El mayor error de la Segunda República Española

El mayor error de la Segunda República Española

Historia

Reseña de dos libros que se publicaron en 1998 y versan sobre la historia de la Segunda República.

Carlos Seco Serrano

Nueva Revista 068 de Política, Cultura y Arte, ISSN: 1130-0426

Difusiones y Promociones Editoriales, S.L.

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El mayor error de la Segunda República española Cosi simultáneamente se publicaron, en 1998, dos libros a los que la crítica no prestó excesiva atención, pero que ilustran, con erudita objetividad, un aspecto decisivo en la historia de la Segunda República: el de las relaciones del Régimen con la Iglesia. La política religiosa de la Segunda República es el título del estudio de Francisco Martí Gilabert (Eunsa, 1998) al que se refiere el comentario de Carlos Seco Serrano. El otro es la espléndida monografía que José María García Escudero ha dedicado al cardenal Herrera Oria. eyendo a ambos autores, muy distantes de una posición de cruzados a ultranza, se hace evidente el hecho que, sin duda, contribuyó más Lque otro alguno a la crisis final del Régimen, naufragado en el piélago de la guerra civil: la negativa de la coalición izquierdista a asumir una actitud integradora que, sin renunciar a un programa de izquierda, permitiese convivir a la vieja y a la nueva España. Francisco Martí Gilabert sigue minuciosamente las diversas etapas en que los hombres del Gobierno provisional se empeñaron en crear rupturas insalvables allí donde cabía un civilizado juego de transacciones. La primera manifestación escandalosamente hostil a la Iglesia se produjo en mayo, apenas transcurrido un mes de la proclamación de la República, cuando una reacción antimonárquica derivó en el sacrilego ataque a las Casas religiosas y la orgía crematoria desplegada en Madrid y en Andalucía fundamentalmente. Todavía sigue en la oscuridad el origen de aquel impulso salvaje que desvaneció, para empezar, la posibilidad de que el Régimen ensanchara sus filas incorporándose una expectante masa social disconforme con la reciente experiencia monárquica y, sobre todo, con lo que supuso el paréntesis dictatorial; la masa social que Alcalá Zamora había logrado polarizar hacia la República en las elecciones del 12 de abril, prometiendo una República que mantendría el Senado y, en él, la representación de la Iglesia... «con el arzobispo de Valencia, y con el cardenal de Toledo a la cabeza». Pero más que el anárquico —e impune— alarde crematorio, resulta significativa la actitud, ante él, de los hombres del Gobierno: Alcalá Zamora, inmovilizado por el temor de romper la coalición gobernante; Miguel Maura, atado de pies y manos por sus compañeros de Gabinete, con un solo ministro a favor de la intervención de la policía o del Ejército —el socialista Indalecio Prieto—. Y Azaña, afirmando, insensatamente: «Todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano». Es evidente que la República, tal como la encarnaba Azaña, se atenía a una decidida actitud rupturista, y que consideraba el peor de los males la tradición decimonónica, hecha de «derrotas» del progreso frente a la reacción. Martí Gilabert no menciona aquella frase de Alvaro Albornoz —que por entonces no militaba en el partido azañista, sino en el grupo parlamentario de los «jabalíes», como Ortega denominó a los radicalsocialistas—, durante el decisivo debate sobre las Ordenes religiosas: «No más abrazos de Vergara, no más pactos de El Pardo. ¡Si quieren la guerra civil que la hagan!». De hecho, Albornoz reflejaba a la perfección el talante y el criterio de Azaña, convertido en su ídolo. Produce verdadero dolor seguir los episodios de esta constante jacobina, en la que la regla suprema era deshacer cualquier resto o herencia de la antigua España; y el fracaso registrado por los intentos de abrir un diálogo, al que se mostraron decididamente dispuestos prelados tan liberales como Vidal i Barraquer, u orientadores de una derecha civilizada como Herrera Oria: una a una, las puertas entreabiertas —por su parte— hacia el Régimen, se cerraban violentamente ante ellos. Pero lo que había de rebasar todos los límites sería la indebida introducción, en el articulado constitucional, de una legislación sectaria, notoriamente fuera de lugar en aquel contexto. Desgraciadamente, los políticos que dieron su «perfil» a la República, carecieron de sensibilidad para percibir el alcance del rechazo que en sectores muy amplios de la sociedad española suscitaba la rudeza deliberada de aquella ofensiva contra sentimientos demasiado profundos para ser despreciados. Hay detalles que no parecen relevantes y que sin embargo reflejan claramente la quiebra social que anunciaba ya, por desgracia, una quiebra mucho más grave, la que llevaría a la guerra civil. Por ejemplo, la supresión del crucifijo en las escuelas provocó en el sector femenino un desafío: la ostentación de grandes crucifijos en el pecho. Era la réplica a una provocación que a su vez registró su contrarréplica en la exhibición de pequeñas imágenes del diablo, colgadas al cuello de los ultraizquierdistas. (Se trata de un recuerdo vivido por mí). La profunda fisura creada entre el Estado republicano y la Iglesia no se limitó al articulado de la Constitución y a la supresión de cualquier tipo de privilegio reconocido hasta entonces a la Iglesia; fue —y esto supuso una falta de tato de lamentables consecuencias— el ataque a lo más íntimo de los hábitos y convicciones sociales —supresión de las festividades del jueves y viernes santo, legalización del divorcio—. Pero que sobe todo estimuló, directa o indirectamente, tendencias a una agresividad fanática en las masas populares de la izquierda, que ya preludiaba los crímenes cometidos durante la revolución que fue réplica, en la retaguardia «republicana», a la sangrienta represión desencadenada en la retaguardia «nacional» tras el alzamiento militar de julio de 1936. Cierto que hubo —al hilo de la elaboración del texto constitucional— decisiones especialmente llamativas por su carácter simbólico: tal, la expulsión de los jesuítas —aunque en realidad, en la intención de Azaña frente a los socialistas, que reclamaban la supresión de todas las órdenes religiosas, se trató de un medio de aplicar a un solo «chivo expiatorio» el golpe que en principio pretendía arrasar, de hecho, las Casas religiosas sin excepción. La reacción de la Iglesia —manifiesta a dos niveles: la Declaración colectiva de los Obispos ante la desmesura del atentado constitucional y la Encíclica de Pío XI Dilectissima nobis, no mereció atención alguna por parte del Gobierno, La primera, que se hizo esperar hasta el 1 de diciembre de 1931, al paso que hacía notar una vez más la respetuosa actitud con que el nuevo régimen había sido acogido por el clero español, denunciaba un hecho innegable: «los principios y preceptos constitucionales en materia religiosa no sólo no responden al mínimum de respeto a la libertad religiosa y de reconocimiento de los derechos esenciales de la Iglesia, que hacían esperar el propio interés y dignidad del Estado, sino que, inspirados por un criterio sectario, representan una verdadera oposición agresiva aún a aquellas mínimas exigencias». En 1933, cuando la ofensiva desde la izquierda se había hecho mucho más amplia, pocos meses después el Papa Pío XI publicaba la Encíclica mencionada, dirigida a los obispos, clero y pueblo de España; en la que, al paso que denunciaba lo impolítico de las medidas antieclesiásticas —especialmente la ley relativa a las congregaciones religiosas, ofensa a la religión y a la Iglesia, pero también «a los decantados principios de libertad civil»—, repetía la afirmación de que en la Iglesia no existían sentimientos de aversión al nuevo régimen, por lo que no tenía sentido definir la legislación antirreligiosa como defensa de la República; ni situar a la Iglesia al margen de las libertades y derechos reconocidos a los ciudadanos españoles por el Régimen. Y concluía recomendando la unión de los católicos, «disciplinados» «para la defensa de la fe y para alejar los peligros que amenazan a la misma sociedad civil». Las elecciones de 1933 y el triunfo de la coalición de centroderecha plantearían un problema: modificar la legislación sectaria, contra la que evidentemente había reaccionado el voto en las urnas, exigía una reforma constitucional, dado que aquella estaba, en buena parte, y de forma anómala, «incrustada» en el mismo Código político. El intento, por parte de la CEDA, de llegar a un modus vivendi con la Santa Sede —como el que ya había pretendido la Iglesia española durante el bienio anterior, puesto que el Concordato estaba roto y obsoleto—, tropezó ahora con un doble obstáculo: la oposición, tanto de la izquierda como de la derecha. Si una parte de esta última deseaba un acuerdo con la Iglesia como medio para suprimir la legislación sectaria, otra parte deseaba suprimir, con la legislación sectaria, la República. Traduzcamos: en los sectores más identificables con el integrismo latía ya la proclividad de la «cruzada». Un texto impresionante del cardenal Vidal i Barraquer, recogido por García Escudero en su biografía del Cardenal Herrera, refleja nítidamente esta situación. Al negarse a firmar la famosa carta colectiva de 193 7 —que, ya producido el alzamiento militar, lo identificó, efectivamente, con una cruzada religiosa (¡!)— recordó un pronóstico de Herrera: «que el día de mañana habrá de constituir laboriosa tarea para los apologistas católicos justificar la actitud bélica de la Iglesia española». En cierto modo, el libro de Martí Gilabert asume esa «laboriosa tarea». No se le puede negar el mérito de haber recogido objetivamente los episodios que fueron cerrando criterios de transacción y convivencia, cuya responsabilidad, en este sentido, hay que atribuir a los hombres más representativos de la Segunda República —en un camino que sistemáticamente ahondaba una fisura insalvable en la sociedad española—. Ahora bien, el libro de Martí Gilabert —denso, documento como un alegato jurídico— suscita en mí una amarga reflexión. En los comienzos de la Restauración —régimen basado, según el proyecto y el logro de Cánovas, en la conciliación transaccionista y civilizada entre tradición y progreso—, una Iglesia demasiado adscrita a posiciones integristas, atenida a la letra de la famosa encíclica Quanta cura y al Syllabus que la acompañó, mostró una resistencia dura e intransigente al diálogo integrador y constructivo con el catolicismo liberal encarnado por Alfonso XII; actitud que el mismo pontífice León XIII, llegado al solio pontificio, hubo de contradecir y frenar —véase el Epistolario de la Restauración que hace algunos años (1985) publicamos el marqués de Santo Floro y yo—. Cuando, en el seno de esa misma Iglesia se definieron posturas más abiertas al espíritu del siglo —y mucho más acordes con el auténtico mensaje evangélico: las de Vidal i Barraquer, Ángel Herrera y otros—, la conciliación necesaria volvió a ser imposible, porque en lugar de Cánovas, de Maura, de Canalejas, al frente del nuevo Estado republicano se alzaba la voluntad de ruptura de Azaña —en cierto modo consecuencia de los empecinamientos erróneos mantenidos por la Iglesia otrora contra el liberalismo de la Restauración—. Tras la guerra civil y la espantosa carnicería entre hermanos —en mala hora apellidada «cruzada»— tardaría mucho en abrirse camino, por fin, una paz convivencial entre la nueva y auténtica democracia nacida y afianzada en el último cuarto de siglo, y la Iglesia que había pasado por las experiencias del Concilio Vaticano II y los pontificados de Juan XXIII y de Pablo VI. ¡Cuánto tiempo perdido...! CARLOS SECO SERRANO