Contra el nacional-aldeanismo

Contra el nacional-aldeanismo

Educación

Sobre el debate de la LOGSE, el deterioro de la educación española, una serie de propuesta para evitar el fracaso del sistema educativo, un plan de estudios común, autonomía pedagógica.

Mercedes Ruiz Paz

Nueva Revista 069 de Política, Cultura y Arte, ISSN: 1130-0426

Difusiones y Promociones Editoriales, S.L.

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Contra el nacionaUaldeanismo De nuevo, la LOGSE ha salido a debate. Mercedes Ruiz Paz explica el deterioro de la educación que esta ley ha traído consigo y propone reformas concretas para lograr la excelencia y evitar el fracaso del sistema educativo. l amparo de la LOGSE se desató una fuerte campaña que criticaba desApiad adamente el hecho de que la escuela seleccionara los contenidos que debían enseñarse y determinara qué era digno de ser enseñado y qué no. NO TODO ES CULTURA Son ya muchos los años de venderles a los usuarios del sistema público de enseñanza que la culpa del fracaso escolar, entre otras cosas, la tiene el modo en que están confeccionados los planes de estudio, por estar sus contenidos alejados de la experiencia cotidiana del alumno. A los usuarios se les ha convencido de la necesidad de acercar los contenidos de estudio a la realidad inmediata del alumno para que éste no fracase. Se les ha convencido de que cualquier anécdota de la vida cotidiana tiene importancia para la vida escolar y relevancia para el programa académico. Pero se les ha engañado. Un número significativo de padres valoran ahora positivamente la escuela no por lo que sus hijos aprenden, o por disponer de un equipo docente exigente y de calidad, sino porque el menor se encuentra en el colegio como en casa, y por las cosas nuevas tan divertidas que se hacen ahora allí y que en sus tiempos no se hacían. ¿Cuáles son esas cosas? Llevarlos al mercado, pasearlos por el barrio hasta ser capaces de recorrerlo con los ojos cerrados o celebrar con gran boato y preparación cualquier fiesta local que, supuestamente, refuerce sus raíces. El problema es que, cuanto más se lleva a los chicos a visitar el parque de al lado (donde puede suponerse que pasan suficientes horas con sus padres, abuelos o cuidadores), más se deja de ir a un buen concierto, a un buen teatro o a una buena exposición sobre Felipe II. Pero de eso iba la campaña. Una campaña que, lejos de ser fortuita, estuvo bien organizada y respondió a intereses que hoy convendría desvelar. Algo se persigue cuando se ataca a la escuela, alegando que realiza una arbitrariedad cultural al elegir unos conocimientos y no otros. La campaña nos dice que todo es cultura. Algo se persigue cuando se invalida a la escuela, acusándola de legitimar una cultura única (a la que se define como la subcultura de las capas medias y altas urbanas). Algo se persigue cuando el derecho del Estado a homologar los centros de enseñanza se sustituye por una autonomía salvaje de los centros, donde cada uno puede proponer y llevar a cabo su propio programa, enseñar lo que le parezca y evaluar como le dé la gana. El problema es que en un momento de relativismo cultural como el actual, estos desatinos han cundido como la pólvora y se diría que con carácter vitalicio. Ni todo vale, ni todos los conocimientos tienen el mismo rango, ni el mismo estatus, ni el mismo derecho a incorporarse a los planes de estudio. Lo que sucede es que era necesario convencer al personal de lo contrario para poder entonces colar por la puerta falsa, y aunque no viniesen a cuento, algunos temas y algunas consignas debidas al cambalache y a la negociación políticas, y no a las necesidades académicas. ¿A qué les suena? ¿A qué les suena el acercamiento obsesivo de los . alumnos a su barrio y a su patria chica? ¿A qué les suena baremar la adaptación de los alumnos en función de su participación en los eventos institucionales? ¿A qué les suena hacer publicidad de una celebración de nuevo cuño, como si fuera la depositaría de una honda tradición de siglos? ¿A qué les suena el rechazo, arrinconamiento o sustitución de materias fundamentales de estudio por cencerradas intelectuales? ¿A qué les suena la marginación del saber? A mí me suena a mentira. Me suena a ignorancia. Me suena a manipulación. Me suena a nacionalismo. REINO DE TAIFAS La LOGSE ha salido por fin a debate. Es manifiestamente mejorable. Difícilmente puede lograrse que sea peor. En lo que sí que se constituyó desde su promulgación fue en el postigo por el que las políticas nacionalistas (y algunas otras distorsiones) tomaron al asalto la escuela. Los votos nacionalistas fueron muy cotizados en pasadas legislaturas y a ellos se sacrificó todo lo que hizo falta, incluida la enseñanza. Los nacionalismos viven de la ambigüedad y sólo pueden sobrevivir mientras haya quien se acomode a convivir con ella. Para poder instalar medias verdades era necesario provocar un descenso en el nivel general de los estudios y arrinconar la enseñanza de las Humanidades. ¿Por qué? Porque así sus invenciones resultarían más sencillas de instalar y más difíciles de detectar. Es más fácil hurtar la verdad sobre la propia lengua a quien desconoce sus orígenes y su evolución. Es más fácil hacerlo también sobre la propia historia a quien no conoce los sucesos que le precedieron ni las claves para interpretarlos. Mantener a la población en la ignorancia y la incomunicación, tradicionalmente ha rendido beneficios a los gobernantes, especialmente a los interesados en las tradiciones y en los paraísos perdidos. Un plan de estudios científicamente riguroso e intelectualmente sólido era un obstáculo definitivo para convertir el sistema escolar en un conjunto de taifas de presunta incompatibilidad y asegurarse el reinado sobre algunos de ellos. Un plan de estudios exigente, que contuviese saberes comunes para todo el alumnado, constituía un obstáculo definitivo para introducir necedades e inducir en las nuevas generaciones una mentalidad y unas expectativas a la medida del aldeanismo. Puede que, en el futuro, España sea una nación o una federación de Estados. Puede que se transforme en un conjunto de Estados independientes, en un puñado de satrapías o en un territorio poblado por tribus. No lo sé. Pero, depare lo que depare el futuro, lo que no se puede es mentir a los jóvenes sobre su propio pasado para fabricar un futuro a la medida de una minoría psicótica y victimista. Lo que no se puede es poner la enseñanza al servicio de esos fines. Lo que no se puede es decirle al alumno que Carlos I era un asqueroso imperialista y quedarse tan ancho. Lo que no se puede es humillar a la inteligencia de ese modo. Tenemos ahora un nuevo gobierno, que ha logrado la mayoría absoluta en las urnas. No han perdido el tiempo los teóricos del rodillo, vigías siempre del posible abuso de los grandes partidos, y nunca del chantaje de algunas minorías. Se ha apresurado el partido en el gobierno a informar de su talante dialogante para disipar posibles dudas y alejar fantasmas de un pasado que no es el suyo. En todo caso, creo que lo que el votante le ha dicho al gobierno es que gobierne. La ha quitado las excusas para no gobernar. En la arena política, gobernar será una actividad sujeta a tratos, intercambios y negociaciones, pero la enseñanza es un territorio diferente, que debe quedar al margen de esas maniobras para poder sobrevivir. Haber hecho de ella moneda de cambio a lo largo de los últimos veinte años es lo que la tiene hoy boqueando y sin oxígeno. La competición entre los partidos políticos ha llevado a éstos y a sus responsables a extender su propaganda a cuantos ámbitos de discusión fueran presentándose ante ellos como potencialmente rentables; y, como es natural, el del mundo de la enseñanza es uno muy principal, nos dice Rafael Rodríguez Tapia en su ensayo La enseñanza neutral (Grupo Unisón Ediciones, 1999). Juzgo absolutamente necesaria la propuesta de este autor, para quien es necesario abandonar para siempre la noción de que a una elección política personal de derechas o de izquierdas corresponde una u otra concepción de lo que debe ser la enseñanza. Y ése es el carril principal por el que debería discurrir la nueva legislatura. Hacerlo significa reconocer que la institución escolar no es una escuela de partidos, ni tiene la misma estructura y funcionamiento que éstos. La escuela no es un parlamento donde todos tienen voz y voto sobre todos los asuntos. Educar a los ciudadanos para vivir en un sistema democrático es sinónimo de educar y enseñar democráticamente, por más que algunos políticos, ayudados por una pedagogía colaboracionista, se hayan empeñado en instalar esa confusión en la sociedad. La traslación directa de la organización política y social a la estructura de las instituciones educativas es un sueño imposible que ha traído no pocos problemas al mundo de la enseñanza. La democracia es el sistema que requiere mayor responsabilidad y preparación de los ciudadanos. Estos participarán entonces, responsable y libremente, en la toma de decisiones. Pretender que los niños y los jóvenes estudiantes accedan al ejercicio de sus derechos ciudadanos directamente y desde el principio, faltos de la información y la reflexión que la enseñanza proporciona y sin entrenamiento en el ejercicio democrático, es pervertir el sistema democrático y la idea de democracia que en el futuro estas generaciones puedan tener. Todos tenemos voz y voto en la política y la organización de nuestra sociedad, pero no hay asamblea que consiga alterar la estructura atómica del hidrógeno, por más que a la votación popular le resulte un poco escasito su único electrón, y además poco solidario. La nueva legislatura debería redefinir el peso y el cometido de las partes que componen la llamada comunidad escolar. La nueva legislatura tiene que definir cuidadosamente los límites de cada uno, para evitar las transgresiones que en la actualidad se están dando, y que impiden a los centros cumplir con su cometido. Nada hay que objetar a que los padres de alumnos participen en la gestión económica de los centros o en la política educativa general a través de las elecciones. Nada hay que objetar a que colaboren con los centros en actividades para desarrollar el plan de estudios (salidas y actividades extraescolares, servicio de biblioteca, periódico escolar, etc.). Los representantes locales deben participar en las decisiones acerca de las dotaciones económicas y su gestión, y otros aspectos generales del sistema. Pero las decisiones acerca del plan de estudios, determinar qué se estudia, cómo, cuándo y con qué profundidad, y determinar el nivel de exigencia, es algo que corresponde a los profesionales y a los expertos en las diferentes materias de estudio. La participación responsable no es votar planes de estudio, muchos de cuyos saberes no dominamos. La participación responsable consiste en exigir a cualquier gobierno que cumpla responsablemente con la enseñanza, es decir, que encargue la confección de los planes de estudio a profesores competentes y a expertos del mundo de la ciencia y del pensamiento. Que aproveche su saber para el resto de los ciudadanos. De este modo, no sólo es seguro que la calidad de la enseñanza aumentará sino que el sistema se protegerá algo más del ataque de los hackers del aldeanismo, para quienes será un poco más complicado colocar versiones manipuladas entre los temas de estudio o negar al alumno materias que le son de una importancia vital. Esto sólo es posible si el Estado ejerce su legítimo derecho a homologar los centros de enseñanza de nuestro país. En la actualidad, esto no se está haciendo. El Estado ha abdicado de uno de los derechos que le es consustancial y que justifica su existencia. Una conciencia culpable dispuesta a cualquier cosa con tal de no ser tachada de opresora, una sensación vergonzante del uso de la palabra nación, en un territorio superpoblado de identidades nacionales, o una acción política puramente interesada, que ha hecho de los centros educativos abalorios de trueque para conseguir otras concesiones al parecer más importantes, son algunos de los motivos por los que el Estado ha cedido los trastos en materia educativa. AUTONOMÍA PEDAGÓGICA La realidad es que, en la actualidad, disponemos de un sistema educativo prácticamente imposible de homologar. Por un lado, la ley otorga una amplísima autonomía a los centros. Es lógico que los centros gestionen autónomamente sus recursos económicos. Nadie mejor que los propios centros conoce sus carencias y necesidades. Sin embargo, convendría revisar la autonomía pedagógica de los centros utilizada con frecuencia de forma irresponsable. Unas veces se ha empleado para rebajar el nivel de exigencia del centro y producir una bajada espectacular del aprendizaje, amparándose en las características del entorno sociocultural del alumnado. Un equipo docente puede, por ejemplo, decidir dar exclusivamente los contenidos mínimos a sus alumnos, dado el bajo nivel sociocultural del barrio y de sus padres (perpetuando así su situación), y ahí no pasa nada. La autonomía pedagógica concede a cada centro la facultad de decidir lo que la verborrea pedagógica llama «aspectos curriculares», que en román paladino son los contenidos de estudio. No sólo cada centro puede decidir los objetivos y contenidos sino también los criterios de evaluación y promoción de los alumnos al curso siguiente. De manera que homologar el sistema resulta imposible y sus certificados no garantizan nada. Un 3 a de la ESO realizado en institutos diferentes puede no tener nada que ver. El nivel con el que los alumnos accedan al 4S curso, tampoco. Por otro lado, esta autonomía pedagógica ha hecho de los centros un terreno perfectamente abonado para que algunas políticas locales hayan incorporado a ellos sus subplanes de estudio o, bajo un mismo epígrafe, hayan dado el cambiazo a la materia que debe ser estudiada. Obviaré entrar aquí a analizar el coladero de perversiones pedagógicas que ha supuesto para el sistema. UN PLAN DE ESTUDIOS COMÚN Aunque cada Comunidad Autónoma tenga algunas asignaturas diferentes o extras, el nuevo gobierno tiene la obligación urgente de implantar un buen plan de estudios, común a todos los centros, que permita homologar el sistema y hacer de sus títulos y certificados otra cosa que papel mojado. Es imposible implantar un buen plan de estudios si no se cumplen algunas condiciones. La primera de ellas es seleccionar un buen profesorado que ame y domine la materia de su especialidad. Hay que desterrar de una vez por todas una selección que obliga al aspirante a ser sobre todo un experto en fárrago pedagógico, burocracias educativas y muestras de adhesión al régimen en discursos acerca de la bondad de la «adaptación curricular», «la atención a la diversidad» o cualquier otra consigna al uso. Otra condición es realizar una supervisión de los textos escolares. Esto provocará indignación, porque automáticamente será asociado a la censura de tiempos pasados, seguramente por los mismos que ahora miran para otro lado cuando de los textos escolares de alguna Comunidad Autónoma desaparece el tema «los ríos» (para qué van a estudiar algo que allí no hay) o cuando se dan menos horas de español que de cualquier lengua extranjera, o cuando cualquier territorio histórico fomenta textos con una Historia tergiversada que justifique sus actuales reivindicaciones políticas. Hay que poder garantizar al máximo la verdad de los conocimientos y la honestidad en su transmisión. No entramos a fondo en historietas como aquélla de una Comunidad Autónoma que vetó los textos de Ciencias Sociales de una editorial por contener la foto de un coche cuya matrícula pertenecía a otra Comunidad. ¿Se puede ser más ridículo? Es condición indispensable disponer de un buen servicio de inspección. Un Cuerpo de Inspección de alta preparación y exigencia es condición sine qua non para hacer posible la homologación del sistema, así como para aumentar su calidad. Hace años se facilitó la entrada masiva de personal al Cuerpo de Inspectores, suavizando el modo de selección. La sensación que se obtiene hoy desde las aulas es que, salvo excepciones, la Inspección Técnica se llenó de estómagos agradecidos a la actual legislación y a un estado de las cosas que así impulsaban su irresistible ascensión. La Inspección parece haber dejado de ser técnica para convertirse en una supervisión políticopedagógica del grado de ajuste a los mandatos de la LOGSE: si el profesor ha cumplido correctamente con la burocracia asfixiante, si los métodos utilizados en clase son «activos y participativos», cómo disfrazar los niveles de fracaso escolar, y cosas por el estilo. La Inspección tiene que convertirse en esa posibilidad de evaluación externa que todo sistema necesita. Debe velar por los niveles óptimos de enseñanza y ayudar a conseguirlos. En otro orden de cosas, poco puede hacer cualquier Administración si las familias no educan a sus hijos, les dan una formación moral, les informan de que al centro se va a aprender y a aprovechar los medios que ahí se ponen a su alcance, y se les exige respeto hacia el profesor. La actual dejación de responsabilidades de la familia al centro escolar está creando serios problemas de indisciplina que dificultan la enseñanza. Los centros de primaria están sujetos a fuertes presiones que, con frecuencia, les impiden resolver con eficacia los problemas de indisciplina. Estos problemas llegan consolidados a secundaria, donde se unen a otros nuevos ocasionados por la desmotivación, la falta de interés y la agresividad de una parte del alumnado que se encuentra allí sólo a la espera de alcanzar la edad legal para abandonar el centro. El acierto de la LOGSE de extender la escolarización hasta los 16 años se está echando a perder por haberse interpretado que, hasta esa edad, toda la enseñanza debe ser comprensiva, es decir, que todos los alumnos han de estudiar lo mismo. Se ha habilitado una única vía para un alumnado de intereses muy heterogéneos. Estar hasta los 16 años escolarizado en un mismo sistema educativo no significa que no pueda haber diferentes opciones para un alumnado que está en una edad definitivamente selectiva. Ésa es la peor circunstancia que puede darse. El que quiere estudiar las materias de la ESO no puede hacerlo, a causa de las interferencias del que no querría estar allí. Al que no quiere estudiar esas materias, no se le ofrece opción alguna que permita prepararse para el futuro. Hay que construir un sistema educativo amplio y diversificado que garantice el derecho a la educación para todos. La diversificación en el segundo ciclo de secundaria ofrece más posibilidades de éxito a los alumnos que una secundaria en la que demasiados naufragan. Cuando la incorporación al sistema ordinario de educación fracasa, una oferta amplia y diversificada puede ofrecer una posibilidad de formación y de futuro. Junto a un Bachillerato y una Formación Profesional ordinarios, parece también necesario ampliar el concepto de Educación Especial al tratamiento de deficiencias profundas de índole social. En todo caso, sea cual sea el derrotero educativo que la nueva legislatura nos tenga reservado, lo que no debe perder de vista es que el horizonte que debemos perseguir es la excelencia, que la excelencia es un derecho y que no hay motivos para conformarse con la medianía que ahora impera. Medianía que ofrece una única vía a los alumnos de secundaria, para luego perderlos en un sinfín de optativas de poco o nulo calado. Medianía que permite instalar en nuestros colegios e institutos los criterios de una ignorancia destructiva. Conseguir la excelencia supone necesariamente desterrar el aldeanismo de nuestros planes de estudio no sólo por las mentiras de las que se arropa, sino porque niega la universalidad de la cultura, que es la base de la enseñanza. Se empieza por no tener nada que ver con Cervantes, Shakespeare, Aristóteles, el enlace covalente o las derivadas parciales y no se sabe en qué paleolítico se puede acabar. O» MERCEDES RUIZ PAZ