Repensar el gobierno universitario

Repensar el gobierno universitario

Sociedad

Se examina la política formativa de los países europeos planteada en Lisboa. La necesidad de desregular todo lo posible para tener un gobierno universitario eficiente, que establezca estrategias propias y adopte las medidas necesarias.

José María Fluxá

Nueva Revista 075 de Política, Cultura y Arte, ISSN: 1130-0426

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Repensar el gobierno universitario Corren tiempos de cambio en la estrategia educativa. En Europa, todos los países examinan a fondo su política formativa. Los planteamientos políticos comunitarios ya se han expresado en Lisboa. ¿Llegará a ser la Unión Europea el área más competitiva y dinámica del mundo, merced a la la economía del conocimiento por la que se aboga? Depende en gran medida, según José María Fluxá, de algunas medidas desreguladoras. as universidades españolas, como el resto de las europeas, se encuenLtran ante unas necesidades de cambio en sus sistemas de educación e investigación, que les permitan responder a las demandas sociales y al desarrollo científico. Su base firme de actuación será su independencia y su autonomía, ya que la situación habitual se prevé de competencia entre las propias universidades. Para ser eficiente en ese ambiente, se necesita desregular todo lo posible y tener un gobierno universitario eficiente, que establezca estrategias propias y adopte las acciones necesarias. En la escena española, el debate sobre estas modificaciones del sistema universitario ha logrado interesantes aportaciones. Entre ellas hay que destacar la diagnosis y las propuestas de los numerosos estudios realizados por la Conferencia de Presidentes de Consejos Sociales de las universidades y el informe encargado por la Conferencia de Rectores, dirigido por el profesor Bricall. Veamos algunas de las medidas de cambio con más apoyo entre los Presidentes de Consejos Sociales. DEMANDA SOCIAL Se trata de conseguir que en España funcione una sociedad del aprendizaje que asegure la situación competitiva del país entre los primeros del mundo, por la vía de los saberes de sus ciudadanos. Todos los estudiantes, tanto los más dotados como los que hayan necesitado un mayor esfuerzo para acceder a la educación superior, deben recibir soporte y ánimo, para poder superar sus propias expectativas. Los estudiantes deben formarse para jugar un papel relevante en el desarrollo de una sociedad democrática, civilizada y abierta. Los alumnos son los clientes principales de la universidad. Junto a ellos, también las empresas son clientes naturales. La dirección de la universidad debe fundamentar sus decisiones estratégicas (de oferta curricular o planes de estudios, profesorado, investigación y otros recursos para la formación e investigación) en la demanda que provenga de sus clientes. Detectar estas demandas es una necesidad clara. La financiación pública debe orientarse a favorecer aquellas universidades que más claramente atiendan estas necesidades y establezcan las mejores líneas de colaboración con sus clientes, incluso participando desde dentro de sus instancias propias de gobierno. Para ello no se necesitan modificaciones legales: la autonomía universitaria, el Consejo Social y el Art. 11 de la Ley de Reforma Universitaria son elementos con los que se puede contar. Pero es imprescindible un gobierno universitario eficiente, que en la actualidad no existe, para establecer las estrategias procedentes y llevarlas adelante. Para conseguir estos objetivos, es también necesaria la comprensión y la colaboración de todos los poderes públicos. El servicio que la universidad da a sus alumnosclientes debe ser de calidad. Para su gestión será necesaria la comparación con las prácticas de otras instituciones de excelencia reconocida. Pero al final, tiene calidad aquello que dice el cliente que tiene calidad, y al estudiante el resultado que le interesa es el aprendizaje conseguido, no sólo ni en primer lugar la enseñanza recibida. El aprendizaje debe ser la principal variable observada en el proceso de la calidad, en el cual deben estar también los clientes, los alumnos y las empresas, y no sólo representantes internos de la universidad y de la Administración. En cuanto al contenido lectivo, la máxima movilidad estudiantil se conseguirá con un sistema de créditos homologables que puedan ser obtenidos personalmente, incluso a través de contextos fuera de la formación superior, como la formación continua. Esta homologación de créditos, que forma la carrera curricular del estudiante, significa su reconocimiento por la universidad de acogida y será también útil para la habilitación profesional, verdadera movilidad de los trabajadores con profesiones reguladas. Para ello, deben entrar en el proceso homologador los Colegios Profesionales u organizaciones afines. Es de esperar una gran ayuda del Consejo de Universidades, siempre que éste dé cabida, en su organización y trabajos, a estos sectores interesados, normalmente representados en los Consejos Sociales de las universidades. Vuelve a sentirse la necesidad de unos gobiernos propios universitarios que incluyan eficientemente la participación de la sociedad. GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD El gobierno actual de las universidades públicas españolas es, en general, ineficiente. El síntoma más claro es la imposibilidad de establecer estrategias de alcance y poder ejecutarlas a lo largo del tiempo. Coexisten demasiados órganos de gobierno, colegiados o personales, y uno solo de ellos —el Consejo Social— tiene la posibilidad de participar en el gobierno de la universidad, a través de una mayoría (35) de vocales externos. El gobierno universitario debe ser capaz de establecer las estrategias necesarias, para sus decisiones a corto, medio y largo plazo. Además, debe rendir con toda transparencia y consecuencia las cuentas de su ejecución presupuestaria, pues la mayor parte de su financiación es pública. Al mismo tiempo, el ejercicio pleno de ese gobierno será la mejor garantía de su propia autonomía. La Ley de Reforma Universitaria estipuló los actuales órganos de gobierno, la forma de elegirlos o nombrarlos y sus respectivas competencias. El tiempo ha probado su inadecuación a las necesidades y, por este motivo, deben ser modificados no tanto el compendio de órganos como su nombramiento y competencias. Existen responsabilidades sobrepuestas y dependencias que no corresponden a las responsabilidades. A la elección del rector por el Claustro, representante en exclusiva de la parte interna de la universidad, le falta soporte en la sociedad, que participa en la universidad solamente con un órgano como el Consejo Social. Es necesario que en el nombramiento del primer ejecutivo de la universidad se conciten todas las representaciones, no sólo las internas. El hecho de que sea la primera autoridad académica parece exigir, al mismo tiempo, su aceptación por el claustro. Un modelo reciente, como el holandés, parecido al de las universidades norteamericanas, parece satisfacer estos requisitos: un triunvirato es la cúspide ejecutiva, formado por el presidente del Consejo, el rector y el gerente, nombrados estos dos últimos por el equivalente al Consejo Social. También hay participación social en el resto de nombramientos del gobierno universitario: decanos, departamentos, etc. Estas cuestiones están en el centro del debate y necesitan cambios legislativos. Es necesario acometerlos, si se desea disponer de la universidad que responda eficientemente a los grandes objetivos europeos y que demanda la sociedad. FINANCIACIÓN UNIVERSITARIA Desde las universidades públicas se insiste en la insuficiente financiación que reciben. Pero hay que explicar para qué se emplearían esos fondos adicionales. También en algunas de estas aplicaciones de fondos se observa un consenso reciente: España se queda lejos de los niveles de sus homólogos europeos en la financiación de ayudas directas al estudiante, por la vía de becas y préstamos —de un salario que realmente garantice el acceso de todos los que lo merecen a la universidad, con independencia de las capacidades económicas familiares—. Por otro lado, existen también carencias en aspectos relacionados con los recursos formativos: profesorado y su coste laboral y nivel de excelencia; otro personal de administración y servicios; instalación de nuevas tecnologías para la enseñanza; laboratorios y otros. Su insuficiencia redunda en la calidad del aprendizaje, sin duda. La Conferencia de Presidentes de Consejos Sociales ha realizado varios estudios sociológicos y financieros que muestran la viabilidad de resolver estos problemas en la realidad social del país, por medio de aumentos moderados y extendidos en el tiempo de los fondos públicos y de los que tienen origen privado (servicios vendidos, donaciones y tasas). Parece que los incrementos en los fondos públicos deberían invertirse prioritariamente en las ayudas a los estudiantes, para posibilitar realmente el acceso a la formación superior a todos los que lo merezcan; y la financiación de origen privado a las medidas que aumentan la calidad. Un equilibrio cuantitativo entre los aumentos de las dos fuentes, pública y privada, a lo largo del tiempo, permite resolver perfectamente el problema. ELPROFESORADO El personal docente y el de administración y servicios, parte del cual se incorporará a auténticas labores docentes a medida que se incorporen las nuevas tecnologías a la educación, son la columna vertebral del sistema de aprendizaje. Ellos aportan, como profesionales de la formación, compromiso de excelencia y voluntad de adoptar los mejores sistemas de aprendizaje y aspiran con todo derecho a un mejor reconocimiento social de su trabajo, mejores remuneraciones y acceso a un entrenamiento continuado. Las tres cuestiones esenciales son: su estatuto profesional, su remuneración y su carrera académica. Sin pretender vulnerar ningún derecho personal adquirido, el estatuto de funcionario público no parece imprescindible para los nuevos profesores. Más bien se convierte en un problema para la contratación por cada universidad del personal necesario para su estrategia propia, dentro de los fondos disponibles. Es una cuestión de competitividad mantener el nivel de excelencia necesario. Y esto se consigue perfectamente con un contrato laboral, que normalmente mantendrá su vigencia, si se mantiene el nivel de calidad en la persona. El aspecto remunerativo, escandalosamente bajo en cualquier comparación con países próximos, ha de recibir la oportuna atención. Deben darse facilidades para el entrenamiento continuado de los profesores y para su movilidad, conforme a las acciones adoptadas por el Consejo Europeo. Se han señalado algunos de los cambios necesarios para que la universidad pública compita con éxito en ese espacio europeo en la educación superior que se augura próximamente. Ya que ese entorno es de competencia, en su mayoría son cambios desreguladores, entre los que destaca la necesidad de disponer de un gobierno propio que haga eficaz a la universidad en la adopción de las estrategias y acciones que la afectan. 0« JOSÉ MARÍA FLUXÁ