significativa y, por tanto, el acercamiento del PSOE a una posible mayoría absoluta parece de momento lejano! En otro orden de consecuencias —y vamos ya a la última ventana desde la que observar los resultados electorales en Galicia—, el Partido Socialista añadirá otra comunidad autónoma (que además es una de las tres históricas) a su cuota de gobierno regional; y en este caso, coaligado también a un formación nacionalista que ya ha dado dos avisos: que quieren que Galicia se denomine «nación» y que su apoyo a los socialistas a no les va a salir barato. Sumado lo anterior a la orientación radical que el Gobierno socialista de la nación está imprimiendo a importantes políticas sociales y al futuro de la propia organización territorial del Estado, cabe esperar que el próximo Gobierno de Galicia se convierta en un ariete más en la línea de radicalidad, división de los españoles y nula eficiencia en todo lo que sea trabajar sólidamente desde el Gobierno de la nación por el progreso y el futuro de la sociedad española en su conjunto. Causa verdadera perplejidad, y desde luego preocupación, observar cómo, ante dos posibles caminos en cualquier materia, el presidente Rodríguez Zapatero y su Gobierno optan sistemáticamente, y además con una mayoría propia relativa, por la solución que más divide a la sociedad, la que es más conflictiva, de consecuencias más impredecibles y más temeraria. En un rápido vistazo a las decisiones que el Gobierno socialista ha tomado en su primer año, nos encontramos básicamente con que unas se han orientado a yugular, sin que parezca importar a qué precio, las leyes que el Parlamento aprobó bajo el último Gobierno del PP. Ejemplos paradigmáticos de ello son la Ley de Calidad y el Plan Hidrológico Nacional. Otras decisiones se han orientado a satisfacer las demandas de sus socios catalanes de ERC (así, el traslado del Archivo de Salamanca); a poner en zozobra el entero equilibrio constitucional de nuestra Carta Magna; a plantear muy peligrosas aventuras en relación a la lucha contra el terrorismo de ETA. En otros casos, se ha propuesto desbaratar en alto grado la política exterior y, con ello, la credibilidad de España (véanse las grandes amistades dé este Gobierno con algunos dictadores y sus erráticas actuaciones en Europa); y finalmente, otras que gratuitamente hieren valores y creencia de una parte bastante superior de la sociedad española de lo que parece considerar gobierno socialista cuando, además, hay soluciones que resolverían los problemas siendo mucho menos conflictivas. No sé si el PSOE está convencido de que, procediendo así, suma inequívocamente votos; en mi opinión, por más que pudiera haber algunos resultados en el plazo breve, esta, estrategia es de corto alcance porque —eso es seguro— las energías que se están gastando con tanta tensión, división e incertidumbre dejan de ser invertidas en las direcciones más eficaces para conseguir prosperidad y bienestar futuras para los españoles. Y esto también es seguro: que las acciones tienen consecuencias. •«•PILAR DEL CASTILLO